“No puedo hablar de largo plazo porque yo no veo largo plazo. Esta ya no es una problemática para nuestros hijos y nuestros nietos, hoy estamos viendo las consecuencias gravísimas de la deforestación. Hace tres años que tenemos sequías e incendios. ¿Qué va a pasar cuando empiece a llover, con todo el suelo desnudo como está?”.
La pregunta -retórica, porque ya sabe la respuesta- se la hizo Micaela Camino, científica del Conicet y fundadora del proyecto de conservación Quimilero, destinado a proteger el pecarí del Impenetrable chaqueño.
Desde hace más de 10 años trabaja en medio del bosque de Chaco, con comunidades aborígenes y fauna autóctona. A diario es testigo del desmonte y la deforestación, de la muerte de la naturaleza en un pulmón vital para la provincia, para la Argentina y para la región.
En los últimos 10 años (2012-2021), en el país se perdieron 2.460.469 de hectáreas de bosque y pastizales a causa de la deforestación. Es el equivalente a 123 veces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los datos surgen de un cálculo propio que hizo TN sobre el modelo e imágenes satelitales de Hansen y Global Forest Change.
El 85% de esta pérdida se concentró en cinco provincias: Santiago del Estero (619.183 hectáreas), Salta (448.082), Chaco (420.675), Formosa (371.047) y Misiones (248.790). Esta zona reúne más de la mitad del bosque del país.
La principal causa del desmonte es el avance agropecuario y ganadero empujado por la suba del precio de las commodities en el mundo, sobre todo, durante la década pasada. Los incendios, cada vez más desbocados producto del cambio climático, también contribuyen a la desaparición de la cobertura natural del suelo.
En 2007 se sancionó la Ley de Bosques para proteger estos ambientes y la situación mejoró. Sin embargo, la normativa nunca recibió el presupuesto pautado (el máximo fue 36%) y la deforestación, desmontes e incendios siguen ocurriendo en áreas protegidas.
Con la desaparición de estos ecosistemas no solo se destruye flora y fauna autóctona y se desplazan comunidades, sino que se erosiona el suelo, que pierde su utilidad comercial en pocos años. Los daños quedan para siempre.
El desmonte, una dinámica que se repite
“Las grandes empresas agropecuarias avanzan sobre el bosque con cadenas y topadoras. Desplazan a las comunidades que viven ahí. A veces tienen permiso del gobierno provincial, otras veces avanzan sin permiso”, relató la investigadora Camino, testigo del desmonte en Chaco desde hace 10 años.
Según datos del proyecto MapBiomas que monitorea el uso del suelo en el Gran Chaco (la región boscosa más importante, después del Amazonas) entre el 2000 y el 2021 se duplicó el área destinada a agricultura. A principio de siglo era el 9,8% de ese territorio. Hoy es el 18,5%.
“Cuando se quita esta masa de árboles, de biodiversidad, se liberan al ambiente partículas de carbono que retenía el bosque, lo que contribuye al calentamiento global. También el suelo se va erosionando, se va desertificando, el bosque de alrededor se empobrece y los animales ya no pueden vivir ahí. Si esto sigue así, las especies con las que trabajo van a desaparecer en 20 años”, advirtió la investigadora.
El cambio del uso del suelo es la principal causa de la desaparición de la biodiversidad en el mundo. Esta semana el Foro Mundial para la Naturaleza (WWF) publicó su informe bianual “Planeta Vivo” con un dato estremecedor: en América Latina en los últimos 50 años cayó 94% la población de especies salvajes monitoreadas. En la Argentina, por caso, tan solo queda el 1% de la población de yaguaretés originaria.
Pero el impacto de la deforestación, por desmonte o por los cada vez más recurrentes incendios, no solo afecta a los animales sino a la tierra que se empobrece y se vuelve estéril en pocos años. Y las comunidades que vivían de manera sostenible allí pierden su sustento económico y medicinal y son forzadas a migrar.
“El bosque funciona como una esponja natural que retiene y regula el agua. Su destrucción nos vuelve más vulnerables a los efectos del cambio climático: hay más sequías y a la vez, cuando llueve, todo se inunda. Después del desmonte el suelo queda desnudo y al poco tiempo se ven procesos de desertificación. Hay cada vez más campos abandonados porque los suelos no son aptos para poner pastura o cultivos”, explicó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques en Greenpeace.
La ley de Bosques, una iniciativa útil pero con mínimo presupuesto
El avance del agro sobre los bosques del Norte se debió al boom del precio de las materias primas, sobre todo, en la primera década del 2000 y a la necesidad de expandir el negocio más allá de las fértiles tierras pampeanas. La deforestación fue récord en 2008 con la pérdida de 593.000 hectáreas (casi el triple que en 2021).
