Victoria Villarruel y Martín Menem, como presidentes de ambas cámaras del Congreso de la Nación, acordaron un aumento del 28% en los salarios de los empleados legislativos, que fue aprobado este jueves por la Comisión Negociadora del Valor de Módulo.

El convenio, firmado tanto por los representantes del poder legislativo como de los trabajadores, establece que el incremento salarial es del 16% a partir del 1° de enero de 2024 y del 12% más acumulativo desde el 1° de febrero. La variación acumulada respecto a los sueldos de diciembre es del 29.92%.

De acuerdo al escalafón salarial, el salario más bajo de los trabajadores del Congreso es ahora de $458.863 en bruto, cuando en diciembre era de $353.189. En tanto, en la punta de la pirámide salarial, el haber más alto es ahora de $1.616.868 antes de los descuentos. El acuerdo volverá a ser revisado en marzo.

“En virtud de la responsabilidad política, los signatarios del presente acuerdo en representación de la parte empleadora se comprometen a otorgarlo en función de la disponibilidad en las partidas presupuestarias, impulsando las diligencias necesarias ante las presidencias de ambas Cámaras”, manifiesta la resolución que dispone el incremento salarial.

El convenio fue rubricado, en representación del poder legislativo, por María Laura Izzo, Agustín Giustinian, Laura Oriolo, Diego Molina Gómez y Alejandro Santa. Del lado de los trabajadores, firmaron Norberto Di Próspero, Fabián Zaccardi y Felipe Sanz, de la Asociación del Personal Legislativo; Claudio Britos, de la Asociación de Trabajadores del Estado; y Martín Roig, de la Unión del Personal Civil de la Nación.

El último acuerdo paritario para los trabajadores del Congreso había sido rubricado en junio del año pasado. En ese momento se acordó una suba salarial del 35% a partir del 1 de julio, otra suba del 35% a partir del 1 de agosto y 20% a partir del 1 de noviembre. Además, la suma fija de $50 mil que estaban recibiendo los trabajadores pasará a ser parte del salario con carácter remunerativo.

Si bien históricamente la dieta de los senadores y diputados estaba atada a la paritaria de los trabajadores del Congreso, eso se interrumpió en 2021, tras la pandemia y en un contexto de descontento generalizado con la dirigencia de todos los partidos -con fuertes cuestionamientos a los gastos de “la política”-. En aquel momento, las autoridades habían decidido “desenganchar” las dietas de los legisladores de de los acuerdos salariales de los empleados.

En ese sentido, se firmó una resolución que estipulaba que cualquier aumento de los haberes de los legisladores debía ser “tratado y aprobado por el pleno de ambas Cámaras”. La estrategia buscaba contener el reclamo de incrementos ya que los legisladores evitarían votarlo en el recinto para evitar las críticas públicas.

Sin embargo, en noviembre de 2022, cuando se negoció el último tramo de la paritaria de ese año, se derogó el artículo 2 de la RC 03/2022 y los aumentos de dieta volvieron a estar “enganchados”.

Ahora, serán las autoridades del Congreso las que resuelvan si acoplan el incremento salarial de la paritaria con las dietas de los diputados y senadores, en un contexto en el que el Gobierno impulsa un duro recorte de gastos y tiene un discurso contra “la casta política”, profundizado por las diferencias que surgieron tras el freno a la Ley Ómnibus durante el tratamiento en particular de la norma.

De hecho, en el marco del fuerte recorte de gastos políticos, el Ejecutivo anunció ayer la decisión de desmantelar el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), aunque sus funciones serán absorvidas por el Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona.

(Infobae)