El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a Virginia Aparicio, la investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce que coordinó en Argentina el proyecto internacional SPRINT, un estudio internacional que detectó glifosato en la orina del 84% de las personas analizadas.
La sanción es la más grave prevista en el régimen disciplinario del empleo público y supone su expulsión del organismo y la imposibilidad de ejercer en la función pública.
En el mismo expediente, otros dos funcionarios recibieron suspensiones temporales, mientras que varios agentes quedaron exentos de responsabilidad por el alcance de sus funciones o por no haberse acreditado una participación disciplinariamente relevante.
La resolución contra la destacada ingeniera agrónoma e investigadora lleva la firma del presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, y pone fin al sumario administrativo que se abrió contra la científica por presuntas irregularidades en la ejecución de la investigación.
La decisión llega después de que el INTA retirara a la Argentina del proyecto en 2023, durante la administración de Javier Milei, y suspendiera la presentación pública de los resultados.
La investigación internacional buscaba medir la presencia de residuos de plaguicidas en personas, animales y el ambiente, en un contexto de creciente preocupación por la exposición a productos utilizados en la actividad agropecuaria.
La investigadora tiene 20 días para solicitar la reconsideración de la medida. Si ese planteo no prospera, su estrategia es recurrir a la Justicia y pedir un amparo, según indicaron fuentes gremiales a NewsDigitales.
La sanción máxima y el contraste con otros funcionarios
La resolución del Consejo Directivo del INTA, identificada como RESOL-2026-366-APN-CD#INTA y fechada el 26 de octubre, dispuso la exoneración de Aparicio por presuntas irregularidades que el organismo atribuye a su actuación como investigadora principal y coordinadora local del proyecto.
El expediente también concluyó con sanciones para otros dos integrantes del organismo. Facundo Quiroz, director de la Estación Experimental de Balcarce, recibió una suspensión de 15 días, mientras que Eduardo De Gerónimo fue sancionado con 25 días de suspensión.
En el caso de Quiroz, el INTA cuestionó que hubiera firmado un protocolo sin verificar adecuadamente su encuadre normativo y que demorara en elevar formalmente información sobre el envío de muestras al exterior y la participación de terceros. El organismo consideró como atenuante que no se hubiera acreditado una intención de ocultamiento.
A De Gerónimo, en tanto, le atribuyó inconsistencias en la documentación presentada para obtener permisos, la falta de comunicación de cambios en el circuito de análisis de las muestras y omisiones vinculadas con el acceso de terceros a información identificable de los participantes.
Otros agentes fueron eximidos de responsabilidad por distintas razones, entre ellas el carácter subordinado de sus tareas o la falta de una relación causal entre su intervención y las irregularidades investigadas.
Qué cuestionó el INTA sobre el estudio liderado por Aparicio
El organismo fundamentó la sanción en una serie de presuntas faltas administrativas vinculadas con la organización y ejecución de SPRINT. Entre ellas, señaló que la investigación habría excedido las autorizaciones institucionales, que se enviaron muestras biológicas a laboratorios extranjeros sin la aprobación correspondiente y que se modificó el comité de ética que intervenía en el proyecto.
También cuestionó el manejo de los consentimientos informados, la comunicación de resultados individuales y la participación de personas que habrían tenido acceso a datos identificables de los voluntarios sin contar con la autorización necesaria.
Uno de los puntos observados fue la presunta falta de declaración de un conflicto de intereses. Según la resolución, la pareja de Aparicio, un exinvestigador del INTA, habría «participado en la conducción del proyecto» y tuvo «acceso a información confidencial» de los participantes.
El Consejo Directivo también objetó el cambio del comité de ética que evaluaba el estudio: inicialmente intervenía el Instituto Multidisciplinario de Biología Celular (IMBICE), pero luego esa función quedó en manos de un comité vinculado con la Universidad Nacional de Mar del Plata.
En el plano económico, el expediente cuestionó gastos asociados al traslado de muestras biológicas al exterior, No obstante, la propia resolución señala que esos importes no acreditan por sí mismos un perjuicio fiscal equivalente.
La resolución rechazó los planteos de nulidad y discriminación formulados por Aparicio. Además, dispuso remitir las actuaciones a la Oficina Anticorrupción para que evalúe la posible existencia de conductas con relevancia penal y analizar si corresponde iniciar un procedimiento por responsabilidad patrimonial.
El estudio que detectó glifosato en la mayoría de las muestras de orina
La resolución firmada por Nicolás Bronzovich nada dice sobre los graves resultados que arrojó la investigación en Argentina y que despertaron acciones institucionales y políticas en Balcarce.
SPRINT fue un proyecto internacional que estudió la exposición a mezclas de plaguicidas en personas y en el ambiente. En nuestro país, la investigación incluyó voluntarios y tomó muestras biológicas para analizar la presencia de distintas sustancias utilizadas en la producción agropecuaria.
Entre los resultados difundidos se informó que el glifosato apareció en la orina de alrededor del 84% de las personas estudiadas. También se identificaron distintas sustancias en muestras de sangre y orina, y en algunas muestras fecales se detectaron hasta 18 tipos de plaguicidas.
Esos datos despertaron interés por la exposición cotidiana a productos químicos y por la necesidad de contar con información sobre su presencia en el organismo
La salida de Argentina de SPRINT en 2023 interrumpió la participación institucional del país en la investigación. La decisión se produjo durante la actual administración nacional, encabezada por Javier Milei, y estuvo seguida por la suspensión de la presentación pública de los resultados.
El sumario contra Aparicio avanzó sobre la forma en que se había desarrollado el trabajo, el cumplimiento de los protocolos institucionales y el manejo de las muestras y de la información de los participantes. Ahora, el Consejo Directivo del INTA resolvió la exoneración de quien había sido la principal responsable local del proyecto.
APINTA ya había advertido sobre un efecto disciplinador en el INTA
Paulo García, titular de la Asociación del Personal del INTA (APINTA) al momento del sumario inicial, sostuvo que el expediente constituía una persecución contra la investigadora por los resultados obtenidos en el proyecto SPRINT.
“Cuando empezaron a venir los resultados, como no eran favorables porque existía remanencia y quedaban restos de diferentes químicos en sangre, primero se le prohibió a la investigadora dar los resultados y después se salió de ese proyecto”, explicó el gremialista.
Según el dirigente, el trabajo había comenzado durante la gestión anterior, a partir de un convenio con instituciones europeas, y también había involucrado a trabajadores de la Estación Experimental de Balcarce que participaron como voluntarios para la toma de muestras.
“Lo que hicieron es empezar a perseguir a esta compañera que lo único que había hecho es llevar adelante este proyecto”, afirmó el titular de APINTA, quien cuestionó el proceso disciplinario que terminó con la exoneración de Aparicio.
Para el sindicato, la decisión excede la situación laboral de la investigadora. La exoneración implica su salida del INTA y puede impedirle continuar su carrera en otros organismos de la administración pública. Por eso, el gremio advierte que el caso puede sentar un precedente para otros trabajadores que participen de investigaciones científicas y difundan sus resultados.
“Esto es una manera de aleccionar a aquel que participa de algún proyecto y muestra qué es lo que está pasando”, concluyó García.
(News Digitales)
