La Corte Suprema de Justicia convocará a cuatro audiencias públicas, en el primer semestre del año, para tratar algunas causas particulares como el uso de cannabis medicinal, los corredores inmobiliarios, el derecho al olvido en internet y el conflicto entre la conservación del yaguareté.
Los temas para las audiencias fueron definidos por los jueces al cabo del primer acuerdo de 2022, que se celebró tras la marcha convocada por un sector del kirchnerismo en la que se reclamó la renuncia de los magistrados de la Corte Suprema y la “democratización” de la Justicia.
En el caso del cannabis medicinal, el máximo tribunal deberá atender el cuestionamiento a la exigencia de inscribirse en un programa estatal de investigación, como condición para acceder al aceite medicinal, además de la objeción a la prohibición del autocultivo para tratamiento en menores.
Cabe señalar, que en el año 2007 la Corte Suprema implementó las audiencias públicas con el fin de “elevar la calidad institucional en el ámbito del Poder Judicial y profundizar el estado constitucional de derecho”.
En estas audiencias públicas participan los abogados de las partes en disputa, que exponen su caso ante los jueces de la Corte Suprema, en un encuentro que se realiza a la vista de todos y, luego, los jueces fallan en función de los elementos presentados.
Vale destacar, que en las audiencias públicas se pueden presentar amigos del tribunal, es decir actores ajenos al conflicto pero con un interés en hacer un aporte científico. Los jueces de la Corte pueden interrogar a las partes y al cabo de la audiencia dictarán una sentencia escrita.
En el derecho al olvido, deberán analizar el bloqueo de información en internet que afecta la privacidad de las personas por hechos ocurridos en el pasado, mientras que también se discutirá un pedido para preservar el hábitat de Yaguareté que implicaría la suspensión de una “explotación productiva”.
Finalmente, antes de mitad de año, la Corte Suprema escuchará los argumentos en torno a los “corredores inmobiliarios”, sobre los conflictos recurrentes entre los colegios de corredores y las empresas de “servicios complementarios” a la actividad inmobiliaria.
La de corredor inmobiliario es una profesión regulada tanto por la Nación como por las provincias y, a su vez, los conflictos afectan a toda la categoría de profesionales. Se suma a ello que ya recibieron soluciones de diferente tenor en distintas jurisdicciones.
Se encuentra en debate si se trata de una cuestión de jurisdicción nacional o provincial, quedando, a su vez, alcanzado, el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita. La Corte Suprema intentará definir sobre esos puntos. (Diputados Bonaerenses)
