La ingeniera agrónoma Virginia Aparicio presentó en el Concejo Deliberante de Balcarce resultados de una investigación internacional que analizó la presencia de plaguicidas en personas, animales y distintos componentes del ambiente. Advirtió sobre la exposición simultánea a múltiples sustancias, las limitaciones de los controles vigentes y la necesidad de reducir el uso de estos productos. El INTA salió a despegarse mientras avanza en su intento de exonerar a la científica.
La charla abierta permitió conocer datos del proyecto SPRINT (Sustainable Plant Protection Transition), una iniciativa financiada por la Unión Europea que estudió la exposición a productos fitosanitarios en distintos países, incluida la Argentina.
Aparicio se presentó a título personal como investigadora científica y defensora del ambiente, sin representar institucionalmente al INTA ni al CONICET. Explicó que decidió compartir los resultados ante las controversias que se generaron alrededor del estudio y con el objetivo de acercar la información científica a la comunidad.
“Con la finalidad de honrar la ética y la moral que tenemos para desarrollar ciencia, es que estoy con ustedes para que me pregunten después lo que necesiten saber, pero que la información que hemos generado sea clara y concreta para cada uno de ustedes”, expresó al comenzar su exposición.
Detectaron múltiples plaguicidas en muestras ambientales
La investigación argentina se desarrolló en diez partidos del sudeste bonaerense: Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredón, Tandil, Benito Juárez, Necochea, Lobería, San Cayetano, Tres Arroyos y Coronel Dorrego.
El trabajo incluyó muestras de suelo, agua superficial, sedimentos, peces, insectos, lombrices y murciélagos. También se analizaron muestras biológicas de personas, como sangre, orina y materia fecal, y se utilizaron pulseras de silicona durante siete días para registrar la exposición a distintas sustancias presentes en el entorno.
Uno de los datos más destacados fue la cantidad de compuestos detectados en el polvo de viviendas rurales. Según expuso Aparicio, las muestras presentaron una mediana de 75 sustancias diferentes, con registros que oscilaron entre 25 y 121.
En las muestras de agua superficial de arroyos y lagunas, el valor típico fue de 20 residuos por muestra. La investigadora señaló que ninguna de las muestras de ese conjunto estuvo libre de residuos y que también se identificaron sustancias cuyo uso no está permitido.
Aparicio puso el foco en la presencia simultánea de distintos compuestos. Según explicó, buena parte de las evaluaciones se concentra en los efectos de cada sustancia por separado, mientras que en el ambiente las personas y los organismos pueden estar expuestos a varias al mismo tiempo.
Los ensayos de laboratorio también mostraron que, en lombrices, la combinación de productos utilizada en el experimento argentino produjo efectos mayores que los observados con cada sustancia individualmente. En plantas se registró una reducción del crecimiento de las raíces, mientras que en los colémbolos estudiados no se observaron efectos en las condiciones del ensayo.
La investigadora aclaró que las respuestas varían según los organismos y las mezclas analizadas.
Agua: diferencias con los parámetros europeos
Otro de los puntos centrales de la exposición fue la presencia de plaguicidas en el agua destinada al consumo humano. Aparicio presentó datos de un relevamiento de 154 muestras de agua de la región pampeana, recolectadas entre 2019 y 2022.
En ese conjunto se detectaron recurrentemente sustancias como atrazina, metolacloro, imazetapir, 2,4-D e imidacloprid. Al comparar los resultados con el umbral de referencia de la Comisión Europea, nueve de cada 100 muestras de agua de red y 18 de cada 100 muestras de pozos rurales superaban ese valor.
La investigadora aclaró que esa comparación no implica necesariamente que los análisis realizados por los proveedores de agua sean incorrectos. El problema, explicó, es que las normas argentinas vigentes no contemplan adecuadamente parte de los plaguicidas que se utilizan actualmente.
En relación con los cursos de agua superficiales, sostuvo que las concentraciones registradas en las muestras argentinas fueron superiores a las de los sitios europeos estudiados. Por eso, propuso sostener el monitoreo de arroyos y lagunas, construir bases de datos actualizadas e investigar el origen de los residuos detectados.
Cuestionó el uso de plaguicidas y pidió mejorar las prácticas
Aparicio también señaló diferencias entre las muestras de polvo de viviendas de productores que utilizaban plaguicidas de manera convencional y las de quienes trabajaban con prácticas agroecológicas. Según los resultados expuestos, las primeras presentaron una mayor cantidad y concentración de estas sustancias.
