El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para crear un Régimen de Alquiler Social, destinado a facilitar el acceso a viviendas en alquiler para sectores de menores ingresos.
La propuesta fue presentada durante una reunión del Consejo Directivo de la entidad con el diputado provincial Rubén Eslaiman, del bloque Fuerza Patria, a quien se le entregó la iniciativa para su estudio y eventual tratamiento legislativo.
El proyecto fue elaborado por la entidad que preside Luis Colao, quien explicó que el objetivo es aliviar los gastos iniciales que debe afrontar un determinado segmento de inquilinos al momento de acceder a una vivienda.
¿Qué alquileres quedarían comprendidos?
La iniciativa establece como referencia inicial que serán considerados dentro del régimen aquellos contratos cuyo monto locativo mensual inicial no supere el sueldo básico correspondiente a la Categoría 20 por 48 horas de trabajo de un empleado de la Administración Pública Provincial, bajo la Ley 10.430.
Actualmente, ese parámetro se ubica alrededor de los $388.000 mensuales, aunque el proyecto contempla la posibilidad de establecer modificaciones de acuerdo con las distintas regiones, en línea con el criterio de segmentación que propone la iniciativa.
Colao sostuvo que esta segmentación permitiría establecer mecanismos de asistencia diferenciados según grupos, subgrupos o regiones.
“Hay un concepto que se debe incorporar, como es la segmentación, entendiendo que esta estrategia de dividir en grupos, subgrupos o regiones para asistirlos en forma selectiva implica poner una mirada mucho más justa, sobre todo en una sociedad y una provincia tan vasta y compleja socialmente como la nuestra”.
Menos gastos para los inquilinos
Uno de los principales puntos del proyecto establece que los inquilinos alcanzados por el régimen no deberán afrontar determinados costos vinculados con el ingreso a la vivienda.
Entre las medidas propuestas se encuentran:
- Los honorarios de martilleros y corredores públicos por la intermediación quedarían a cargo de los propietarios, al igual que los honorarios de otros profesionales que intervengan en la confección de los contratos.
- Los informes solicitados ante el Registro de la Propiedad Inmueble serían gratuitos para los locatarios.
- Se propone revisar el tope de valuación fiscal para acceder a la exención del Impuesto de Sellos.
- Las certificaciones necesarias para acreditar los contratos ante las empresas prestadoras de servicios serían gratuitas para los inquilinos.
- Las empresas de servicios no cobrarían cargos por conexión, reconexión, depósito, cambio de titularidad u otros conceptos en los alquileres alcanzados por el régimen.
Incentivos para los propietarios
La propuesta también busca incorporar a los propietarios al esquema mediante un régimen especial de incentivo y simplificación fiscal.
El proyecto plantea exenciones impositivas para los propietarios cuyas viviendas cumplan con las condiciones establecidas y sean destinadas al alquiler social. Además, propone invitar a los municipios bonaerenses a adherir mediante exenciones de tasas y derechos.
De esta manera, la iniciativa combina beneficios para los inquilinos con incentivos destinados a promover que más propietarios incorporen viviendas al mercado de alquiler bajo esta modalidad.
“El rol habitacional es indelegable del Estado”
Colao remarcó que la propuesta no pretende trasladar a propietarios o profesionales la responsabilidad sobre la problemática habitacional.
“Obviamente, no son los locadores ni los profesionales quienes deben suplir los déficits en materia habitacional, ya que ese es un rol indelegable del Estado, pero el esfuerzo conjunto del Estado, los propietarios y los profesionales podrá facilitar el ingreso al mercado locativo de los sectores sociales de menores ingresos”, señaló.
El proyecto quedó presentado ante el diputado Rubén Eslaiman para su análisis y eventual tratamiento en la Legislatura bonaerense.
