En diciembre de este año, vence la moratoria vigente que permite a las mujeres acceder a una jubilación aun cuando no hayan cumplido con los 30 años de aporte requeridos. Esa ley no puede volver a ser prorrogada. Por eso, desde la Anses impulsan una nueva ley de moratoria -para permitir completar los años de aporte- que ya cuenta con media sanción en el Senado y que tiene pendiente su aprobación en la Cámara de Diputados.
Si esta ley no es aprobada, las personas que cumplan la edad jubilatoria a partir de enero del año que viene ya no podrán acceder al beneficio de completar los meses o años de aportes que tienen pendiente con la ley actual. Con todo, el nuevo proyecto cuenta con varios cambios y novedades con respecto a las anteriores moratorias.
Del total de los 7,2 millones de jubilados actuales, el 50% ingresó al sistema a través de leyes de moratoria, con lo que se logró una cobertura del 95%, según datos de Anses.
El proyecto de ley de Plan de Pago de deuda provisional que debe ser tratado por Diputados incluye una moratoria para los que ya alcanzaron la edad jubilatoria -65 años para los varones y 60 para las mujeres- y no tienen los 30 años de aportes realizados. Pero la novedad es que también incluye a las personas que aún están a 10 años de cumplir la edad jubilatoria -o menos- y no cuentan con todos los aportes: en este caso, podrán comenzar a regularizar sus deudas con anticipación.
Según datos de la Anses, las personas que alcanzan su edad jubilatoria con 30 años de aportes son la minoría: solo una de cada 10 mujeres y tres de cada 10 varones. Si se aprueba el proyecto, la nueva moratoria tendrá vigencia por dos años y será prorrogable.
El plan de pago de la deuda provisional para quienes ya tienen edad jubilatoria permite cancelar los aportes adeudados hasta 2008 en cuotas mensuales. Ese aporte se calcula por una unidad de pago de deuda provisional (UPDP). El monto por cada mes adeudado es igual al 29% de la remuneración mínima imponible que equivale a unos $ 4.900 a diciembre de este año.
La deuda total se podría cancelar en cuotas, con un mínimo de dos y un máximo de 120, de acuerdo a la cantidad de años que se quieran pagar. El valor de la cuota luego se va ajustando de acuerdo a la movilidad en forma trimestral. Desde la Anses calculan que este plan podría incluir a unas 447.000 mujeres y unos 295.000 varones.
“Genera la posibilidad de que personas que adeuden aportes puedan incluirse en el plan de pago para acceder a una jubilación. Y da respuesta a una situación urgente, ya que de no sancionarse la ley, a partir de 2023 comenzará a caer notablemente la cobertura jubilatoria. Las más afectadas serían las mujeres que deben esperar 5 años después de cumplir la edad de jubilarse para acceder a una pensión (PUAM)”, explicaron desde el organismo
En tanto, el plan de pago para las personas que no tienen la edad jubilatoria -trabajadores que aun están activos pero saben que no llegarán a cumplir con los 30 años- les permite cancelar aportes faltantes siempre en forma retroactiva y no posteriores a la fecha de corte que se fijó en marzo de 2012.
Cada período a cancelar equivale a un mes de servicio. El valor de cada período también será equivalente a la unidad de cancelación de aportes al momento de su aceptación (29% de la remuneración mínima imponible o el aporte más bajo que paga hoy un trabajador asalariado). “Permite dar previsibilidad a las personas para acceder a su jubilación y refuerza las estrategias recaudatorias del SIPA. Pretendemos que los argentinos empiecen a pensar en qué va a pasar cuando cumplan 60 o 65 años”, agregaron fuentes de Anses.
En promedio, según datos del organismo, los trabajadores argentinos cuenta con entre 14 y 17 años de aportes. Por ello, unos 900.000 trabajadores activos podrían entrar a pagar deuda pendiente con el Estado para llegar con aportes completos al momento de cumplir la edad para jubilarse. En la Anses confían que esta posibilidad les permite recaudar para pagar otras jubilaciones.
El organismo calcula que el impacto fiscal de la medida puede ser del 0,19 del PBI en un año, pero sin tener en cuenta a los trabajadores activos que comenzarían a regularizar deuda. En ese caso, el impacto sería más bajo. Por la ley actual, las mujeres en edad de jubilarse pueden “comprar” aportes faltantes hasta 2003 y los hombres hasta 1993. Por lo tanto, una prórroga de la ley vigente no sería demasiado útil porque las fechas límites ya quedan muy lejanas para los trabajadores que cumplan edad jubilatoria entre enero y diciembre de 2023, por ejemplo. (Infobae)
