En medio de la tensión con la Casa Rosada y tras los dichos de Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel planea comunicar esta semana al Poder Ejecutivo la sanción de las leyes aprobadas días atrás por el Senado, que el Presidente ya prometió vetar.
La Cámara Alta se encuentra aguardando que Villarruel firme la sanción de los proyectos solicitados por los gobernadores, vinculados con cambios en la coparticipación federal del impuesto a los combustibles líquidos y a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), además del aumento del 7,2% a jubilados y pensionados.
A partir de allí, se desarrollará la estrategia que ya están configurando los sectores de la oposición. Esta semana se intensificarán las reuniones entre los referentes de cada espacio. No solo debatirán las iniciativas de los mandatarios provinciales, sino que acompañarán con sus propias propuestas, como lo hicieron los senadores.
Los diputados quieren avanzar con el financiamiento a las universidades públicas y al Hospital de Pediatría Juan Garrahan, en el marco de la emergencia pediátrica. También buscan completar la sanción parlamentaria del rechazo al veto de Milei a la declaración de emergencia por las inundaciones del pasado mes de marzo en las ciudades de Bahía Blanca y Punta Alta.
Unión por la Patria (UxP), encabezado por Germán Martínez; Democracia para Siempre, de Pablo Juliano; Encuentro Federal, de Miguel Pichetto y Oscar Agost Carreño; la Coalición Cívica, de Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro; el Frente de Izquierda, y partidos provinciales, dejan de lado el receso invernal y se enfocan en la construcción de mayorías.
Los tiempos de Victoria Villarruel
Desde el Senado señalan que no hay plazos establecidos para la comunicación de las leyes al Poder Ejecutivo Nacional (PEN), pero anticiparon que podría ser este martes cuando Victoria Villarruel firme las sanciones del jueves pasado.
El abogado constitucionalista Diego Armesto explicó que “una vez sancionado el proyecto por el Senado Nacional, el procedimiento indica que debe colocarse el número de ley y comunicarse al Poder Ejecutivo. Este, en un plazo razonable conforme a la vigencia de la ley, deberá realizar el veto, que no es más ni menos que la facultad constitucional que posee el PEN para controlar los excesos legislativos. Ejecutado el veto, debe ser remitido a la cámara de origen (Diputados), para que esta, como iniciadora del proyecto, busque insistir (Art. 83 de la Constitución Nacional). Si se logra el número mágico de dos tercios de los diputados presentes, pasa sin más trámite; si no, se rechaza y se envía al Senado (cámara revisora), para que también insista con la sanción original”.
“Pero es importante reseñar que ambas cámaras deben pronunciarse. Por ello, el PEN debe ser muy cuidadoso en encontrar los canales de diálogo que permitan un bloqueo a la ‘insistencia’ en Diputados para dejar firme el veto. El Poder Ejecutivo depende más de la política y, especialmente, del diálogo como herramienta de construcción política”, agregó Armesto.
La Vicepresidenta, durante el fin de semana, posteó en redes sociales una respuesta a las críticas recibidas desde la Casa Rosada y del propio Presidente —quien la calificó de “traidora”—: “Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado, menos”.
Eso podría interpretarse —como admiten desde el Senado— como una señal de que en las próximas horas se comunicarán al Poder Ejecutivo las sanciones con fuerza de ley. A partir de entonces, comenzarán a correr los diez días hábiles que tiene el Gobierno para tomar una decisión: vetar, total o parcialmente, las iniciativas o promulgarlas.
El pasado jueves, el Senado sancionó el aumento del 7,2% a jubilados y pensionados; incrementó a 110 mil pesos el bono para los ingresos en las jubilaciones mínimas; declaró la Emergencia en Discapacidad; y aprobó los cambios en la coparticipación del impuesto, a pedido de los gobernadores provinciales.
El jefe de Estado y sus funcionarios anticiparon vetos totales a las sanciones del Senado, e incluso amenazaron con judicializarlas. “Esto no es una vetocracia, es una democracia donde se construyen consensos con el diálogo”, advirtió la diputada Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica.
“Al Gobierno le preocupa el déficit fiscal, no los jubilados. Nosotros propusimos cosas que se pueden hacer para no tocar el déficit cero, que todos queremos tener, pero no a los ponchazos ni rompiendo el diálogo, sino sentándonos y viendo cómo se pueden reacondicionar partidas para dar las respuestas necesarias”, agregó.
El rol del jefe de Gabinete
El ministro Guillermo Francos mantiene su teléfono en línea con los gobernadores y con el Congreso. Concurrirá a Diputados el próximo 6 de agosto para brindar su informe de gestión ante el Parlamento, similar al que intentó dar —e interrumpió abruptamente— en el Senado cuando la kirchnerista Cristina López lo trató de “mentiroso” y se retiró del recinto, el pasado 26 de junio.
En esta oportunidad, las urgencias serán otras, referidas a las decisiones que adopte el presidente Milei con respecto a las sanciones legislativas de los últimos días en el Senado: los anunciados vetos presidenciales.
Francos y los diputados saben que para insistir con las sanciones aprobadas necesitan alcanzar los dos tercios de los presentes en el recinto. Si asisten los 257 diputados, esas dos terceras partes se lograrían con 172 votos.
El Gobierno buscará construir el tercio restante con 86 diputados. De ese modo, blindaría la amenaza de veto del jefe de Estado. Esos legisladores obtendrían la denominación de “héroes” para Javier Milei, en referencia a los 87 que, en 2024, blindaron el veto a la reforma universitaria y fueron así calificados por el Presidente. (con información de TN)
