El presidente Alberto Fernández llamó este martes a ser «inflexibles» frente al crimen organizado y exhortó a los países de América Latina a «trabajar juntos y muy unidos» para combatir ese flagelo que «se ha desarrollado de modo singular afectando a todo el mundo y nuestra región en particular» y «altera la paz social».
«El delito altera permanentemente la paz social, y nosotros políticamente tenemos que cuidar y respetar la convivencia democrática, garantizarnos que la paz social no sea alterada por el crimen organizado», afirmó el mandatario al hablar en la ceremonia de cierre de la Primera Cumbre del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), presidida por la Argentina a través del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.
En el encuentro, realizado en el Centro Cultural Kirchner, Alberto Fernández consideró que el problema de la seguridad deriva «en definitiva de la modernidad: tenemos que ver como lo abordamos con seriedad y además entendiendo que América Latina tiene una condición dentro del contexto internacional que es que somos un continente en paz».
Al hacer un análisis del delito manifestó que «el crimen ha dejado de ser una aventura de un delincuente, es cada vez más un hecho plural, y cada vez menos es un hecho singular, porque con el devenir del tiempo ha dejado de ser una aventura de un delincuente y cada vez más ha pasado a ser un sistema de organización que busca la impunidad».
Son «verdaderas organizaciones que se disfrazan muchas veces de organizaciones legales o que se valen de formas legales para desarrollarse y cometer todos sus delitos», analizó Fernández.
«El crimen ha dejado de ser una aventura de un delincuente, es cada vez más un hecho plural»
Frente a esta situación «se nos impone una exigencia distinta porque ya no estamos yendo sobre un delincuente aislado, sino sobre verdaderas organizaciones que tienen la capacidad de penetrar las instituciones del Estado, vulnerarlas, violarlas en su honestidad, corromperlas para poder hacer más fácil la consumación de los delitos que realizan», aseguró.
Fernández apuntó que, en respuesta a las demandas de la sociedad, es necesario combatir el crimen organizado «sabiendo que somos todos parte de Estados democráticos y en el Estado de derecho debemos actuar respetando el sistema legal impuesto».
«Muchos creen escuchar en este tipo de reflexiones una suerte de darle más derechos al delincuente que al ciudadano, pero no estamos hablando de eso sino de aplicar la ley en toda su dimensión», expresó el jefe de Estado y dijo que es «con la garantía de juicios transparentes, sanciones rápidas, y penas que se cumplan, porque de otro modo la paz no se recupera. La seguridad es un tema central y una responsabilidad del Estado».
Por ello sostuvo que «es importante que coordinemos el trabajo para poder hacer frente a todo eso, porque crimen organizado hay cuando el narcotráfico aparece y azota nuestras sociedades, cuando la trata de personas de personas asoma, cuando muchas veces hay sistemas de lavado de dinero para encubrir delitos económicos» y «entonces ahí además uno empieza a vincularse con el poder económico de nuestros países».
Destacó el Presidente, en ese sentido, que «el poder económico tiene mucha capacidad para cargar noticias, para tapar la difusión de los hechos para generar imágenes de inocencias donde en verdad, hay imágenes de culpables», y rechazó la idea de que «el delito es sinónimo de pobreza, como piensan algunos, ya que la marginalidad en una sociedad injusta deja un campo orégano para que el delito se desarrolle con más facilidad».
Por su parte, el ministro Fernández, en su calidad de Presidente Pro Témpore del CLASI, dijo que «tenemos una oportunidad para crecer, no como una policía súper nacional que no va a existir nunca, sino como un hecho criterioso y responsable de generar políticas nuevas, públicas, modernas, serias y respetables que nos involucran a todos».
El organismo, creado en marzo de este año en Bruselas (Bélgica), es integrado por ministros de la Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Chile, México, Paraguay y Uruguay (y está prevista la adhesión de Perú) «para definir prioridades basadas en el intercambio de información criminal, a través de planes de acción operativos que permitan alcanzar resultados más eficaces para la región, optimizando los recursos», señaló la cartera de Seguridad local. (Télam)