A raíz de este fenómeno, se sancionó la Ley de Bosques Nativos (26.331) que contempla una partida de dinero destinada a la conservación que debe ser el 0,3% del Presupuesto Nacional cada año. Por el momento, esa meta nunca se cumplió: en los últimos 5 años apenas alcanzó el 6,4% del total que debería tener.
A través de esta normativa, también se ordenaron las tierras de todo el país y se estableció una suerte de semáforo para la deforestación: verde para zonas con bajo valor de conservación que pueden ser deforestadas; amarillo para zonas con valor medio de conservación que no deben desmontarse pero pueden aprovecharse para actividades sostenibles como turismo; rojo para zonas de alto valor de conservación que no pueden tocarse.
De acuerdo con el monitoreo de la superficie de bosque nativo que lleva adelante el Gobierno, durante 2021 el 55% de los desmontes se produjeron en zonas rojas y amarillas. Es decir, que fueron ilegales.
“Lo que pasa es que las zonas que son aptas para ese tipo de producción se están acabando, entonces las empresas que desmontan y cultivan se están aventurando en zonas más frágiles”, explicó Matías Mastrangelo, doctor en Biología de la Conservación e investigador del Conicet en Santiago del Estero.
El especialista señaló que esta dinámica ocurre gracias a la connivencia de los gobiernos provinciales que ven una oportunidad de mayores desembolsos económicos. “Los gobiernos provinciales hacen la vista gorda. Un desmonte ilegal hoy es una contravención. No hay un desincentivo para estas empresas dejen de desmontar. Lo absorben como un costo de producción”.
Hace un mes, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, envió un decreto provincial (2157/2022) a la legislatura para actualizar el ordenamiento territorial de bosques y poder transformar en “verde” una zona amarilla. Estos cambios estaban prohibidos por la Justicia por una disposición ambiental desde 2021. Ambientalistas e investigadores argumentaron en contra de este cambio.
El decreto de Capitanich surgió luego de una carta que enviaron miembros de empresas agrícolas ganaderas (Los Frentones, Pampa del Infierno) en donde pidieron “actualizar el ordenamiento territorial de un área de vital importancia por su potencial productivo para la actividad agrícola”.
Al respecto, en el gobierno provincial dijeron a TN: “Algunas personas, desde el sector productivo y desde la organización civil organizada, plantearon discusiones. Son tensiones que sucederán. Estamos a la espera de la decisión de la Cámara de Diputados, con las recomendaciones que surjan y poder aplicar esta herramienta de la mejor manera”.
¿Hay tiempo de cambiar las cosas?
La recuperación de la cobertura arbórea perdida y de la biodiversidad es una delicada tarea que llevará décadas. Hay que volver a construir un ecosistema absolutamente depredado. Pero los expertos coinciden en que el primer paso es dejar de deforestar. El segundo, comprender la importancia del capital natural y valorar el peso específico de disminuir las emisiones en un contexto de crisis climática global.
Hoy, la deforestación genera entre el 10 y el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país.
En este sentido, Martín Mónaco, Director Nacional de Bosques, dijo a TN que la posibilidad de llevar a cabo políticas de protección “dependen de la conciencia ciudadana y de los tenedores de bosques para comprender el valor de estos ecosistemas y sus servicios, el financiamiento y las decisiones políticas respecto de un desarrollo rural diferente que comprenda la integralidad de los desmontes y sus consecuencias en las inundaciones, la migración rural hacia las grandes ciudades, la perdida de capacidad productiva del país a través de la perdida de suelos y las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático”.
El año pasado, ministro de Agricultura, Julián Domínguez, anunció un Plan Nacional de Forestación a través del cual se plantarían 100 millones de árboles en 2022. Hasta el momento no se sembró ni uno.
Para Lucía Lázari, coordinadora de Paisajes Terrestres de Vida Silvestre la restauración no se trata solo de “plantar árboles” sino de tener un compromiso integral con el ambiente y conciencia de la crisis climática cada vez más profunda. “Necesitamos un esfuerzo de muchas partes (instituciones públicas de gobierno, privados, academia, organizaciones de la sociedad civil, comunidades del territorio) que deben reunirse para el diálogo y acción. Solo si todos los actores somos parte y nos involucramos, vamos a poder afrontar este desafío tan complejo”.
Sobre el tiempo de recuperación de los bosques en la Argentina, Giardini aseguró que se tardará “al menos 50 años”. “En algunos lugares puede suceder naturalmente, si están cerca de otro bosque. Pero en zonas totalmente desmontadas no. Y aún si se quisiera ayudar, hoy no tenemos la cantidad de viveros capaces de proveer plantines suficientes. ¿Se puede recuperar? Sí. Pero esto es como una guerra en donde cada vez se te mueren más soldados”, ejemplificó Giardini. (TN)