Además, mencionó una experiencia realizada en España en la que voluntarios consumieron alimentos exclusivamente orgánicos durante seis días. De acuerdo con los datos presentados, determinados indicadores vinculados con insecticidas en la orina descendieron entre un 57% y un 87%.
Para la investigadora, estos resultados muestran que existen posibilidades concretas de reducir la exposición. En ese sentido, cuestionó la idea de que disminuir el uso de plaguicidas necesariamente impida producir.
También advirtió sobre diferencias entre las dosis aplicadas y las indicaciones de las etiquetas, que en algunos casos llegaron a ser de hasta 20 veces.
“Lo que se aplica acá, no sabemos dónde termina”, afirmó al plantear la necesidad de reducir la carga de plaguicidas y evitar que las sustancias lleguen a otros ambientes.
Reclamos vecinales y discusión sobre los controles
La presentación generó un intercambio con vecinos que plantearon inquietudes sobre la falta de controles, la calidad del agua, el impacto sobre las abejas y la actividad apícola, las aplicaciones en banquinas y la presencia de residuos en alimentos.
También reclamaron actualizar las normas e incorporar sustancias que actualmente no forman parte de los controles habituales.
Durante el encuentro, el concejal Gabriel Petruccelli sostuvo que el Concejo Deliberante no tiene facultades ejecutivas para realizar por sí mismo todos los controles, aunque puede impulsar proyectos, solicitar información y promover medidas ante las autoridades competentes.
En otra intervención, una exconcejal repasó iniciativas presentadas en años anteriores sobre el control de cultivos, la calidad del agua y las denuncias por aplicaciones indebidas. Según relató, varias propuestas no avanzaron más allá de las comisiones legislativas.
El debate dejó planteada la necesidad de que la información científica se traduzca en medidas concretas de seguimiento, controles ambientales y acceso público a los resultados.
“Más ciencia, más investigación y más prevención”
Al cerrar su exposición, Aparicio resumió algunos de los principales resultados del proyecto SPRINT: la exposición a mezclas de plaguicidas, la mayor presencia de glifosato en las muestras argentinas respecto de las europeas y los efectos observados en determinados organismos durante los ensayos experimentales.
Sin embargo, aclaró que el estudio no determinó enfermedades en las personas participantes ni permitió identificar el origen exacto de cada residuo encontrado.
Entre las líneas de acción propuestas mencionó mejorar el monitoreo de los cursos de agua, construir bases de datos actualizadas, revisar las normas para incorporar sustancias de uso actual y acompañar a productores y comunidades con información y educación.
“Esto solamente se corrige con más ciencia, con más investigación y con más prevención”, afirmó.
La investigadora consideró que “generar temor o silenciar las discusiones no contribuye a resolver el problema”. Por el contrario, sostuvo que es necesario comprender los datos, ampliar los estudios y avanzar con medidas a medida que se obtiene nueva evidencia.
El INTA se había desvinculado del proyecto SPRINT
La presentación de Aparicio se produjo en medio de una controversia institucional por el desarrollo de la investigación. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) había resuelto finalizar su participación institucional en el proyecto SPRINT mediante la Resolución 1081/2023, una decisión adoptada por su Consejo Directivo el 7 de diciembre de 2023.
En una comunicación dirigida al Concejo Deliberante de Balcarce, el director del Centro Regional Buenos Aires Sur del organismo, Horacio Berger, remitió una copia de esa resolución y aclaró que las declaraciones de sus agentes realizadas a título personal no representan necesariamente la posición oficial del INTA ni implican una validación institucional de sus contenidos.
Los cuestionamientos del organismo se concentraron en distintos procedimientos de la investigación, especialmente en el tratamiento de muestras humanas, el envío de material biológico al exterior y el cumplimiento de los requisitos bajo los cuales se había autorizado la participación institucional.
Según los fundamentos de la resolución, el INTA consideró que determinadas actividades vinculadas con las muestras humanas y la evaluación de posibles efectos sobre la salud excedían sus competencias técnicas específicas y requerían la intervención de especialistas y autoridades sanitarias.
Aparicio y su defensa cuestionaron esas imputaciones. La investigadora sostuvo que la información que no entregó correspondía a datos personales de los voluntarios que debían permanecer confidenciales, que el envío de las muestras al exterior respondía al protocolo internacional y que ella no había realizado los análisis toxicológicos que se le atribuían.
La resolución también distinguió las actividades vinculadas con muestras humanas de los análisis realizados en animales, suelos y aguas, sobre los cuales el organismo no formuló las mismas observaciones.
(Todo Provincial)
