La desocupación trepó al 9,3% en la provincia de Buenos Aires durante el primer trimestre de 2025, según un informe del Ministerio de Economía bonaerense al que tuvo acceso Ámbito. El dato representa un salto de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2023 y expone un deterioro sostenido del mercado laboral, especialmente entre mujeres y jóvenes, los sectores más afectados.
Los números muestran un panorama preocupante en los grandes centros urbanos. En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, 613.000 personas están desocupadas (9,7%); en la región Capital (La Plata, Berisso y Ensenada), 40.000 (8,7%); en Mar del Plata, 20.000 (6%); en San Nicolás, 7.000 (8,5%); y en Bahía Blanca, 7.000 (4,8%).
El informe, elaborado por el Departamento de Análisis de Estadísticas Sociales de la cartera económica provincial y publicado en junio, también advierte un crecimiento de la subocupación, la informalidad y el cuentapropismo en detrimento del empleo asalariado, lo que configura un deterioro estructural del mercado de trabajo bonaerense.
El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, explicó que “los últimos datos laborales son malos, pero no sorprenden: venimos advirtiendo desde hace meses acerca de los resultados lógico de la política económica implementada por el Gobierno nacional» y añadió que «caen los ingresos de las familias, se desploma el consumo, las fábricas de todos los rubros suspenden turnos, luego despiden trabajadores, y finalmente cierran. Como consecuencia, aumenta el desempleo».
«Mientras se expanden las importaciones, se deterioran las actividades que son más activas en empleo como la construcción, la industria y el comercio, lo que evidencia lo reprimarizante, desigual y concentrador de riqueza de este modelo nacional», aseveró el funcionario de Axel Kicillof y remarcó que «esta política económica es anti provincia de Buenos Aires y está destruyendo su entramado productivo. Es una injusticia social, este modelo no cierra y beneficia a unos pocos».
También sostuvo: «Desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires no detenemos la obra pública, sostenemos políticas necesarias para paliar la grave situación que está viviendo el sector privado y continuamos trabajando para mitigar los efectos del ajuste del Gobierno nacional sobre las y los bonaerenses; aún a pesar de un contexto en el que Nación sigue reteniendo recursos de las provincias».
Despidos, cierres y crisis: un mapa del deterioro laboral
La crisis del empleo en la provincia se refleja con nitidez en los parques industriales, las plantas alimenticias, el sector químico, los puertos y la industria de la construcción. No se trata de casos aislados, sino de un proceso sostenido de caída de la producción, achique de personal y pérdida de poder adquisitivo.
En el corazón del conurbano, empresas como Industrias Secco, radicada en San Martín, despidieron a más de 30 trabajadores tras la suspensión de contratos en sectores estratégicos como el energético y el petroquímico. En Zárate, la multinacional suiza Clariant directamente cerró su planta, lo que dejó en la calle a 50 trabajadores, y mudó su producción a Brasil, mientras que Archroma, en el mismo parque industrial, echó a seis empleados y enfrenta un proceso de conciliación obligatoria.
El sector químico atraviesa un momento especialmente crítico. Alpek intentó despedir a 29 trabajadores, aunque tras la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense, la medida fue frenada con una reorganización de turnos. En paralelo, Agrofina, del Grupo Los Grobo, pidió iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis en medio de un concurso de acreedores. Con 180 empleados en riesgo, la empresa analiza recortes salariales y ajustes de jornada para evitar despidos masivos.
“El impacto de la política de apertura comercial del gobierno nacional sobre las pymes industriales radicadas en la provincia lo vemos cotidianamente en las historias de las empresas. Todos los días estamos trabajando junto al equipo del ministerio de Trabajo y los sindicatos por casos de empresas que cierran, que despiden trabajadores, suspenden personal”, analizó ante este medio el ministro de Producción, Augusto Costa.
La industria alimentaria tampoco escapa a la ola de achiques. En Esteban Echeverría, Molinos Río de la Plata ejecutó más de 30 cesantías y presiona por una rebaja salarial, lo que derivó en un fuerte conflicto con el gremio. A su vez, Kimberly-Clark cerró su planta de Pilar y concentró su producción en San Luis, dejando sin trabajo a 220 personas bajo el argumento de “reorganización productiva”.
