El interbloque del Frente de Todos del Senado de la Nación presentó un proyecto de ley para aumentar a 25 el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo a los actuales cuatro miembros, aunque su modo de organización y funcionamiento se resolverá mediante una ley especial que también debe ser aprobada por el Congreso y aún no fue presentada.
La iniciativa se basa en la propuesta realizada la semana pasada por 16 gobernadores oficialistas al presidente Alberto Fernández para propiciar una reforma en la integración de los miembros de la Corte «con el objeto de promover la unidad nacional en el cumplimiento de tres principios», el «federalismo, equidad de género y especialidad en la materia», según afirmaron en el documento que le presentaron al jefe de Estado en esa oportunidad.
Esos gobernadores son Axel Kicillof (Buenos Aires); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Mariano Arcioni (Chubut); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gildo Insfrán (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa); Ricardo Quintela (La Rioja); Oscar Ahuad (Misiones); Gustavo Sáenz (Salta); Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Sergio Uñac (San Juan); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
El proyecto fue presentado con las firmas de los jefes del interbloque del Frente de Todos, el formoseño José Mayans y la mendocina Anabel Fernández Sagasti; y fue girado a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta.
El proyecto
El principal cambio que el Congreso deberá discutir es el que modifica el número de integrantes de la Corte Suprema y lo amplía a 25.
La vigente Ley 26.183, de 2006, dispone que la Corte debe estar integrada por cinco jueces y sus decisiones deben tomarse por la mayoría absoluta de sus miembros (tres o más votos coincidentes). Hoy, esos lugares están ocupados por Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Carlos Maqueda.
El quinto puesto quedó vacante luego de la renuncia de la jueza Elena Highton de Nolasco, ocurrida en noviembre del año pasado.
Tras la dimisión de la jurista, quien formó parte de la Corte desde 2004, el Poder Ejecutivo no envió al Senado ninguna propuesta para su reemplazo.
El artículo 1 del proyecto presentado por Mayans y Fernández Sagasti modifica el artículo 21 del Decreto Ley 1285/58, texto según Ley 14.467, y propone que «la Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por veinticinco jueces y juezas» y ante ella actuará la Procuración General y la Defensoría Oficial.
No obstante, el modo de organización y funcionamiento de la Corte Suprema deberá estar determinado por «una ley especial» redactada con posterioridad, según establece el último párrafo del primer artículo del proyecto de reforma.
En el segundo artículo, el proyecto establece que «durante el proceso de nombramiento e integración, las decisiones de la Corte se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los miembros que la integren al momento de adoptarlas.
El artículo tercero mantiene en su lugar a los actuales cuatro jueces al señalar que «conservarán sus cargos conforme lo estipula el artículo 110 de la Constitución Nacional», o sea «mientras dure su buena conducta».
Además, se propone que la cobertura de las 21 vacantes «tendrá en consideración la actual composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación» y que el resto de los magistrados «se irán integrando conforme sean designados de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley».
El proyecto señala que la ley se implementará «una vez que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto, a cuyo efecto el jefe de Gabinete dispondrá de las adecuaciones presupuestarias pertinentes».
En sus fundamentos, Mayans y Fernández Sagasti señalan que el objetivo es evitar «los altísimos niveles de delegación de trabajo jurisdiccional en personas que no son jueces».
«La ampliación propuesta busca dotar de mayor número de magistrados al máximo Tribunal de la Nación que, organizados de forma más eficiente, revierta la práctica inveterada de la delegación de trabajo en secretarías y funcionarios judiciales, para fortalecer la inmediatez con los expedientes», destacaron.
Según el proyecto, «con el número que aquí se propicia, la República Argentina seguirá la tendencia de la gran mayoría de los países latinoamericanos y europeos, que se han mostrado exitosos en cuanto a los resultados obtenidos».
Además, los fundamentos mencionaron que «resulta importante que el número de jueces de la Corte Suprema guarde alguna relación con la población, por cuanto a mayor número de habitantes, genera una mayor litigiosidad». (Télam)
