La Iglesia Católica advirtió sobre la situación económica y social del país. La Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJP), uno de los organismos de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), emitió un duro comunicado en donde aseguró que el impacto del ajuste que implementa el Gobierno afecta «la subsistencia de miles de personas de todas las edades y condiciones», y alertó por un «clima de altísima fractura social».
Este organismo eclesiástico resumió el conjunto de cifras económicas negativas para la población, que incluye el aumento del desempleo, la caída de los salarios registrados del sector público (25 %) y privado (19,3 %) de las jubilaciones. «La pérdida de puestos es un dato doloroso», afirmó el texto sobre el sector de la construcción, en el que ya se destruyeron «60.000 puestos de trabajo directos», o las suspensiones totales en las plantas automotrices.
En el comercio, las ventas minoristas pyme se desplomaron 28,5 % anual en enero y también hubo una retracción del «Índice de producción industrial pyme, que registró en enero una caída en promedio de 30 % interanual», señaló el texto.
También apuntaron contra una medida reciente del Gobierno en relación a cierre de los organismos de la Agricultura Familiar, que «se ve en la actualidad desfinanciada, en estado de alerta y abandono por parte de los organismos públicos».
«A esa delicada situación de la producción se suman la baja generalizada del consumo y el deterioro sistemático del poder adquisitivo. Sin dudas, la persistente inflación y los incrementos de precios y tarifas han creado una combinación devastadora para la vida cotidiana de los argentinos. El salario real promedio registrado perdió el 21,3 % de su capacidad de compra entre noviembre 2023 y enero de este año, continuando su caída hasta el presente», indicó el organismo de la CEA.
«Más aún nos preocupa que el shock de ajuste haya recaído sobre la cuenta de ‘jubilaciones y pensiones contributivas’ (a valores reales: -38,1 % interanual) que, por su magnitud, explica un tercio del recorte, registrándose una gravísima disminución de los ingresos de jubilaciones y de prestaciones de salud y de discapacidad», planteó el comunicado.
«Los permanentes recortes sobre ámbitos de gestión de políticas públicas están creando problemáticas que ponen riesgo los derechos más elementales en el acceso a la educación o la salud, pero se extienden incluso a necesidades primarias como la alimentación misma. La situación en los comedores populares es apremiante por el aumento de personas que concurren y la falta de provisión de alimentos», puntualizó.
En lo político, la CNJP reconoció que hay un «apoyo a la actual gestión por parte de sectores de bajos ingresos, o incluso afectados en forma directa por la inflación y recesión» junto a los «expresos apoyos de sectores de mayores recursos, encabezados por las cámaras de las grandes empresas».
Además, este sector de la Iglesia advirtió por el «clima de altísima fractura social, la polarización con reiteradas expresiones de ‘alegría’ en las redes sociales frente a dramáticas situaciones de despidos, con una agresividad social que encuentra en los dispositivos móviles y ordenadores un espacio de ampliación sin igual».
La Comisión está compuesta por creyentes y profesionales como Miryan Andújar, Verónica Chicón, Pablo Comeglio, Juan Luis Díaz, Norberto Liwski, Rita Meza, Pablo Narvaja, Nicolás Palma y Ayelén Tomasini. Desde 2021, se incorporaron Martha Arriola, el presbítero Hernán Martín, Laura Ranella, Mariana Roel, Juan José Sánchez, Alfonso Santiago, Mateo Schale, José Urtubey, Guillermo Valera y Alberto Vicenzi.
La última vez que la Iglesia Católica mantuvo un diálogo formal con el Gobierno fue hace unas semanas, cuando el presidente Javier Milei recibió a una comitiva de la Conferencia Episcopal encabezada por monseñor Oscar Ojea. Aquella delegación ya le había transmitido al Gobierno su «inquietud especial» en lo que tiene que ver con la «contención» de los «sectores vulnerables que sufren, principalmente, la falta de alimento y medicamentos».
El comunicado de la CNJP
La Comisión Nacional de Justicia y Paz recibe a diario preocupantes informes de diversos sectores del quehacer económico, político y social de nuestra patria, que dan cuenta de la multiplicación de situaciones que afectan la subsistencia de miles de personas de todas las edades y condiciones.
La pérdida de puestos de trabajo es un dato doloroso. Las cámaras empresariales de la construcción declararon el Estado de Emergencia en todo el país, advirtiendo sobre el futuro inmediato de 1.400 empresas y 200.000 empleos, debido a la paralización de la obra pública por el gobierno nacional y a la contracción de la actividad económica general. A la fecha, ya se han perdido en el sector unos 60.000 puestos de trabajo directos.
