La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense, Susana González, amplió ante la justicia una denuncia contra el exInterventor del Astilleros Río Santiago, Daniel Capdevilla, durante el Gobierno de Cambiemos, en el marco de una causa por «malversación de fondos y lavado de activos» por 95 millones de dólares en perjuicio de la administración publica.
La diputada provincial acompañó la ampliación de la denuncia por presunto «lavado de activos» con un pedido de informes realizado en 2018 y un comprobante de transferencia bancaria por «una transacción millonaria realizada por el ex interventor del Astilleros Río Santiago, Daniel Capdevilla por un monto de unos mil millones sesenta y seis pesos, con sesenta y cinco centavos».
González indicó que, en el marco de la denuncia original, los ilícitos que se habrían cometido en perjuicio de la administración pública por 95 millones de dólares dejan en «evidencia una trama de encubrimientos y digitación del Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand junto a integrantes del Ministerio Público y la Procuración General» a funcionarios del gobierno de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires.
En la denuncia original a la que accedió Télam, que tramita el Juzgado Federal 1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla, se encuentran denunciados el extitular del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila; el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, los funcionarios de la Procuración Miguel de Lezica, Max Perkins y Francisco Pont Vergés y Ricardo René López, excoordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago y integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
En las ultimas horas, la diputada provincial del Frente de Todos aportó nueva documentación a la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata.
En diálogo con Télam, informó que fueron presentadas las pruebas sobre la denuncia por «lavado de activos» contra el interventor de Astillero durante el gobierno de Vidal, y acompañó su testimonio con el pedido de informes presentado en la Legislatura bonaerense.
Según informó, oportunamente fue solicitado al Departamento Ejecutivo, que a través del Ministerio de Justicia informe y acompañe la declaración jurada del funcionario tras darse a conocer el comprobante de transferencia bancaria del Banco Ciudad en el que figura el CUIT, el número de cuenta en la que se realizó la transferencia, y un monto total de $1.000.000.066,65, todo ello «en el marco de las políticas en materia de erradicación de prácticas corruptas en la gestión de gobierno».
De esta manera, la legisladora señaló que «oportunamente conocer la DDJJ del Sr. Capdevila resultaba el medio adecuado para saber si el funcionario había declarado la suma que se mostraba en el comprobante bancario en cuestión» por lo que correspondía que el Ministerio de Justicia enviara el informe solicitado por la Honorable Cámara en uso de sus facultades».
Sin embargo, señaló que el pedido de informes fue «cajoneado» sin ningún tipo de tratamiento y «perdió estado parlamentario lográndose así cerrar el círculo del encubrimiento» de la presunta maniobra fraudulenta.
En tanto, recordó que la gobernadora María Eugenia Vidal «lejos de atender políticas públicas para promover la reactivación del trabajo» y la gestión del exinterventor del Astillero con «la ausencia de provisión de insumos, despidos y compra de embarcaciones en el extranjero» -según denunciaron los trabajadores- inició «evidentes maniobras persecutorias».
Según González, «utilizaron una maniobra clara y manifiesta de intencionalidad persecutoria» y coordinada para que la misma «recayera» en la UFI 16 a cargo del Agente Fiscal Condomí Alcorta «UFI creada para él como premio por su aplicada obediencia y uno de los brazos ejecutores de la persecución del Procurador Julio Conte Grand».
«En conclusión, no se investigó el origen de la malversación por U$S 95 millones que forman parte de la denuncia original, con prueba en las distintas pericias solicitadas» por el mismo agente fiscal, dijo González, quien reiteró que la cuantía del monto habilita el pedido de investigación sobre éste hecho y que la prueba indicada estaría vinculada a las maniobras delictuales.
En estas circunstancias, «se redireccionó la denuncia y se decidió incriminar a los dirigentes de ATE sin pruebas de respaldo» concluyó la Legisladora provincial. (Télam)
