Casi 150.000 hectáreas de bosque nativo se perdieron en el norte de Argentina en 2024, la mayoría en la región del Gran Chaco, a causa de la deforestación provocada para beneficiar la actividad agropecuaria, según un informe de Greenpeace difundido este jueves.

El 75 % de las zonas arrasadas corresponden a las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa, todas ellas en el norte del país, donde exactamente se han deforestado 149.649 hectáreas, lo que equivale a unos 210.000 campos de fútbol.

Greenpeace califica este hecho de “ecocidio” y denuncia que las tres primeras de estas provincias han incurrido en ilegalidades en la aplicación del Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN).

El Gran Chaco es la segunda área boscosa más grande de América por detrás de la Amazonía y abarca alrededor de un millón de kilómetros cuadrados, compartidos con Bolivia, Paraguay y una porción de Brasil.

Deforestación ilegal

La ONG señaló en su informe que los gobiernos provinciales “modificaron ilegalmente el ordenamiento territorial mediante la sistemática realización de recategorizaciones prediales que disminuyeron las áreas protegidas donde estaba prohibido el desmonte”.

De acuerdo a la Ley de Bosques, promulgada desde 2009, cada cinco años deben actualizarse las zonas a proteger, pero Greenpeace indicó que las actualizaciones de los ordenamientos en Salta y Chaco aumentaron las áreas permitidas para acceder a un permiso de desmonte, algo que viola la normativa actual.

En Chaco, la Justicia provincial había suspendido los desmontes desde 2020 ante la falta de actualizaciones en su OTBN, mientras que en Santiago del Estero el 80 % de la deforestación fue en categorías protegidas por la ley.

La penalización por quebrantar la Ley de Bosques van desde “apercibimientos”, multas de entre 300 y 10.000 sueldos básicos, que hasta diciembre pasado el salario mínimo vital y móvil de Argentina rondaba los 260 dólares, y suspensión o revocación de permisos de tala.

“Muchos desmontes, no solo son por la ilegalidad de algunos empresarios que pagan multas irrisorias, sino también porque los gobiernos autorizan deforestación para la ganadería donde está prohibido”, dijo a EFE el coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini.

Prisión por desmonte

“Es necesario penalizar la ilegalidad de los desmontes, las multas no son suficientes. Se necesita un plan de restauración acompañado por un freno a la tala. Algunos bosques pueden necesitar hasta 50 años para recuperarse en el Gran Chaco”, advirtió Giardini.

En 2023, Greenpeace llevó adelante una consulta popular en la vía pública e internet durante tres meses, en la que 260.000 personas se manifestaron a favor de penas de prisión contra responsables de la destrucción de bosques.

“En estos momentos tenemos abierta la posibilidad de que la gente siga adhiriendo en votaporlosbosques.org y cuando lleguemos a un número significativo poder presentar esas adhesiones al Congreso para que avance un proyecto de ley al respecto”, cerró el ambientalista.