A tan solo dos meses de la intervención de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera), la crisis se agrava y los afiliados denuncian que hay cortes de servicios médicos y falta de entrega de medicamentos. La situación afecta a más de 700.000 trabajadores afiliados a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y sus familias en todo el país.
El conflicto inició el 26 de octubre, luego de que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) dispusiera una nueva intervención a través de la resolución N°3.948/24, desplazando así al Consejo Directivo. Desde ese momento se bloquearon las cuentas bancarias de la obra social, lo que interrumpió la cadena de pagos y, en consecuencia, la garantía de una cobertura prestacional.
Entre los principales afectados se encuentran los pacientes con enfermedades crónicas y tratamientos de alto costo, como el caso de los oncológicos, insuficiencias renales y epilépticos, quienes denuncian graves interrupciones en sus medicaciones. Además, prestadores de servicios de todo el país han dejado de atender por falta de pago, como sucedió en Córdoba, donde la asociación de anestesistas anunció el cese de servicios desde fines de noviembre.
La situación ya tiene derivaciones judiciales. Se registran demandas en Buenos Aires, Córdoba y Salta por incumplimientos, con casos que incluyen suspensiones de cirugías y tratamientos vitales. A raíz de tener con recursos inmovilizados, la obra social no ha logrado reestablecer la cadena de pagos ni garantizar la asistencia a sus beneficiarios.
Mientras los reclamos de afiliados a Uatre se multiplican, crecen las críticas a la intervención de la SSSalud, acusada de inacción y de incumplir las normativas de protección de los derechos de los afiliados. Las familias rurales, en medio de esta crisis, exigen soluciones urgentes para acceder nuevamente a sus tratamientos médicos.
(MdZ)
