El diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Guillermo Castello, presentó un proyecto para derogar la ley 12.665, más conocida como “ley de talles”, que obliga a los comercios de ropa femenina a ofrecer todos los tamaños correspondientes a las medidas antropométricas de las adolescentes.
La iniciativa forma parte del denominado “paquete desregulador”, que Castello impulsa desde la Legislatura bonaerense, y que contempla 190 proyectos de ley orientados a eliminar regulaciones que, según explicó, “impiden invertir, dar empleo y competir”. “Estamos proponiendo liberar a los bonaerenses del Estado burocrático y corrupto”, sostuvo el diputado.
En relación a la ley de talles vigente en la provincia de Buenos Aires, Castello cuestionó el enfoque de la regulación por su carácter parcial y segmentado. “¿Por qué solo ropa de mujer? ¿Y por qué solo adolescente? ¿Y los negocios que venden ropa para mujeres no adolescentes?”, planteó desde sus redes sociales. El legislador también apuntó contra los fabricantes: “¿Y si los proveedores no tienen todos los talles?”
Para Castello, la normativa es un “típico caso de populismo legislativo contrario a toda lógica y al más básico sentido de igualdad y libertad”. En esa línea, señaló que la exigencia impuesta por la ley 12.665 carece de sustento técnico y genera asimetrías comerciales. “MENOS REGULACIONES = MÁS LIBERTAD”, concluyó.
El paquete que impulsa Castello incluye también iniciativas para eliminar el registro obligatorio para personal de limpieza, suprimir la obligación de etiquetar productos como nacionales o importados en supermercados, y derogar requisitos específicos para la contratación de pasajes aéreos por parte del Estado provincial, entre otras normas que considera restrictivas.
En el caso particular de la ley 12.665, aprobada en 2001, se exige a los locales de ropa femenina la disponibilidad de todos los talles para adolescentes en los modelos que se comercialicen. El diputado libertario considera que esta disposición “no contempla la realidad del mercado, ni las limitaciones de oferta de las marcas, importadores o fabricantes”.
En su fundamentación, Castello pidió a sus pares de la Cámara de Diputados que acompañen su proyecto. “Es una norma despojada de emocionalismo y corrección política. Hay que avanzar con una legislación moderna, que no imponga cargas injustificadas al comercio ni intervenga de manera arbitraria en el mercado”, expresó.
La ley de talles avanza en la normalización, pero no obliga
Mientras en la provincia de Buenos Aires se discute su posible derogación, a nivel nacional la ley de talles 27.521 continúa su proceso de implementación a partir del Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (Suniti), que se basa en un estudio antropométrico en marcha a cargo del INTI. El sistema busca garantizar la fabricación, confección y comercialización de prendas con talles estandarizados.
Según datos del INTI, las medidas corporales promedio de los argentinos difieren considerablemente de los parámetros europeos que adoptan muchas marcas. Por ejemplo, la altura media de las mujeres argentinas es de 1,61 metros, frente a los 1,70 m de referencia en talles internacionales. Las medidas de busto, cintura y cadera también presentan diferencias significativas.
A pesar de su impacto, la ley nacional no obliga a los comercios a ofrecer todos los talles, sino que establece que los talles deben tener correspondencia entre marcas y estar normalizados. La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) aclaró que “la norma no impone que se trabaje un rango de talles específico”, sino que apunta a evitar confusiones y garantizar un trato equitativo para los consumidores.
El proceso de implementación aún no está completo, ya que se requiere la finalización del Estudio Antropométrico Nacional para establecer la tabla de talles definitiva. Mientras tanto, desde organizaciones como AnyBody, CAME y la CIAI coinciden en que se trata de un paso clave para la inclusión y la igualdad en el acceso a la indumentaria, aunque advierten que la aplicación será progresiva y requerirá adecuaciones por parte de la industria.
Guillermo Castello quiere eliminar la ley de talles
