El proyecto Sea Lion busca avanzar con la explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean a las Islas Malvinas, en un área cuya soberanía es reclamada por la Argentina. La iniciativa quedó en manos de dos petroleras de escala intermedia que asumieron un riesgo político y comercial que las grandes compañías internacionales procuran evitar.
El yacimiento se encuentra aproximadamente 220 kilómetros al norte del archipiélago y es operado por Navitas Petroleum, una compañía israelí que posee una participación del 65%. El 35% restante pertenece a la británica Rockhopper Exploration, enfocada en tareas de exploración y producción.
Ambas empresas aprobaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para desarrollar la primera etapa. El desembolso previsto ronda los u$s1.800 millones, con un esquema de financiamiento que contempla cerca de u$s1.000 millones de deuda.
La producción inicial fue proyectada para el primer trimestre de 2028 y alcanzaría unos 55.000 barriles diarios. El plan contempla pozos submarinos conectados a una unidad flotante destinada a la producción, el almacenamiento y la descarga del crudo.
Navitas estima que Sea Lion cuenta con reservas por 216 millones de barriles y recursos totales cercanos a los 603 millones. Estas cifras convierten al desarrollo en una iniciativa relevante desde el punto de vista económico, pese a que las empresas involucradas tienen una dimensión menor que las principales petroleras globales.
Quiénes están detrás del proyecto Sea Lion
Navitas, que cotiza en la Bolsa de Tel Aviv, ingresó al proyecto en 2022 después de adquirir el 65% de las licencias que pertenecían a Harbour Energy. Con esa operación también asumió el control operativo del área.
Rockhopper, por su parte, cotiza en el mercado AIM de Londres y mantiene activos vinculados principalmente con las islas, además de algunos intereses en Italia. La compañía participa del proyecto desde las primeras etapas de exploración.
Harbour Energy decidió desprenderse de Sea Lion y posteriormente reforzó su presencia en la Argentina. En 2024 compró los activos de la alemana Wintershall Dea y pasó a integrar proyectos de explotación offshore frente a las costas de Tierra del Fuego junto con TotalEnergies y Pan American Energy (PAE).
Las restricciones impuestas por la Argentina
La ausencia de grandes petroleras en Sea Lion responde, principalmente, al conflicto de soberanía y a las posibles consecuencias legales de operar en la zona sin autorización argentina.
La Ley 26.659 establece sanciones para las empresas que participen directa o indirectamente en actividades hidrocarburíferas no autorizadas dentro de la plataforma continental argentina. Las penalidades también pueden alcanzar a las compañías proveedoras de servicios e incluyen inhabilitaciones de entre cinco y 20 años.
En 2022, la Secretaría de Energía declaró ilegales las actividades de Navitas vinculadas con Malvinas y dispuso su inhabilitación por 20 años para operar en el país.
Esta situación representa un condicionamiento para compañías como Shell, TotalEnergies, Equinor, SLB o Halliburton, que cuentan con inversiones o contratos relevantes en la Argentina. Una participación en Sea Lion podría comprometer esos negocios y dejarlas expuestas a sanciones.
El contraste se observa en la actividad desarrollada frente a Tierra del Fuego, donde TotalEnergies, Harbour Energy y PAE operan distintos yacimientos offshore. La producción costa afuera aporta actualmente cerca de 27 millones de metros cúbicos diarios, alrededor del 20% del gas extraído en el país.
Sea Lion combina así un importante potencial petrolero con el riesgo derivado de avanzar en un territorio bajo disputa. Para Navitas y Rockhopper, la magnitud de los recursos justificaría esa exposición, mientras que las grandes empresas priorizan preservar sus operaciones dentro de la Argentina. (Ambito)
