El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atraviesa una situación compleja desde la asunción del presidente Javier Milei. El desfinanciamiento y la caída de programas provocados por el recorte de presupuesto, se suman despidos y retiros voluntarios que han desguazado el organismo.
Con fecha 28 de agosto empezó a circular la apertura de un proceso de retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La convocatoria estará vigente para “personal de planta permanente que posea hasta 60 años de edad” en todas las estaciones del país.
Según un informe del portal Bichos de Campo, quienes se acojan al régimen de retiro voluntario “recibirán una compensación indemnizatoria de 1,25 haberes en bruto por cada año trabajado para el personal con hasta 18 años de antigüedad, y de 0,5 haberes bruto por cada año trabajado para los agentes con más de 18 años de antigüedad”. En ambos casos serán incluidos en esta indemnización el aguinaldo y el proporcional de vacaciones.
Para calcular el monto de esta compensación se tomarán “los conceptos remunerativos no extraordinarios percibidos mensualmente en forma normal, regular, habitual y permanente”, sin tener en cuenta “los rubros que no estén afectados por aportes previsionales ni pagos extraordinarios, gastos de movilidad, asignaciones familiares, sueldo anual complementario, y cualquier otro concepto cuyo pago no tenga periodicidad mensual”.
El secretario General de APINTA Anguil, Roberto Maldonado planteó que «la situación es complicada». «El presupuesto está con recortes y con la inflación se nos dificulta mucho para llegar a los productores y trabajar como lo veníamos haciendo», admitió.
El dirigente gremial dijo que por el momento no se han producido despidos en la provincia, pero que la planta de personal se podría reducir a partir del programa de retiros voluntarios. «Despidos no tenemos, pero los restiros voluntarios son despidos encubiertos. Estan apuntando a una franja etaria de 40 a 55 años que son los que se han formado, Nación invirtió para formarlos y hoy los incitan para que se vayan pagando 1,25 por año de sueldo», explicó.
El gremio APINTA se declaró en alerta y movilización. «La situación es complicada. No es facil revertir la situación con un gobierno que no escucha a la gente. Los compañeros acompañan, pero tienen miedo», dijo.
La convocatoria involucrará tanto a profesionales e investigadores como personal administrativo y auxiliares, pero no podrán solicitarlo empleados con sumario en trámite o en proceso penal activo, ni quienes ya iniciaron trámite jubilatorio, presentaron su renuncia, se encuentran en disponibilidad o tengan 61 años o más.
El INTA cuenta actualmente con más de 6.800 empleados y no son las primeras presiones que atraviesan. Tras los rumores de ajuste y despidos, ahora enfrentan la venta de tierras del organismo para viviendas sociales, como se denunció hace unos días en Salta, la caída del presupuesto y la presión a trabajadores organizados que recae sobre estatales en general.
Presupuesto 2025
A futuro las expectativas no son las mejores para el organismo. El presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 con un fuerte recorte en el área de Agricultura y Ganadería. El presupuesto del INTA, por ejemplo, solo aumentaría un 24,5%, mientras que el SENASA lo haría en un 25%. Estas cifras, claramente por debajo de la inflación proyectada para 2024, que ya supera el 120%, reflejan un ajuste real sobre estos organismos, que verán comprometida su capacidad para implementar políticas públicas esenciales.
No es el único organismo con recortes. EL CONICET recibirá un 41% menos de fondos en comparación a 2024; la Agencia I+D+I que financia los proyectos científicos verá sus fondos reducirse en un 67%; el INTI, un 46%; la CONAE, un 40% y el Banco Nacional de Datos Genéticos, un 50,4%.
El gobierno despidió cerca de 50 profesionales de Cambio Rural y tambalea un programa agrícola que era histórico
En línea con las revisiones trimestrales de contratos públicos que el gobierno comenzó a realizar desde marzo de este año, la cartera se prepara para desperdir a cerca de 50 profesionales afectados al histórico programa Cambio Rural, cuya continuidad ahora peligra.
Es importante recordar que el programa de Cambio Rural es una de las políticas más antiguas y estables de esa cartera pública, pues ya cumplió más de tres décadas ininterrumpidas en que -más allá de achiques o ampliaciones en al cantidad de grupos- se mantuvo a salvo de los caprichos de los secretarios de turno.
De hecho, el programa se puso en marcha en 1994, durante la gestión en la Secretaría de Felipe Solá y en circunstancias muy parecidas a las actuales: aunque no había retenciones, la convertibilidad implicaba un fuerte atraso del tipo de cambio, y muchos pequeños y medianos iban a desaparecer si el Estado no les brindaba herramientas para seguir en carrera. La sangría de chacareros no puedo evitarse, pero hubo muchos que dentro de grupos de Cambio Rural lograron reconvertirse o afianzarse en su actividad.
Dada la falta de competitividad del agro por aquel entonces, el programa apuntó a la formación de grupos en todo el país, de diez productores con una actividad común, que asesorados por distintos profesionales intentarían provocar una reconversión productiva y mejorar su eficiencia. El costo fiscal siempre fue mínimo, pues el Estado solo se hacía cargo del salario del asesor de cada grupo.
Los grupos se multiplicaron durante los gobiernos kirchneristas, llegando a ser más de 1.200 en todo el territorio, para luego bajar drásticamente a poco más de 400 durante la gestión de Mauricio Macri. Eran los que permanecían activos hasta ahora.
En el primer ajuste de personal en marzo pasado, además de un recorte generalizado del 15% en las nóminas de personal del Ministerio (que además perdió su autonomía para contratar a su personal y manejar su presupuesto a manos del Palacio de Hacienda), las principales víctimas del ajuste de Javier Milei fueron unos 900 despedidos del Instituto de Agricultura Familiar, que fue intervenido y prácticamente desmantelado. Atendía los sectores más vulnerables del agro, familias de campesinos y minifundistas.
Luego se discontinuó también otro programa histórico que Agricultura compartía con el ex Ministerio de Desarrollo Social: el Prohuerta.
(DDR / Bichos de Campo / Diario de La Pampa)
