La Prefectura Naval Argentina destruyó 2.250 kilos de alimentos vencidos que había sido hallada durante 24 allanamientos en depósitos pertenecientes a distintas organizaciones sociales. El procedimiento se realizó por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella, este martes 8 de abril en las instalaciones del Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) en Pompeya.
Los alimentos incinerados incluían leche en polvo, puré de tomate, dulce de batata, lentejas y harina, con fechas de vencimiento caducadas o condiciones insalubres que los volvían peligrosos para el consumo humano, por lo que los laboratorios de bromatología municipales aconsejaron su destrucción. “Se sugiere la destrucción expeditiva de los mismos ante la imposibilidad de su consumo y a fin de resguardar cuestiones de salubridad”, afirmaron los peritos.
La mercadería decomisada llevaba etiquetas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, conducido por Andrés “El Cuervo” Larroque, con la leyenda “Prohibida su venta. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires” y había sido retenida en el marco de una causa judicial en la que se investiga a dirigentes sociales por presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales.
La causa se abrió tras más de 70 denuncias telefónicas a la línea 134, habilitada por el Ministerio de Seguridad nacional, de Patricia Bullrich, a través de las cuales, los denunciantes afirmaron haber sido presionados para asistir a marchas y actos políticos por distintas organizaciones sociales bajo amenazas de perder el acceso a planes sociales o comedores comunitarios.
En ese sentido, los 75 expedientes abiertos por el juzgado de Quilmes alcanzan a más de 150 dirigentes sociales y entre las organizaciones sociales bajo investigación, figuran el Movimiento Evita, Polo Obrero, La Dignidad Confluencia, MTD Teresa Rodríguez, Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Mariano Ferreyra, Frente Federal de los Pueblos, CTD-Aníbal Verón, Movimiento Resistencia San Jorge, Cooperativa Martín Fierro y Movimiento MIM.
Durante los allanamientos, Prefectura encontró más de 3.500 kilos de alimentos vencidos y 104.000 unidades de comida que no habían sido distribuidas. También secuestraron $500.000 en efectivo, un revólver calibre 22, una réplica de pistola 9 mm, 47 equipos informáticos y cerca de 100 cajas con documentación.
Inclusive, en uno de esos operativos se logró la detención de un hombre por portación ilegal de arma de fuego, mientras que en varios de los puntos allanados, encontraron pequeñas cantidades de marihuana.
En este escenario, uno de los depósitos más comprometidos durante la requisa está ubicado en el distrito de Florencio Varela, en la calle 511 al 3000, y pertenecía al Movimiento Teresa Rodríguez, cuya fachada tenía pintada la leyenda, “Si el hambre es ley, la rebelión es justicia”.
Finalmente, el operativo de destrucción de los alimentos vencidos se realizó con un camión de los Talleres Generales de la Prefectura, que transportó la mercadería hasta el CEAMSE de Pompeya, donde se llevó a cabo la incineración entre las 8 y las 11 de la mañana.
Organizaciones sociales en la mira: la Justicia investiga un posible aparato de control político con fondos públicos
Las causas en curso, buscan determinar si existió un esquema sistemático de desvío de recursos estatales por parte de las organizaciones sociales con fines políticos o personales. Además del juez Armella, participa activamente su secretario, Diego Quiroga, quienes trabajan junto a peritos contables e informáticos para analizar libros, planillas y carpetas secuestradas en los procedimientos.
En paralelo, otras investigaciones por delitos similares avanzan en el juzgado federal de Sebastián Casanello. Durante la jornada de ayer, el magistrado envió a juicio oral al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, junto a otras 17 personas más, acusadas de extorsionar a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y de defraudar al Estado en la administración de esos fondos.
Según la acusación presentada por el fiscal Gerardo Pollicita, se obligaba a quienes cobraban el subsidio a participar en actividades políticas como condición para no ser dados de baja. En el partido de Quilmes, el equipo judicial analiza 44 expedientes adicionales en los que también se investiga si hubo amenazas, fraude y presión política ejercida sobre personas en situación de vulnerabilidad.
Por ahora, el Juzgado Federal N.º 1 de Quilmes evalúa nuevas medidas procesales, como citaciones a indagatoria, más allanamientos y peritajes sobre los registros contables y listas de asistencia secuestradas. El objetivo es establecer responsabilidades penales entre los dirigentes y confirmar si se utilizó el aparato de ayuda social del Estado como herramienta de control político por parte de las organizaciones sociales.
(Diputados BsAs)
