El senador bonaerense y titular del bloque PRO, Pablo Petrecca, presentó en las últimas horas un proyecto para consolidar el Servicio de Transporte Escolar Rural Gratuito, con la intención de garantizar que los estudiantes de zonas rurales puedan acceder y asistir con regularidad a las escuelas públicas.
En rigor, el proyecto recién ingresado en la Legislatura bonaerense propone establecer un marco jurídico permanente para el transporte escolar rural, un servicio clave para los alumnos que deben recorrer largas distancias y que muchas veces queda condicionado por la falta de recursos, anegamientos y el deterioro que presenta el trazado en distintos puntos del interior provincial.
“Un servicio de transporte rural gratuito, regular y eficiente no sólo asegura la trayectoria educativa de miles de estudiantes que, de otro modo, no podrían asistir a clase, sino que además es imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades, asegurando que los alumnos rurales tengan las mismas posibilidades de acceso que los estudiantes urbanos, quienes cuentan con el beneficio del Boleto Especial Educativo”, sostuvo el senador en los fundamentos de su planteo legislativo.
La propuesta parlamentaria alcanza a las escuelas públicas bonaerenses de los niveles inicial, primario y secundario, en sus distintas modalidades, y prevé que puedan acceder al beneficio los alumnos matriculados que cumplan con los requisitos que establezca la autoridad de aplicación. En este caso, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) será el organismo responsable de la planificación, la cobertura, el financiamiento y la supervisión del sistema.
Uno de los puntos centrales del articulado establece que el transporte deberá prestarse preferentemente bajo una modalidad “puerta a puerta“, al mismo tiempo que prohíbe la recogida de estudiantes sobre rutas o en sitios considerados “peligrosos”. Cuando esa alternativa no resulte posible, las paradas deberán ubicarse a una distancia máxima de 400 metros de los establecimientos y los alumnos tendrán que ser entregados y recibidos por un adulto.
“Al reducir la exposición a peligros en el trayecto y la fatiga extrema, se eliminan barreras físicas que suelen afectar la concentración, impactando positivamente en el rendimiento escolar“, explicó el autor de la iniciativa.
En tanto, la presentación también fija una serie de obligaciones para el Estado provincial, entre ellas realizar un relevamiento de las escuelas rurales, determinar las necesidades de transporte según la matrícula y detectar los casos de deserción vinculados con fallas en el servicio.
Asimismo, las autoridades bonaerenses deberán controlar la regularidad de los recorridos, supervisar la calidad de las prestaciones y transferir la asistencia financiera correspondiente a los consejos escolares o municipios.
De hecho, el texto incorpora un esquema específico de financiamiento mediante una asistencia anual destinada a los Estados locales que presten el servicio, cuyo monto podrá modificarse durante el ciclo lectivo por cambios en los recorridos, la incorporación de alumnos o variaciones en los costos del transporte.
“Tal mecanismo encuentra su razón de ser en la inmediatez que poseen los municipios con la población escolar involucrada, y en la necesidad de dar una respuesta eficaz a una demanda social cuyo cumplimiento es un auténtico deber para el Estado“, agregó Petrecca.
La propuesta establece que esta asistencia financiera deberá calcularse a partir de la estructura de costos por kilómetro utilizada por la Secretaría de Transporte de la Nación y prevé una actualización “automática y periódica”. El mecanismo contempla los gastos en combustibles, neumáticos, mantenimiento, salarios, seguros, impuestos y amortizaciones, entre otros componentes del servicio.
“Dado que los costos operativos – como el combustible, el mantenimiento de los vehículos y los seguros – fluctúan constantemente, un ajuste regular de las partidas permite que los prestadores mantengan la viabilidad de sus rutas, garantizando que ningún niño, niña o adolescente de zonas alejadas quede excluido del sistema por falta de movilidad“, puntualizó el referente de la Cuarta sección.
En materia operativa, el proyecto de Petrecca también habilita a la Provincia a celebrar convenios de asistencia y colaboración con los distritos para organizar la prestación del transporte escolar rural. En ese sentido, el articulado aclara que la finalización, modificación o vencimiento de esos acuerdos no podrá afectar la continuidad del servicio ni el derecho de los estudiantes que ya se encuentren alcanzados por el beneficio.