En el comercio, las ventas minoristas pyme cayeron 28,5% anual en enero, registrando la mayor retracción en Farmacias (-45,8 %), seguido por Alimentos y Bebidas (-37,1 %). A su vez, el Índice de producción industrial pyme registró en enero una caída en promedio de 30 % interanual. El sector automotor se paralizó, con suspensiones totales de plantas automotrices, como la VW de Pacheco y más de 20.000 despidos en pymes autopartistas. Por su parte, la Agricultura Familiar se ve en la actualidad desfinanciada, en estado de alerta y abandono por parte de los organismos públicos, que han retirado los medios de transporte para recorrer las zonas de producción, anuncian el despido del personal que asiste en la producción agrícola y ganadera a cientos de familias en todo el país y el cierre de sus dependencias.
A esa delicada situación de la producción se suman la baja generalizada del consumo y el deterioro sistemático del poder adquisitivo. Sin dudas, la persistente inflación y los incrementos de precios y tarifas han creado una combinación devastadora para la vida cotidiana de los argentinos. El salario real promedio registrado perdió el 21,3 % de su capacidad de compra entre noviembre 2023 y enero de este año, continuando su caída hasta el presente. Si bien ya había una situación inflacionaria, la devaluación del 100 % de diciembre implicó un aumento significativo en los precios, con una recesión también extraordinaria por su velocidad y profundidad.
Advertimos con preocupación y sensibilidad la persistente caída de los salarios del sector público (25 %) y privado (19,3 %) Pero más aún nos preocupa que el shock de ajuste haya recaído sobre la cuenta de «Jubilaciones y Pensiones contributivas» (a valores reales: -38,1 % interanual) que, por su magnitud, explica un tercio del recorte, registrándose una gravísima disminución de los ingresos de jubilaciones y de prestaciones de salud y de discapacidad.
Los permanentes recortes sobre ámbitos de gestión de políticas públicas están creando problemáticas que ponen riesgo los derechos más elementales en el acceso a la educación o la salud, pero se extienden incluso a necesidades primarias como la alimentación misma. La situación en los comedores populares es apremiante por el aumento de personas que concurren y la falta de provisión de alimentos.
En cuanto al clima social general, se refleja un apoyo a la actual gestión por parte de sectores de bajos ingresos, o incluso afectados en forma directa por la inflación y recesión además de los expresos apoyos de sectores de mayores recursos, encabezados por las cámaras de las grandes empresas, mientras se advierte un clima de altísima fractura social, la polarización con reiteradas expresiones de «alegría» en las redes sociales frente a dramáticas situaciones de despidos, con una agresividad social que encuentra en los dispositivos móviles y ordenadores un espacio de ampliación sin igual.
Aparece un enorme grado de insensibilidad social por parte de las autoridades en las medidas de ajuste, aunque más gravemente preocupa la cultura del odio y del individualismo extremo generado.
El cuadro de destrucción de puestos de trabajo y beneficios congelados y de difícil acceso, genera un clima de tensión con los movimientos populares y con los gremios por las olas de despidos tanto en el sector público como privado. Mientras los beneficios fiscales a favor de las grandes empresas siguen sin tocarse, se exhibe la disminución del déficit mediante el ajuste a trabajadores y los jubilados
Tal como advertimos en enero pasado , es preocupante la calidad institucional. El DNU 70/2023, llamado «Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina», con modificaciones en más de 70 áreas, reguladas por leyes dictadas por el Congreso de la Nación y la Constitución, se encuentra plenamente vigente, siendo el soporte para un sinnúmero de medidas que han impactado directamente en las familias, particularmente en las de menores ingresos. Creemos que la metodología adecuada para la implementación de modificaciones y reformas —en muchos casos atendibles— pasa por un trato específico en el ámbito correspondiente a través de leyes que se envíen al parlamento argentino.
El 1 de marzo, el PEN anunció la convocatoria a los gobernadores a un «Pacto de Mayo», con una agenda establecida y su tramitación queda subordinada a la sanción previa de ciertas normativas por parte del Congreso. Entendemos que todo camino de diálogo es constructivo pero implica siempre el consenso y la sana deliberación entre sus protagonistas, entre los cuales deben estar todos los actores políticos, gremiales, económicos y sociales.
Reiteramos que es urgente devolver a la política, su carácter de una de las “formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común”. La acción política debe promover el cuidado de la vida, la dignidad humana, el trabajo digno para todas las personas y la eliminación del hambre y la exclusión. No hay verdadera libertad sin fraternidad, justicia social y paz.
Expresamos nuestra preocupación al tiempo que reiteramos nuestra puesta al servicio incondicional para el desarrollo de los diálogos imprescindibles que permitan la construcción de los acuerdos necesarios para el desarrollo de una Argentina inclusiva, próspera y en paz.
(La Nueva)
