La situación judicial de Diego Spagnuolo sumó un nuevo capítulo luego de que el abogado Gregorio Dalbón pidiera su detención inmediata por los nuevos elementos incorporados a la investigación sobre las contrataciones realizadas durante su gestión al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El planteo fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo, actualmente a cargo del expediente, y se conoció pocos días después de que la Sala II de la Cámara Federal porteña confirmara el procesamiento de Spagnuolo y otras 18 personas en la causa.
Dalbón fundamentó su solicitud en los informes sobre las compras del organismo que describen presuntos sobreprecios, pagos duplicados, inconsistencias en las adjudicaciones y casos en los que los productos entregados no habrían coincidido con aquellos que habían sido contratados.
Para el denunciante, estos elementos profundizan la hipótesis que ya se investiga en el expediente y justifican revisar las medidas de coerción que pesan sobre el exfuncionario.
Los números detrás del nuevo pedido
Entre las operaciones señaladas aparece la adquisición por $425 millones de un sistema de válvulas bicaval transcatéter que, de acuerdo con la documentación citada en la presentación, había sido adjudicado meses antes por el PAMI por $124,2 millones.
También se mencionan diferencias de precios de hasta 711% en otros insumos, mientras que un implante coclear habría sido adquirido a un promedio de US$62.613 por unidad frente a una referencia de mercado cercana a los US$16.975.
Otro de los puntos bajo análisis corresponde a una factura de Indecomm por $28,7 millones que, según la documentación relevada, habría sido abonada dos veces. A eso se agregan informes que detectaron diferencias de hasta 4.239% en determinados productos ortopédicos.
Dalbón sostuvo en su presentación que estos elementos no representarían una irregularidad aislada y pidió analizarlos junto con el resto de la prueba reunida en la causa, incluidos los audios atribuidos a Spagnuolo que dieron origen a la investigación.
La Cámara Federal confirmó esta semana el procesamiento del exfuncionario como presunto jefe de una asociación ilícita y por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, administración fraudulenta agravada y cohecho pasivo. La resolución también alcanzó a otros 18 imputados.
El argumento para pedir la detención
Uno de los principales fundamentos planteados por Dalbón es el eventual riesgo de entorpecimiento de la investigación. Según argumentó, Spagnuolo estuvo al frente de ANDIS durante el período investigado y, por esa función, habría tenido conocimiento directo de los circuitos administrativos, funcionarios y proveedores involucrados.
El abogado también hizo referencia al peligro de fuga y recordó que el exfuncionario tiene vigente una prohibición de salida del país.
La investigación todavía mantiene medidas de prueba pendientes. Entre ellas se encuentra el análisis forense de los audios atribuidos a Spagnuolo, cuya validez fue cuestionada por su defensa. La Cámara Federal rechazó recientemente planteos de nulidad vinculados con el origen de esas grabaciones y señaló que está en marcha una pericia para determinar si la voz corresponde al exfuncionario.
Con ese escenario, Dalbón reclamó que se avance con una medida más restrictiva para garantizar la continuidad de la investigación.
El pedido quedó ahora en manos de Lijo, quien deberá determinar si existen riesgos procesales suficientes para ordenar la detención de Spagnuolo.
(NewsDigitales)
