El Gobierno nacional resolvió extender por un año la vigencia del Decreto N° 514/2021, una medida clave que permite a los trabajadores rurales mantener sus beneficios sociales aun cuando son incorporados al empleo registrado. La decisión, oficializada a través del Decreto 777/2025 publicado en el Boletín Oficial, lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Según estimaciones oficiales, más de 120 mil trabajadores rurales registrados y sus familias se verán beneficiados por esta prórroga.
El texto oficial sostiene que la medida busca “asegurar el cumplimiento de los objetivos perseguidos” por la normativa original y consolidar los avances en materia de inclusión laboral y formalización del empleo rural. La extensión responde a un pedido formulado en agosto por José Voytenco, secretario general de la UATRE y presidente del RENATRE, quien había solicitado su continuidad para sostener los niveles de empleo formal alcanzados en los últimos años. El artículo primero del nuevo decreto establece: “Prorrógase la vigencia del Decreto N° 514 del 13 de agosto de 2021, sus normas complementarias y aclaratorias, por el término de un año, contado a partir del 1° de septiembre de 2025”.
El Decreto N° 514 fue implementado en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández, con el propósito de fomentar la registración laboral y ampliar los beneficios de seguridad social para trabajadores rurales temporales y estacionales. Su aplicación eliminó un temor histórico: perder los planes sociales al acceder a un trabajo formal. En ese sentido, garantizó que las asignaciones familiares de los trabajadores contratados bajo sus modalidades no sean inferiores al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo, al tiempo que permitió conservar programas sociales durante la transición hacia el empleo formal.
Desde el Ministerio de Capital Humano remarcaron que esta continuidad favorece la estabilidad del empleo en las economías regionales, garantizando la protección social de los trabajadores temporarios. “Las medidas dispuestas han contribuido a la inclusión laboral del sector, a la mejora de sus ingresos y de las condiciones de vida de sus grupos familiares”, expresa el decreto en sus considerandos.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) celebró la decisión y destacó que la norma permitió aliviar la falta de mano de obra en tareas de cosecha. Según datos del sector, el trabajo temporario representa cerca del 70% de la mano de obra rural contratada, distribuida en más de 30 complejos productivos que abarcan el 63% de las explotaciones agropecuarias del país.
Con información de Perfil
