Reforma Impositiva. Reforma Previsional. Reforma Laboral. Las tras fueron reclamadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y serán encaradas por el gobierno de Javier Milei. Pero no ahora. En el 2026. Cuando, según confía el Poder Ejecutivo (y, en parte, también el Fondo), el Congreso Nacional tendrá otro mapa con una consolidación del proyecto libertario y una reconfiguración del panorama político nacional, post- elecciones legislativas de octubre de este año.
Los tres reclamos figuran, sin eufemismos, en el texto aprobado hace 10 días por el Board del organismo financiero; como parte de los compromisos que el Ministerio de Economía asumió para recibir los U$S 20.000 millones que implica el nuevo acuerdo. Y, a diferencia de las metas y objetivos monetarios, fiscales, inflacionarios, de reservas del Banco Central y compromisos macroeconómicos varios, en estos tres casos no hay tiempos establecidos; pero sí una fecha límite: diciembre del 2039, cuando el primer tramo del Facilidades Extendidas llegue a su fin.
Sin embargo, el compromiso de Javier Milei ante Kristalina Georgieva, y que llevó a que los tres capítulos ingresaran en el texto final, es que las reformas serán tratadas en el 2026, año en el que el Gobierno actual tendrá 12 meses políticamente liberados, sin elecciones a la vista. Y donde el propio Milei afirma a quien quiera oírlo que será el año de las reformas de fondo. Se supone, con un Congreso más friendly. O, por lo menos, más claro sobre quienes serán sus aliados y votantes concretos.
Incluso, afirman en las filas libertarias, debe confiar el FMI que lo que tiene el Ejecutivo en sus planes es mucho más que lo que tradicionalmente el Fondo reclama como cambios previsionales, impositivos y fiscales. Especialmente en lo que al organismo más le importa: el peso fiscal de las reformas y sus consecuencias potenciales en los resultados económicos finales.
Fuera de estos tres capítulos, desde el FMI sólo se pondrá énfasis en los objetivos tradicionales de reclamos y compromisos, de los que además dependerán las aprobaciones trimestrales de los visitantes del organismo. La evolución fiscal de un superávit de 1,6% para el 2025, no emisión monetaria y reservas creciendo por arriba de los U$S 4.000 millones a diciembre. El resto de las promesas, pasan al listado de objetivos. Esto es, se pueden cumplir, o, si no se logra, recibir algún tipo de perdón o aviso.
Por otro lado, queda claro en el acuerdo que dos de las promesas de campaña del propio Milei, quedan archivadas. No habrá ni dolarización ni demolición del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Por lo que se ve en los primeros pasos de Facilidades Extendidas, los caminos van hacia el sentido contrario: un fortalecimiento del peso y mayor compromiso real y fortalecimiento de la entidad que maneja Santiago Bausilli.
Con esto queda en firme la frase de la vocera del organismo, Julie Kozac, que en agosto del año pasado, desde Washington y cuando recién comenzaban las negociaciones por un nuevo acuerdo entre Argentina y el FMI, afirmaba que «la eventual ‘competencia de monedas’ dentro del régimen podría asemejarse al sistema de flotación administrada que prevalece hoy en Perú y Uruguay». Con esto, de un plumazo, la vocera descartaba que desde la sede de Washington del organismo se pueda llegar a avalar un esquema de dolarización lisa y llana, y menos con dinero del organismo. Mucho menos, en un proceso de apertura del cepo con dólares del FMI como paso previo a ese esquema cambiario que Milei defendió en la campaña electoral, y mantuvo como posible hasta mayo de este año, aún en su versión aggiornada de «competencia de monedas».
Según Kozack, aún bajo elaboración técnica de Rodrigo Valdés, el director gerente para el Hemisferio Occidental que un mes después sería desplazado de la responsabilidad del acuerdo con Argentina (curiosamente por recomendar una devaluación del 20% para cerrar el nuevo Facilidades Extendidas) el esquema viable para Argentina debía orientarse según los ejemplos de Perú y Uruguay. Esto es, una flotación cambiaria administrada, con vigencia plena de la moneda local.
