La Cámara de Diputados se apresta a volver a sesionar el próximo miércoles 7 de agosto y dentro del repertorio de proyectos se encuentra una iniciativa para la regularización de la tenencia de armas de fuego, que se combina con la prórroga de un programa nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción.
Por un lado, la modificación de la Ley 26.216 de Armas de Fuego, proyecto enviado el 15 de mayo pasado con las firmas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse y el presidente Javier Milei, incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración ágil y sencilla que puede realizarse de forma virtual.
Si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
Por otra parte, se plantea una prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta 31 diciembre 2027, para que quien tuviera posesión no autorizada de armas y desee deshacerse de ellas, lo pueda hacer voluntaria y anónimamente para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales.
En este sentido, se otorga un plazo de 360 días para presentarse ante la ANMaC para quienes posean armas no autorizadas.
La ANMac busca estimular la entrega voluntaria de armas mediante un incentivo económico, que consiste en un cupón de pago canjeable por efectivo.
El usuario que quiera acceder a este programa debe en primer lugar ingresar al sistema de forma virtual con un número de serie.
El sistema permite detectar las armas que tienen pedido de secuestro y se ponen a disposición de la Justicia.
Una vez que el usuario comparece ante el organismo, el arma entregada es inutilizada de forma inmediata delante suyo y posteriormente es destruida en un horno de alta temperatura.
Desde la ANMaC aclararon que esta legislación se centra en la tenencia legítima de armas de fuego, pero no en la portación, que únicamente es admitida en personal de fuerzas de seguridad, personal autorizado de seguridad privada, etcétera.
La ANMaC, un ente descentralizado del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lleva adelante políticas de desarme de la sociedad civil y tiene la misión de registrar, fiscalizar y controlar toda actividad vinculada con armas de fuego, explosivos y otros materiales controlados.
Se calcula que en total hay en el país 800.000 armas no registradas ni autorizadas.