En el interior bonaerense, el golpe más duro se sintió en Coronel Suárez, donde el Grupo Dass, fabricante de calzado, anunció a comienzos de 2025 el cierre definitivo de sus operaciones y despidió a los 360 trabajadores que mantenía en plantilla. La empresa, que en 2015 empleaba a 2.200 personas, había sufrido un fuerte ajuste durante el gobierno de Mauricio Macri, que la llevó a reducir su personal a 800 empleados. Entre 2021 y 2022, con políticas de reactivación industrial, logró incorporar nuevamente operarios hasta alcanzar los 850, pero la tendencia volvió a revertirse en la segunda mitad de 2022. Con el cambio de gobierno en 2024, los despidos se aceleraron hasta desembocar en el cierre de una firma que era considerada emblema del distrito y principal fuente de empleo local.
En igual sentido, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, puntualizó: “Estamos ante un presidente de extrema derecha que no habla de trabajo, no habla de producción y, menos, de los trabajadores y trabajadoras. Culminó la etapa de reducción de jornadas, adelantamiento de vacaciones y períodos de suspensiones, ya estamos en un nuevo proceso que es el de los despidos. Hace un mes y medio que esto ocurre muy fuertemente”.
“En términos noventistas, estaríamos en 1998 porque empezamos a notar el tema del desempleo. Ello se agudiza y se profundiza en el Conurbano, que es la zona más industrial de la provincia. Otro indicador que no escapa a la realidad son las presentaciones de pedidos de apertura de concurso de acreedores ante la justicia comercial de varias empresas”, agregó Correa.
Una historia similar se vivió en Chivilcoy, donde la planta de calzado Bicontinentar —antes conocida como Paquetá— también bajó sus persianas. Había cerrado en 2018, en pleno auge de las importaciones, dejando a 700 personas en la calle. Pero en 2021 volvió a funcionar con una nueva razón social, logrando en su primer año emplear a 350 personas y llegando a 750 en 2023. El nuevo escenario económico y la apertura a productos del exterior deterioraron rápidamente la producción y la dotación: primero hubo 130 despidos, y finalmente, en noviembre, la fábrica cerró definitivamente.
Costa, en tanto, advirtió que “comparando el tercer trimestre de 2024 con igual período de 2023 vemos que se perdieron 7.150 empresas en actividad de la PBA (en un 97% mipymes), 570 de las cuales eran empresas industriales. En términos de empleo registrado, en ese período se perdieron casi 77.000 empleos registrados en la Provincia, de los cuales 30.000 correspondieron al sector mipyme. Uno de cada 4 empleos perdidos fue en el sector industrial manufacturero”.
Olavarría, polo cementero de la provincia, también se vio afectada por el freno a la obra pública. Dos de sus principales industrias sufrieron cierres y despidos. En abril, la Fábrica de Bolsas Industriales (FABI), ubicada en Hinojo y perteneciente al grupo chileno CMPC, cesó su actividad sin previo aviso y dejó sin trabajo a 150 operarios. La empresa argumentó la falta de viabilidad económica por la caída de la demanda.
En tanto, Canteras Cerro Negro, uno de los mayores productores de cerámicos del país, despidió a 96 trabajadores —el 25% de su personal— por el desplome de las ventas ligado al parate en la construcción. Tras la intervención de los ministerios de Producción y Trabajo, se logró reducir el impacto: 37 personas fueron reincorporadas y se oficializaron 59 despidos, una cifra menor a la inicialmente prevista. No obstante, la compañía solicitó un PPC que abarca sus plantas de Olavarría, Córdoba y Campana. De obtener la aprobación, el mecanismo habilitaría despidos con indemnizaciones reducidas al 50% para un universo de hasta 500 trabajadores. Mientras tanto, la firma aplica suspensiones rotativas.
La industria del neumático es otra de las que atraviesa conflictos por despidos, suspensiones y cambios en las condiciones de trabajo en empresas como Bridgestone, Pirelli y Fate. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) atribuye los despidos a una política de apertura a la importación que perjudica la producción local.
La láctea Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA) suspendió por 30 días la producción en sus plantas de Arenaza (Buenos Aires) y Morteros (Córdoba). La compañía, que tiene 200 empleados, pagó menos de la mitad de los sueldos durante los últimos tres meses, lo que generó fuerte malestar sindical.
