Con el objetivo de hacer frente al crecimiento de las personas sobreendeudadas en la provincia de Buenos Aires, fue presentado un proyecto de ley que propone crear un mecanismo de asistencia y negociación desde la Defensoría del Pueblo bonaerense.
La iniciativa, impulsada por el diputado Facundo Tignanelli, plantea la creación de un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores, que contempla la intervención del organismo que conduce Guido Lorenzino tanto para atender los casos como para establecer una instancia de negociación previa a la vía judicial.
El proyecto propone que la Defensoría pueda intervenir para facilitar la reestructuración de las deudas y prevenir situaciones abusivas por parte de entidades financieras, plataformas digitales y agencias de cobranza.
“Apuntamos a ganar escala en la negociación colectiva para las y los bonaerenses que están desesperados, y poner la negociación en criterios de proporcionalidad y racionalidad frente a la mala fe de muchos acreedores”, expresó Lorenzino.
En ese sentido, el titular de la Defensoría sostuvo que la intención es buscar un equilibrio entre las partes mediante negociaciones sencillas y prácticas.
“Buscamos ser justos para las dos partes, mediante negociaciones que se realicen de la forma más fácil y práctica, y pidiendo dejar de lado la hostilidad y el maltrato que sufren las personas que se encuentran en esta situación”, agregó.
Una negociación integral de las deudas
Por su parte, Tignanelli explicó que el objetivo es que el Estado pueda equilibrar la relación entre los consumidores y las empresas acreedoras.
“Buscamos que el Estado pueda igualar el poder que tienen las empresas, por eso pensamos en este mecanismo de negociación colectiva de las deudas”, afirmó.
El legislador sostuvo además que el modelo económico actual generó un nivel de endeudamiento que obliga a desarrollar nuevas herramientas de asistencia para las personas afectadas.
Uno de los principales cambios propuestos consiste en dejar de analizar cada deuda de manera aislada. La Defensoría evaluaría la situación económica integral de cada persona para evitar que un acuerdo con un acreedor termine haciendo imposible el cumplimiento de las restantes obligaciones.
Participación obligatoria de los acreedores
La propuesta establece además que los acreedores tendrán la obligación de participar y colaborar en el proceso de negociación.
El proyecto considera como incumplimientos la incomparecencia, la falta de respuesta, la negativa injustificada a brindar información, la presentación de datos falsos y las maniobras dilatorias.
De esta manera, se busca generar un ámbito de negociación que permita alcanzar acuerdos de pago acordes con la situación económica real de cada consumidor.
Entre los objetivos centrales del régimen se encuentran facilitar la regularización de las deudas, preservar condiciones razonables de subsistencia para la persona deudora y su grupo familiar y evitar el crecimiento desproporcionado de intereses, gastos, comisiones y otros cargos.
También se apunta a promover soluciones compatibles con la capacidad económica real de cada caso, favorecer la conservación del crédito y posibilitar el cumplimiento de las obligaciones.
Prevención de abusos y menor judicialización
La iniciativa también busca prevenir prácticas abusivas en el otorgamiento, administración y cobranza de créditos, reducir la cantidad de conflictos que llegan a los tribunales y garantizar condiciones de cobranza dignas, transparentes y no abusivas.
El asesoramiento brindado por la Defensoría del Pueblo bonaerense sería gratuito y permitiría coordinar negociaciones entre los consumidores y sus respectivos acreedores.
En caso de que el proyecto sea convertido en ley, esta instancia de negociación se constituiría como obligatoria antes de que el conflicto pueda avanzar por la vía judicial, generando una instancia previa destinada a buscar acuerdos y evitar que el sobreendeudamiento termine profundizando la situación económica de las familias.
