En el marco de la prisión domiciliaria que cumple Cristina Kirchner por la Causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal N°2 recibió más de 700 emails con pedidos para visitar a la expresidenta en el departamento donde cumple con la orden de reclusión, en el barrio porteño de Constitución. En medio de un entredicho desatado por la publicación del correo electrónico del juzgado por parte de un abogado kirchnerista, la Justicia salió a aclarar que no dará respuesta a tales solicitudes por ser improcedentes.
Las solicitudes empezaron a desbordar la mencionada casilla luego de que Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la exmandataria, publicara en su cuenta de X la dirección electrónica del TOC. «Tenes que escribirle a los jueces y esperar que te autoricen. Como si fuera una reclusa peligrosa«, había posteado el letrado al criticar la metodología consignada para la aprobación de las visitas a la también titular del Partido Justicialista.
De todas formas, los envíos masivos recibidos no tendrán respuesta, dado que los jueces explicaron que la lista sólo puede ser completada por la propia Kirchner, quien debe pedir la autorización correspondiente para el ingreso de cada persona por fuera de las ya habilitadas.
«Se recibió un total de 702 correos electrónicos en la casilla institucional del Tribunal, enviados por diferentes personas físicas», revelaron en un informe elaborado la secretaría del Tribunal.
En un principio, los magistrados habían ordenado a la dos veces jefa de Estado y una vicepresidenta que debía presentar un listado con sus familiares, custodios, médicos y abogados que podían ingresar al domicilio sin autorización. Toda otra persona debía tener un permiso extra al momento de entrar al departamento donde se aloja, en San José al 1100.
La enumeración en cuestión fue remitida por la defensa el pasado martes en un pendrive, al tiempo que los abogados de Kirchner solicitaron que la expresidenta pueda recibir visitas sin restricciones, un pedido que ahora está en manos de la Cámara Federal de Casación.
Desde el entorno de la jefa política del peronismo consideran que la regla impuesta respecto a las autorizaciones resulta incompatible con el derecho a la vida familiar y social de su representada. «En un sistema democrático, no puede limitarse el derecho que tiene un dirigente político a mantener contactos directos con personas que desarrollen esta misma actividad, ya sean de su propia fuerza u otra», justificaron los abogados.
(El Canciller)
