La decisión del interventor de la obra social de los trabajadores rurales designado por el gobierno nacional, Marcelo Petroni, de suspender el convenio entre UATRE y OSPRERA generó una dura respuesta de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores.
Este acuerdo, rubricado en 2007, permitía la atención de todos los beneficiarios en 725 puntos de atención y bocas de expendio que el sindicato tiene en todo el país, incluido el de Bahía Blanca.
Justamente, esas bocas de expendio son oficinas de la OSPRERA habilitadas para funcionar en instalaciones de la UATRE de todo el país, con el fin de ampliar la cobertura sin aumentar las erogaciones de la obra social.
De esta manera, el sindicato aporta los costos de funcionamiento y el personal para la atención a los beneficiarios sin cobrar nada a la obra social, ya que la misma es una institución sindical según las normas comunes fondo de la Seguridad Social de nuestro país.
“Las medidas tomadas por la intervención contradicen además la propia esencia del Sistema de Salud de la República Argentina, pues uno de los pilares en los que se funda es el del régimen de las Obras Sociales Sindicales, establecido de esta manera por las leyes y consagrado por la propia Constitución Nacional. Este principio fundamental parece haber sido ignorado evidenciando un preocupante desconocimiento, o una deliberada omisión, por parte del funcionario a cargo de la intervención”, señaló el comunicado del gremio firmado por su secretario general, José Voytenco.
De acuerdo al informe de prensa, la UATRE aportó siempre a su obra social los puntos de atención abocados personalizadamente en la atención de los trabajadores y trabajadoras rurales.
Sus funciones son de lo más diversas, van desde una simple gestión de autorización de orden para un estudio clínico hasta la contención de un paciente ante los reclamos -cada vez más frecuentes- por la merma de prestaciones y cobertura que provoca esta intervención (especialmente oncológicos y HIV).
“Además, omite la intervención referir que los viáticos, traslados y alojamiento de los beneficiarios a los centros de atención están a cargo de este sindicato”.
Y añadió: “A cada trabajador y trabajadora los conocemos de toda la vida, sabemos lo lejos que vienen (hasta cómo está el camino para volver), cuáles son sus padeceres y qué necesidades tienen cuando acuden a las Bocas de Expendio”.
“Esa es la esencia de la nuestra ruralidad, la que nacimos, vivimos y morimos los que hacemos el campo, la misma que esta intervención parece desconocer completamente con las medidas que toma”.
“De hecho, el interventor ha llegado al absurdo (o en el mejor de los casos, a una muestra de impericia manifiesta) al reemplazar la atención médica presencial por un sistema de telemedicina, sin considerar que fuera de los ejidos urbanos no existe cobertura digital suficiente, y que dicho formato no se ajusta a las características ni a las necesidades del medio rural. Se trata, claramente, de un traspaso de la atención médica al sistema público, que deberá acoger a esos afiliados expulsados por la desconexión, que acudirán al centro de atención más cercano que las poquísimas filiales de atención actuales de la OSPRERA”.
La UATRE puntualizó que “todas las medidas que tomó la intervención en ese sentido, son ilegales por contrarias a las leyes e ilegítimas, porque el decreto de designación no habilitó al abogado Marcelo Petroni a tomarlas. En ese sentido, defenderemos nuestra obra social”.
Tal como lo expresó el secretario general de la UATRE, José Antonio Voytenco: “Con esta medida, además de ser completamente infundada e ilegal, en la práctica excluye a nuestros beneficiarios de la obra social, dejándolos desamparados y sin atención ya que es sabido de la falta de conectividad en el campo y, en efecto, no es posible llegar con los servicios y prestaciones a los trabajadores y trabajadoras rurales, no hace más que expulsarlos del sistema de salud… Otra vez, queda de manifiesto la falsedad, impericia, deshonestidad intelectual, insensibilidad y perversa crueldad del interventor quien, en vez de cumplir su función y asegurar el acceso y la cobertura obligatoria a nuestros afiliados”.
“Las bocas de expendio vienen funcionando desde hace años con un compromiso y una dedicación que una pantalla o celular jamás podrá reemplazar. La atención cálida, humana y sensible que brindan nuestras compañeras y compañeros no puede ser sustituida. Quienes atienden las bocas de expendio conocen a cada afiliado por su nombre, por su historia, por el momento que atraviesa, los sienten parte de su propia familia, porque eso es lo que siempre buscamos ser, desde nuestros inicios: una gran familia”.
“No se comprende que este cambio haya surgido de la asesoría del Gerente de Servicios a Beneficiarios de la Intervención, Carlos Saúl Castro, y cuente con el apoyo de los Delegados Provinciales que responden a Pablo Ansaloni y que perdieron las elecciones en 2022, ya que deberían conocer las dificultades que atraviesan los afiliados”.
“A los trabajadores rurales les decimos que la UATRE no los abandona. Seguiremos tomando todas las medidas necesarias e institucionales para hacer saber la crítica situación que estamos pasando donde un puñado de personajes que se adjudican una representatividad que no tienen son los verdaderos garantes de lo que hace Petroni, Castro, Ansaloni y compañía negándoles a los trabajadores su derecho fundamental”, cerró el secretario general.
(La Nueva)
