La Universidad de Harvard anunció que presentó una demanda federal contra la congelación de fondos impuesta por la Administración Trump, calificando la medida como «ilegal y fuera de la autoridad del Gobierno».
En una demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, la universidad afirmó que el caso involucra «los intentos del Gobierno de utilizar la retención de fondos federales como medio de presión para obtener control sobre la toma de decisiones académicas en Harvard».
«En el transcurso de la semana pasada, el Gobierno federal ha emprendido varias acciones a raíz de la negativa de Harvard a cumplir sus exigencias ilegales», escribió el presidente de la Universidad de Harvard, Alan M. Garber, en una carta dirigida a los miembros de la comunidad de Harvard.
Según un informe del periódico The New York Times, la demanda «supone una escalada importante» en la lucha entre la educación superior y Trump, que prometió «reclamar» las universidades de élite.
La Administración presentó su campaña como una lucha contra el antisemitismo, pero también apuntó a programas y enseñanza relacionados con la diversidad racial y las cuestiones de género, según el informe.
El 11 de abril, funcionarios de la Administración Trump enviaron una carta a Harvard, exigiendo que la universidad hiciera «una reforma y reestructuración significativa de la gobernanza», señalando que «una inversión no es un derecho».
El 14 de abril, la Universidad de Harvard rechazó las exigencias de la Administración Trump de realizar cambios radicales en sus prácticas de gobernanza, contratación y admisión. Apenas unas horas después, la Administración Trump anunció la congelación de 2.200 millones de dólares en subvenciones plurianuales y 60 millones en valor de contratos plurianuales a la universidad.
Luego, el 16 de abril, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, exigió a la Universidad de Harvard que compartiera información sobre las actividades ilegales y violentas de los titulares de visados para estudiantes extranjeros antes del 30 de abril, o se arriesgaba a perder su autorización para matricular a estudiantes internacionales.
Desde que inició su mandato en enero, la Administración Trump emitió advertencias a varias de las principales universidades estadounidenses, afirmando que podrían enfrentarse a recortes de financiación si no ajustan sus políticas.
Las principales demandas de la Administración incluyen eliminar lo que describe como antisemitismo en el campus y desmantelar las iniciativas de diversidad que favorecen a ciertos grupos minoritarios.
Con el conflicto palestino-israelí como telón de fondo, muchas universidades de Estados Unidos fueron escenario el año pasado de una oleada de protestas propalestinas, lo que atrajo la atención del Gobierno sobre los presuntos sentimientos antisemitas en los campus.
(NA)