El sector frigorífico también sufre. En Tres Arroyos, Anselmo despidió a 26 trabajadores, afectado por el desplome del consumo interno, las trabas a las exportaciones y la creciente competencia de carne importada. Y en la planta bonaerense de Georgalos, hubo un conflicto por cesantías que el gremio atribuyó a represalias tras medidas de fuerza sindicales, mientras que la empresa justificó por un «intento de sabotaje». Como la compañía incumplió la conciliación obligatoria, el ministerio de Trabajo bonaerense la infraccionó.
La pesca no queda al margen. En Mar del Plata, más de 600 trabajadores quedaron sin tareas en medio de un conflicto entre gremios y armadores, con barcos amarrados y plantas paradas. Los empresarios exigen una rebaja del 30% en los salarios, mientras los sindicatos se niegan a aceptar una baja en los convenios. A ese panorama se sumó el cierre definitivo de Marechiare, una conservera histórica que producía caballa y atún, afectada por la caída del consumo y la apertura de las importaciones. En una ciudad que llegó a tener 35 fábricas del rubro, hoy solo sobreviven cinco.
“El ingreso de máquinas importadas usadas como así también de indumentaria y calzado está pegando fuerte desde marzo. Eso afecta en el segundo semestre muy fuerte”, alertó Correa. “Como dice Axel, estamos ante un industricidio muy fuerte donde afecta a la provincia, que nuclea más del 50% de la producción de la Argentina. Nos afecta mucho. Más allá de la defensa del trabajo, la producción y los derechos de los trabajadores que realiza Axel y todo el gobierno, es una situación sumamente adversa donde es muy difícil sostener los puestos de trabajo, las pymes, se hace todo lo que se puede. Estamos dando la pelea”.
A su turno, Costa subrayó: “La provincia de Buenos Aires es una provincia industrial. El 50% de lo que produce el país se produce acá y lo cierto es que toda la industria se encuentra afectada” y remarcó: “Aún sectores industriales que uno podría pensar que les debería estar yendo bien, como la producción de maquinaria agrícola, o los sectores asociados al boom de los recursos naturales, también están sufriendo los efectos de una política económica que desprecia la industria nacional”.
“Hoy las ramas industriales que más están sufriendo las consecuencias de la apertura importadora son las orientadas a abastecer el mercado interno: textil-indumentaria, calzado y metalurgia”, indicó y planteó que “este impacto se amplifica si tenemos en cuenta que la mayor amenaza por el ingreso de bienes importados se da en un contexto de salarios con una fuerte caída del poder de compra y, en consecuencia, un mercado interno deprimido”.
Un relevamiento que enciende alarmas
Costa advirtió sobre el fuerte impacto que la crisis económica tuvo en el empleo bonaerense durante el último año. Según detalló, a partir de un relevamiento realizado por la cartera productiva junto a 75 municipios, se detectaron 885 empresas que aplicaron medidas como reducción de personal, vacaciones anticipadas, suspensiones, eliminación de turnos u horas extras y retiros voluntarios.
Esas decisiones afectaron a unas 17.700 personas, de las cuales 8.200 perdieron directamente su empleo. La industria fue el sector más golpeado, concentrando el 48% de las empresas que informaron cambios y el 73% del empleo afectado. Para el funcionario, estos datos son una muestra clara del efecto de las políticas del gobierno nacional sobre las economías locales y la vida cotidiana de los bonaerenses.
En ese contexto, el ministro provincial planteó los límites que enfrenta la gestión bonaerense para contener la crisis. “La provincia es escudo y red”, afirmó, pero remarcó que la política macroeconómica actual y la falta de una estrategia nacional para el desarrollo productivo dejan a las provincias con herramientas insuficientes.
Pese a contar con líneas de financiamiento, créditos a tasa cero y otras políticas de contención, Costa aclaró que resulta muy difícil revertir el deterioro cuando “el proyecto nacional es desintegrar el entramado productivo”. Y completó: “Si todo esto se hace a contramano de un Estado Nacional que no cree en la industria y la producción como motor, es muy difícil que alcance”.
(Ambito)
