El oficialismo decidió incorporar un artículo en el proyecto de Presupuesto 2023 para que los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial comiencen a tributar el Impuesto a las Ganancias, con lo cual se podrían sumar 237 mil millones de pesos el próximo año a las arcas públicas.
La solicitud fue realizada por uno de los secretarios de la Comisión de Presupuesto, Marcelo Casaretto (FDT), quien señaló que «hay que modificar, dentro del rubro de gastos tributarios, la exención de los ingresos de magistrados y funcionarios de los poderes judiciales nacionales y provinciales.
El proyecto de Ley de Presupuesto 2023 que giró el gobierno de Alberto Fernández al Congreso de la Nación contempla un gasto general de casi 29 billones de pesos, un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2%, una inflación estimada en el 60%, y una caída del déficit fiscal del 2,5 al 1,9 por ciento.
Entre los fundamentos de la iniciativa que lleva las firmas del presidente Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur y del ministro de Economía, Sergio Massa, se advierte que el «presupuesto que se presenta propende a la estabilidad macroeconómica, a la recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y al fortalecimiento del mercado interno».
«Avanzar en el ordenamiento fiscal permitirá reducir el financiamiento monetario del déficit y conducirá hacia una situación de solvencia fiscal», agrega.
Entre los puntos más salientes se encuentra la decisión política del gobierno de Fernández de avanzar sobre la exención del Impuesto a las Ganancias que beneficia únicamente al Poder Judicial.
En este punto el proyecto del Presupuesto 2023 indica que el que los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial no tributen Ganancias como todo el resto de los trabajadores que están por encima del mínimo no imponible implica un muy alto costo para el Estado nacional y llega al 0,16% del PBI, casi 238 mil millones de pesos.
En la separata que acompañó el proyecto de Presupuesto 2023 el Gobierno planteó a los legisladores que si se dispusiera la eliminación de una serie de beneficios fiscales en favor de ciertos sectores como el Poder Judicial, grandes empresas y regiones se «podría mejorar la performance del presupuesto en 2,4 puntos del PBI». Es decir que el déficit fiscal de 1,9 puntos del PBI previsto podría pasar, de avanzar en la eliminación de esa serie de beneficios fiscales, a convertirse en un superávit de 0,5 puntos.
«Si se elimina el déficit fiscal, desaparece la necesidad de financiamiento, que es el principal motor de la inflación», señaló semanas atrás a Página/12 una muy alta fuente del Palacio de Hacienda en referencia a esa separata. Lógicamente, la propuesta de poda de esos beneficios al Congreso se considera altamente saludable desde el punto de vista fiscal, pero se formula por separado «porque se requiere de una decisión política de mucho coraje de los diferentes bloques para votar las leyes que eliminen esos beneficios, como la exención del pago de Ganancias a jueces y otros funcionarios del Poder Judicial, exenciones impositivas a determinadas empresas, diferenciales de tasas de impuestos internos a determinadas provincias…», comentó otra fuente del entorno del ministro. (M1)
