La fiscal general Fabiana León, quien llevará adelante la acusación en el caso Cuadernos desde el jueves próximo, advirtió que se trata de la investigación «de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina».
Cuadernos es «solo comparable a unas pocas a nivel mundial«, agregó en un informe que presentó su fiscalía con un detalle del juicio que se iniciará el 6 de noviembre a la ex presidenta Cristina Kirchner, procesada como presunta jefa de asociación ilícita y cohecho pasivo, es decir, recepción de pagos ilegales, informaron fuentes judiciales.
«Consideramos que esta causa (en realidad un conjunto de causas) demanda una especial necesidad de explicaciones porque, a nuestro entender, es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial», destacó.
En la primera parte del informe la fiscal hizo mención a las características de la investigación que llega a debate oral con un total de 87 acusados, entre ellos la ex presidenta, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra pública José López y el ex funcionario de esa cartera Roberto Baratta.
También llegan a juicio los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros ex funcionarios.
Se juzgarán 540 hechos y también llegan al estrado 65 empresarios y dos choferes, uno de ellos el remisero autor de los escritos en los cuadernos, Oscar Centeno, imputado colaborador en el caso procesado como supuesto miembro de asociación ilícita.
Entre los empresarios que llegan a juicio están el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona.
Todos llegan a juicio ante el Tribunal Oral Federal 7 «acusados de liderar, organizar e integrar una asociación ilícita -de acuerdo a cada caso- que funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales», resume el informe.
A lo largo de los años desde 2018, cuando se inició el primer expediente 9608 con la entrega de los cuadernos en la fiscalía federal de Carlos Stornelli en Comodoro PY 2002, se han dictado «embargos, inhibiciones generales de bienes e intervenciones de sociedades, secuestros de elementos (maquinarias), prohibiciones de no innovar, de repartir dividendos, subrogados de ganancias, etc».
«Si bien algunas medidas se han cambiado por otras, estas satisfacen de mejor modo los fines reseñados.
En definitiva, ni un solo centavo alcanzado por estas afectaciones en beneficio del Estado se ha perdido o se ha desatendido», aseguró la fiscalía.
Los delitos que se imputan van desde asociación ilícita a cohecho, dádivas y encubrimiento, según el caso. El delito de asociación ilícita prevé hasta diez años de prisión y el de cohecho tiene un máximo de seis años.
Las audiencias desde el 6 de noviembre serán virtuales por decisión de los jueces del Tribunal Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero.
(NA)
