Fomentar el uso de la tecnología para agilizar y modernizar los procesos judiciales es la premisa de un proyecto de ley presentado recientemente en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, con la finalidad de reformar el Código Procesal Civil y Comercial bonaerense.
La propuesta, impulsada por la diputada rosaleña Abigail Gómez, pretende incorporar modificaciones específicas a los procedimientos en este fuero, como audiencias virtuales y mixtas, notificaciones electrónicas, firma digital y la validación de medios de prueba derivados de la tecnología.
Según la legisladora por la Sexta Sección Electoral, los abogados que se dedican al Derecho Civil y Comercial deben convivir desde hace bastante tiempo con dos regímenes procedimentales en paralelo: el del CPCyC y las diferentes acordadas de la Suprema Corte de Justicia provincial.
El problema es que estas resoluciones del máximo tribunal bonaerense, respecto de las mencionadas herramientas tecnológicas para acelerar los procedimientos en la justicia Civil y Comercial ordinaria, no se incluyeron en el Código.
Gómez remarcó la necesidad de reconocer como válidos elementos probatorios digitales, como audios de WhatsApp y capturas de pantalla, a los efectos de optimizar el trámite en este tipo de causas.
«Esta trascendental reforma implica revisar varios artículos clave que regulan principios procesales tradicionales basados en la presencialidad y el soporte papel, mutando a la utilización de medios electrónicos como regla general en la tramitación de los procesos judiciales», indica el texto.
«El proyecto que se propone generará mayor eficiencia en la tramitación de causas, reducción de tiempos y costos, acceso más amplio e igualitario a la justicia, especialmente para quienes se encuentran alejados geográficamente o en situación de vulnerabilidad, mejor trazabilidad y transparencia de los actos procesales, reducción del uso de papel con beneficios ambientales y de costos, y la adaptación del sistema de justicia a los estándares del siglo XXI», agrega.
A criterio de la letrada puntaltense, las acordadas de la Corte ocultaron «falencias» del Código procesal.
«Las acordadas vienen a subsanar diversas ausencias normativas del Código, entonces, de una vez por todas, hay que incorporarlas al CPCyC», declaró.
«Desde mi punto de vista esto no sucedió porque a veces resulta muy difícil reformar o sancionar una norma en las cámaras de Diputados o Senadores de la provincia de Buenos Aires».
«Por eso en este caso el órgano que necesita de normativa, como lo es el Poder Judicial, termina emitiendo normas de procedimiento para poder seguir funcionando de acuerdo con la actualidad, porque si no las leyes quedan totalmente obsoletas», señaló.
Uno de los primeros artículos del Código hace referencia a los principios generales de los jueces, entre los que se encuentra fomentar el uso de la tecnología durante el proceso.
La profesional del Derecho consultada enfatizó la necesidad de anexar en el CPCyC la posibilidad de llevar a cabo audiencias virtuales o mediante la modalidad mixta.
«Tenemos algunos tribunales o juzgados que sí lo hacen, pero otros no, lo que complica mucho el proceso», remarcó.
Notificaciones
Otra de las modificaciones que propuso Gómez es reglamentar las notificaciones electrónicas, que están vigentes pero «hay muchas dudas» respecto de esa herramienta y «sus plazos».
«También hay que reconocer la firma digital en el Código y como válidos los medios de prueba derivados de la tecnología (chats, videos y metadatos, entre otros). En definitiva, se trata de incorporar al Código todo lo relacionado con lo digital, para definir el rumbo de un proceso judicial», manifestó.
«Hay muchísimas provincias de la Argentina que receptan todos estos aspectos y nosotros, en este sentido, estamos muy atrasados», sostuvo.
«Es momento que la provincia de Buenos Aires pueda adecuarse a la actualidad», continuó.
Su proyecto de ley abarca procesos de Familia, Trabajo, algunos administrativos, y Civiles y Comerciales, como un desalojo o una sucesión.
«Espero que pronto la Cámara sesione otra vez para que el proyecto se incorpore y pueda ser estudiado en las comisiones».
«Es una decisión muy importante; quizá no para la política pero sí para la gente, porque un proceso que sea rápido, eficiente, menos burocrático, con menos costos y tiempos, beneficia a la ciudadanía», finalizó Gómez.
Menos burocracia
Pruebas. «El juez no va a tomar como único elemento de prueba, por ejemplo, un audio de WhatsApp, sino que ese soporte va a ser una prueba más que ayude al proceso. Después, si así lo considera, puede ordenar diversas medidas para comprobar que el audio sea verdadero», explicó la legisladora de La Libertad Avanza.
Desconocimiento. A criterio de la entrevistada, no se pueden «desconocer» estos medios de prueba, que no están contemplados en el CPCyC bonaerense.
Abarcativo. Según Gómez, en Diputados no hay otros proyectos tan «abarcativos» como el suyo. Lo presentó la semana pasada y no va a tomar estado parlamentario hasta que la Cámara vuelva a sesionar.
Penal. La legisladora puntaltense tiene previsto presentar otro proyecto de ley para la reforma del Código Procesal Penal.
(La Nueva)