La vocera amplió luego la visión del FMI, afirmando que «la estabilidad de precios seguirá siendo un objetivo primordial del Banco Central, en un contexto en el que los individuos son libres de ahorrar y realizar transacciones en las monedas de su elección. Otras monedas no tendrían curso legal y los pagos de impuestos seguirán realizándose en pesos». Es decir, sin dolarización y con una «competencia limitada».
Todo esto además de asignarle al BCRA un rol fundamental y claro, contradiciendo la idea política de Milei de su cierre y manteniendo «sus funciones de prestamista de último recurso para instituciones financieras elegibles (solventes), continuaría esterilizando las compras de divisas y gestionando la liquidez a través de operaciones de mercado abierto con títulos públicos».
Esta conferencia de prensa de Kozac vino luego de unas negociaciones bilaterales de mayo del 2024, que derivaron en una posición irreductible del FMI ante la dolarización, competencia de monedas y rol del BCRA, hubo pedidos concretos del organismo que conduce Kristalina Georgieva para que el país devalúe su moneda «al menos un 20%», que elimine los diferentes tipos de cambio y que libere más la política monetaria oficial.
Estos criterios quedaron expuestos en la letra fina del acuerdo aprobado por el Board del FMI; donde además se imponen otra serie de misiones para el gobierno de Javier Milei, como la aplicación de reformas estructurales en los capítulos laboral, previsional y en las demoradas privatizaciones. En el mismo texto se pondera el rol del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por ser el encargado de aplicar la Ley Bases, y promover la desregulación y apertura de la economía.
En el documento, el Fondo Monetario Internacional mencionó que el gobierno de Javier Milei avanza en la reorganización del aparato estatal, con el cierre de organismos descentralizados y fideicomisos, la reestructuración -y posible privatización- de empresas públicas, y la implementación de procesos digitales para modernizar la administración pública. Según el organismo, estos pasos contribuirían a mejorar la eficiencia y la gobernanza del Estado.
Además, el FMI identificó tres pilares fundamentales en la política económica actual: la desregulación, el fortalecimiento del mercado y la apertura comercial.
En cuanto a este punto, el Fondo señaló que la consolidación de entidades estatales —como fondos fiduciarios, oficinas y empresas públicas— junto con la profesionalización del servicio civil, contribuirá a aumentar la eficiencia del Estado. Al respecto, argumentó que estas medidas permitirán eliminar estructuras y funciones redundantes, al mismo tiempo que asegurarán la adecuada provisión de bienes y servicios esenciales, y fortalecerán la gestión de las finanzas públicas.
Para el organismo, estos avances estarán apoyados por la reciente actualización de la Ley de Competencia y por el monitoreo constante de prácticas antimonopólicas en sectores clave de la economía. También sugirió que se complementen con una reforma del sistema tributario. En este sentido, nuevamente, el FMI apuntó contra el monotributo; un régimen tributario que los hombres y mujeres del organismo nunca entendieron. Y que ven como una especie de escondite de evasores y elusores, más que un sistema para que más personas paguen impuestos.
Sobre la reforma previsional, no hay secretos. El Ejecutivo y el FMI apuntan a elevar la edad jubilatoria a 65 y 70 años para las mujeres y hombres, a la introducción de algún tipo de mecanismo de incorporación de aportes a un régimen privado que aliviane el sistema de reparto y a una flexibilización de los regímenes laborales para que mas gente pueda ser contratada en blanco.
Finalmente, en materia de comercio, el FMI señaló que el Gobierno argentino avanzará en la reducción gradual de barreras tanto arancelarias como no arancelarias, en función del margen que otorgue la situación fiscal.
Asimismo, el organismo indicó que las autoridades se comprometieron a garantizar una aplicación efectiva, transparente y equitativa del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), diseñado para ofrecer estabilidad fiscal y regulatoria, atraer inversiones de gran escala y promover el desarrollo de sectores estratégicos como la energía, la minería, la agroindustria y la economía del conocimiento.
(MdZ)