“Al prever mecanismos de actualización técnica y financiera, se brinda estabilidad a los Consejos Escolares, a los municipios y a las familias, transformando el transporte escolar rural en una herramienta de inclusión real que se adapta a las realidades económicas vigentes y protege el derecho inalienable de aprender, independientemente del lugar de residencia“, concluyó el parlamentario.
Los antecedentes legislativos por las fallas en el transporte escolar rural
Como antecedente de su nuevo impulso parlamentario, el propio Petrecca, ya había presentado en marzo pasado un pedido de informes para que el gobierno de Axel Kicillof, a través del área de Educación, brinde precisiones por el transporte escolar rural.
Según explicó el legislador de la oposición, la iniciativa surgió a partir de las reiteradas dificultades, incluso la suspensión del servicio, que se registra en distintos distritos del interior bonaerense. “Miles de chicos no pueden asistir a clases porque no tienen cómo llegar a la escuela“, alertó en aquella oportunidad.
Para el exintendente de Junín, el problema no es menor ni administrativo, ya que afecta directamente el derecho a la educación y profundiza las desigualdades entre quienes viven en las ciudades y quienes viven en el interior rural de la provincia de Buenos Aires.
“Cuando el transporte escolar rural no funciona, el resultado es simple y dramático: los chicos se quedan sin clases y detrás de cada chico que no puede ir a la escuela hay una familia que ve cómo el Estado no cumple con una obligación básica”, afirmó Petrecca.
Según explicó el alfil legislativo que integra las filas de Mauricio Macri, en muchas zonas rurales las distancias hacen imposible que los alumnos lleguen a las escuelas caminando o por medios propios, por lo que el transporte escolar no representa un mero complemento, sino la única forma real de acceder a la educación.
Ante esta situación, el jefe de la escudería amarilla en la Cámara alta solicitó conocer la cantidad de alumnos alcanzados por el servicio, los recorridos operativos, las suspensiones registradas en los últimos años, el impacto en la asistencia y permanencia escolar, la ejecución presupuestaria, la situación de los prestadores y las medidas adoptadas para evitar demoras o interrupciones al inicio de cada ciclo lectivo.
Además, en el texto, el senador también solicita conocer detalles sobre las partidas presupuestarias destinadas al programa de transporte escolar rural, su ejecución y la situación de deuda con prestadores, con el objetivo de identificar las causas que generan demoras o interrupciones que se repiten cada año.
“En la Provincia de Buenos Aires no puede haber chicos que pierdan días o semanas de clases simplemente porque el transporte escolar no funciona. Eso no es un problema logístico: es una desigualdad que el Estado tiene la obligación de corregir”, fustigó Petrecca, tras señalar que el proyecto busca terminar con la falta de información sobre un servicio esencial.
En la misma sintonía, en junio de 2025, los diputados de La Libertad Avanza (LLA) ya habían motorizado su propio proyecto de ley para conocer en detalle el estado y funcionamiento del transporte escolar rural, a fin de auditar un servicio, que la bancada violeta considera “otro ejemplo del fracaso estructural del Estado provincial”.
En aquella oportunidad, el frente libertario denunció que, en territorio bonaerense había alrededor de 9.000 estudiantes que se encuentran afectados por la suspensión del transporte escolar, siendo el 70% por demoras administrativas, falta de previsión presupuestaria y/o licitaciones mal diseñadas.
En ese marco, el bloque opositor pidió conocer los criterios oficiales utilizados para determinar en qué casos se cierran escuelas por falta de estudiantes, y qué en otros casos se los incorpora al servicio de transporte rural escolar, teniendo en cuenta las distancias sobre las cuales se efectúan los traslados.
“Este pedido no solo busca respuestas técnicas, busca exponer un modelo agotado que necesita ser revisado de fondo, si el Estado no puede garantizar el acceso a la educación rural, que al menos deje de ser un obstáculo”, cerraron los representantes bonaerenses de LLA.
Petrecca impulsa una ley para garantizar el transporte escolar rural gratuito
(Diputados Bonaerenses)
