Legisladores de la oposición reclamaron que, a un año ya de la sanción de la Ley 27.637 de Ampliación del Régimen de Zona Fría, el gobierno de la provincia de Buenos Aires todavía no implementó un sistema para que los descuentos que perciben los usuarios de gas domiciliario se hagan extensivos a quienes deben emplear gas envasado y GLP, entre otros.
En ese marco, mediante una nota dirigida directamente al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Infraestructura bonaerense, Leonardo Nardini, se solicitó la “urgente intervención a los efectos de garantizar el cumplimiento de los descuentos para usuarios residenciales de gas en garrafas, cilindros y otros, tal como lo establece la Ley 27.637”.
El reclamo fue realizado por el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, uno de los principales impulsores de la ley quien, explicó, el problema se debería a que las empresas de gas envasado no confían en que el Estado les transfiera las compensaciones por descuentos en tiempo y forma.
La Ley de Zona Fría establece que en determinados sectores del país, entre ellos el Sudoeste Bonaerense, se aplique un descuento de entre el 30% y el 50% en el valor del consumo del gas domiciliario, tanto de red como envasado. Si bien las quitas se están llevando a cabo desde noviembre en las boletas, esto no ocurre así en el gas envasado.
“El Gobierno de la provincia de Buenos Aires sigue sin aplicar los descuentos a los usuarios residenciales de garrafas, cilindros, gas licuado de petróleo y gas propano comercializado a granel”, señaló.
En ese sentido, consideró que “la falta de respuesta y la ausencia de información por parte de la subsecretaría de Energía de la Provincia resulta, a esta altura, una alevosa falta de respeto”, en referencia al titular del área, Gastón Ghioni.
Rodríguez también dirigió una nota con un pedido equivalente a la nueva Secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón.
A través de una nota, dirigida a ambos funcionarios, el legislador agregó que “se ha difundido públicamente la versión de que el incumplimiento de la ley se explicaría por la falta de entendimiento entre el Estado y las empresas del sector del gas licuado de petróleo (de la industria, del fraccionado y de la distribución), originado en supuestos problemas financieros derivados de la aplicación de los descuentos”.
En particular, se trataría de un temor por las posibles demoras en el pago a las empresas de gas envasado, por parte del Estado.
Existiría, según esas versiones, fuerte desconfianza por parte de las empresas, que temerían no recibir los fondos en tiempo y forma por parte del Estado, según se ha dejado trascender públicamente por parte de una asociación que nuclea a esas mismas empresas.
“La Provincia cuenta con los instrumentos y mecanismos necesarios para superar ese escollo financiero, garantizando que las empresas cobren en un plazo adecuado y los usuarios reciban los descuentos que les corresponden”, manifestó.
Qué dicen las empresas
Recientemente, desde la Asociación Iberoamericana de Gas Líquido de Petróleo, las empresas del sector de gas envasado dejan trascender que la no aplicación de los descuentos por zona fría en garrafas y tubos tiene que ver con “el recelo del sector se debe a la cuestión financiera, principalmente, en un marco donde el pago de las compensaciones transitorias están lentas”.
“La situación más complicada es la cuestión financiera. El dinero que deja de abonar el cliente, previa registración y otorgamiento de un código QR como único beneficiario, es pagado por el Estado”, se indicó.
“Entre que se presenta ese comprobante hasta que el Estado deposita en la cuenta bancaria (de las empresas) ese dinero, el tiempo oscila entre los 60 y 90 días. Una eternidad en momentos de alta inflación”, se remarcó. (La Nueva)
