Tres años atrás, Sergio “Pidu” Mauceri y su pareja Milena fueron allanados en su casa de la localidad de Pigüé por cultivar cannabis con fines medicinales y desde ese momento hasta ahora vivieron un verdadero calvario que implicó hasta tener que mudarse a CABA para volver a empezar.
Pidu es presidente de la Asociación Civil “Cannabis Terapéutico Pigüé” y el 27 de julio 2019 sufrió el allanamiento. Pasados tres años, exactamente el 7 de julio de 2022, él y Milena fueron sobreseídos por el Tribunal Oral Federal N° 1 de la ciudad de Bahía Blanca.
Sin embargo, no fue hasta el pasado viernes 26 de agosto que les hicieron la devolución de las cosas incautadas durante aquel allanamiento en donde quedó claro no eran pertenencias que podría tener un capo narco en su casa, sino un simple cultivador.
“Lo peor es el estado de incertidumbre en el que nos meten, nos ponen en un estado de muerte civil: estás inhibido de los bienes, no podes tener ingresos regulados… Recién ahora vamos a poder sanar lo que la ‘justicia’ nos hizo”, señaló Pidu.
Pero el drama no terminó ahí, sino que el joven debió dejar su vida en Pigüé y mudarse a la Capital Federal para poder trabajar de lo que sabe, en un club de cultivo. “Estoy tratando de construir lo propio porque en aquella jurisdicción no podemos hacer lo que sabemos hacer bien”, señaló.
“Mi vida se cambió drásticamente porque no encontraba rumbo, en esta muerte civil lo que sucede es que quedás excluido de la sociedad, de los recursos, el derecho a la vida termina perjudicado”, sostuvo.
Cabe recordar que la reglamentación de la Ley Nacional de Cannabis Medicinal, la 27.350, que desde su última reforma en 2020, permite a los cultivadores que lo hacen con fines terapéuticos mantener la actividad previo a un registro único.
Vale recordar que desde la reforma, la Ley nacional regula la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.
Además, hace unos dos años se puso en marcha el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) como parte del Programa procura mejorar el acceso a quienes tienen indicación médica de acceder a un producto cannabico para ello.
Esto puede ser realizado con formulación magistral o que se origine en un cultivo controlado de la planta de cannabis realizado por los pacientes para sí, por terceros, o por una red de pacientes asistidos por ONG.
Por eso, es válido que un paciente puede asignar a un tercero para que cultive, pero para ello es preciso hacer el registro en REPROCANN indicando que el cultivo lo realizará “otro” y luego vincularse a un cultivador solidario quien deberá inscribirse en ese rol, el que ocupaba Pidu.
A nivel provincial, en 2020 el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió al son de bombos y platillos un proyecto para modificar la ley 14.924 de cannabis medicinal y la formación de la Agencia Provincial de Cannabis, que se perdió en el tiempo y en los vaivenes de la política y quedó inmóvil en la Legislatura.
“No más presos por cultivar” fue –y sigue siendo- una de las máximas consignas en las manifestaciones por el uso legal de la marihuana, sea con fines terapéuticos o recreativos. Por ahora, resta esperar. (Infocielo)
