Un oásis al pie de las sierras. Son 5 hectáreas con una forestación única y una sensación de paz inigualable, con eje en el Pillahuincó Parque Hotel, un complejo hotelero levantado en una centenaria casona que puede considerarse patrimonio arquitectónico.
Toda esa belleza millonaria está hoy en medio de una llamativa puja judicial, que no solo condiciona los intereses particulares sino también del desarrollo de Villa La Arcadia, una pequeña localidad lindante a Sierra de la Ventana pero que pertenece al municipio de Coronel Suárez.
Los hermanos puntaltenses Aldo Abel y Luis Alberto García, quienes tienen más de 70 años y aseguran ser los dueños de las tierras, luchan contra el explotador comercial del complejo habitacional, Raúl Pablo Pérez Santellán, quien también dice ser el titular.
El enfrentamiento llegó a los tribunales y promete varias batallas.
A fines de octubre, Pérez Santellán formuló una denuncia por usurpación, ya que supuestamente los García ingresaron «sin permiso», mediante el uso de cortafierros y mazas y con la colocación de cadenas para clausurar la entrada y tomar posesión de la propiedad.
Del otro lado desmintieron los cargos y dijeron que el lugar estaba abandonado -con pastizales de más de un metro de alto y sin medidores de luz ni gas- y que habían accedido con llave propia, a partir del incumplimiento de los contratos del locador.
Afirmaron que la relación comercial con Pérez Santellán, de más de dos décadas, había sido en buenos términos hasta que en las últimas renovaciones del contrato solo sumaba deudas, pese a que mantenía vigente el alquiler de las 26 habitaciones y los 4 departamentos del complejo, que además cuenta con una amplia confitería, comedor para 150 personas, 3 salones de reuniones, dos piscinas, bar de pileta, parrillas, juegos infantiles, canchas de fútbol y vóley y amplio estacionamiento.
Como cautelar, la jueza de Garantías Marisa Promé había ordenado la restitución al tenedor comercial, medida que se concretó antes de fin de año, pero los García apelaron y ahora la Cámara Penal les da la razón, al menos hasta que se defina el fondo de la cuestión.
Los camaristas Pablo Soumoulou y Gustavo Barbieri advirtieron que la jueza Promé dio por cierto que Pérez Santellán ejercía la posesión del complejo y por ese motivo se lo restituyó, pero que nunca presentó la documentación respaldatoria de esa condición y menos como propietario, tal como se identificó al hacer la denuncia por la usurpación.
Sí elevó la inscripción en la AFIP como explotador hotelero, el contrato social para constituir la organización turística Pillahuincó S.A. en 1996 y copias de la página on line de reservas y una constancia de alquiler para 100 personas, entre el 12 y 19 de noviembre pasados, destinado a una empresa de viajes. También giró copias de las facturas de gas y luz que llegaban a su correo electrónico.
Sin residencia
Si bien hubo testigos que confirmaron la administración de Pérez Santellán, no se verificó o exigió el contrato respectivo o título o documento alguno que objetive su legítima posesión, remarcó la Cámara.
«Si bien no se me escapa que la declaración de los testigos podría otorgar algún elemento en favor de la tesis de Pérez Santellán, lo cierto es que la magistrada de grado resolvió sin tener acreditada debidamente la tenencia del inmueble por parte del nombrado, ni el ingreso por medios comisivos de los denunciados», sostuvo Soumoulou, con la adhesión de su colega.
Por el contrario, los García presentaron la escritura del inmueble y un contrato suscripto con la otra parte, por la explotación del hotel, pero vencido a fines de agosto de 2014, sin renovación.
La causa volvió a Garantías y la jueza tendrá que definir si ordena la restitución de manera inmediata o no, ya que la Cámara también fijó una caución real de 5 millones de pesos a los García, como forma de garantía.
«Es de interés general»
El abogado Gustavo Giorgiani, quien representa a los hermanos García, aseguró que esta disputa judicial «trasciende lo particular».
«Es de interés general, porque Villa La Arcadia tiene necesidad de tierras, el municipio de Coronel Suárez aprobó los planos del loteo y ahora está a disposición de Geodesia (ARBA) en la provincia», explicó.
Por ese loteo, de 51 terrenos, se abrieron las calles 9 de Julio y Ombúes, se amplió el servicio de agua; se instaló la red de energía eléctrica de baja tensión, con iluminación pública y se podaron árboles para ejecutar el tendido de cables.
«Este loteo seguramente va a atraer más turistas y más inversiones y además podría dar trabajo a corralones y constructoras de la zona. Villa La Arcadia sumaría más de 3 manzanas libres, algo que hoy no podría hacer Sierra de la Ventana, y en ese macizo tendrá un espacio público destinado al cuidado de la parquización de toda la villa», consideró el abogado.
Aclaró Giorgiani, a la espera de que la jueza Promé defina si restituye inmediatamente o no la propiedad, que sus asistidos -de 72 y 78 años- no tienen intenciones de demoler el hotel, porque consideran al edificio, levantado en 1915, patrimonio arquitectónico.
Sobre el alquiler a Pérez Santellán, comentó que se produjo «una situación difusa» porque el alojamiento «no se venía explotando comercialmente».
«La otra parte alega ser dueña pero era inquilina desde 1999. Tenía contratos permanentes pero el último, en 2017, no lo cumplió. Mis clientes entraron en octubre, con las llaves, y el lugar estaba casi abandonado (aseguran que Pérez Santellán ya estaba viviendo en Coronel Pringles). Tuvieron que hacer una inversión muy grande para recuperarlo», sostuvo.
También hay una causa civil
Contrato. Más allá de esta cuestión, que se dirime en lo penal, existe una causa abierta en el fuero civil, que iniciaron los García por supuesto incumplimiento contractual.
Pago. Presentaron documentación que los confirma como propietarios y adujeron falta de pago del alquiler por parte de Pérez Santellán. Son representados en ese caso por el estudio Campaña.
La otra parte. A Pérez Santellán lo asesora el abogado Ricardo Cionfrini. En el caso penal pidió ser tenido como particular damnificado y la restitución urgente del inmueble, donde, según argumentó, «resido y trabajo desde hace 26 años, teniendo todas mis pertenencias, muebles y documentación». (La Nueva)
