El Gobierno avanzó en un proyecto para reemplazar los planes sociales por vouchers de capacitación. La ministra Sandra Pettovello impulsa una prueba piloto en el Centro de Formación de Capital Humano. Participarían empresas como Sinteplast y Arcos Dorados.

El Gobierno nacional avanzó en una iniciativa para transformar los planes sociales en un sistema de cupones o vouchers destinados a financiar capacitaciones laborales. El programa, impulsado por el Ministerio de Capital Humano, busca reemplazar las transferencias monetarias directas por instancias de formación en empresas y centros educativos.

Un modelo basado en la capacitación y la inserción laboral

Desde la cartera conducida por Sandra Pettovello explicaron que el objetivo es reconvertir los programas Volver al Trabajo (VAT) y Acompañamiento Social (PAS) en políticas activas que fortalezcan las habilidades laborales de los beneficiarios.

“Estamos trabajando en un sistema de vouchers para que la gente pueda capacitarse en lo que quiera, en trabajos útiles para cada región del país”, indicaron allegados a la ministra.

La propuesta comenzará con una prueba piloto en el Centro de Formación de Capital Humano, donde se dictarán cursos con certificaciones progresivas en oficios y formación docente. “No vamos a avalar cualquier cosa”, aclararon voceros del ministerio, al señalar que las capacitaciones deberán cumplir con criterios técnicos y estándares de calidad.

Empresas involucradas y nuevo esquema de cooperación

La ministra Pettovello mantuvo conversaciones con representantes de grandes compañías interesadas en sumarse al esquema, entre ellas Sinteplast y Arcos Dorados (McDonald’s).

En el coloquio de IDEA, realizado en Mar del Plata, la funcionaria dialogó con empresarios que manifestaron disposición para ofrecer capacitaciones en sus plantas y centros de formación.

La idea oficial es que el Estado aporte la infraestructura y la manutención de los espacios, mientras que las empresas cubran los contenidos y materiales de formación. “Tendremos que hablar con gobernadores e intendentes para escalar el proyecto a nivel nacional”, señalaron desde el entorno de Pettovello.

Origen del plan y antecedentes

La reforma del sistema social comenzó en 2024, cuando Pettovello dispuso la división del programa Potenciar Trabajo -que beneficiaba a más de 1,3 millones de personas- en dos subprogramas:

Volver al Trabajo (VAT): orientado a la empleabilidad, con casi un millón de beneficiarios.

Acompañamiento Social (PAS): enfocado en asistencia a mayores de 50 años o madres con cuatro o más hijos.

Casi la mitad de los beneficiarios reside en el conurbano bonaerense. El Gobierno sostiene que el nuevo modelo “busca dar herramientas concretas para la inserción laboral”, aunque admite que solo un 10% de los inscriptos podría acceder a un empleo formal en el corto plazo.

Críticas y movilizaciones de las organizaciones sociales

Las organizaciones agrupadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realizaron manifestaciones frente al Ministerio de Capital Humano para reclamar la actualización de los haberes -congelados en $78.000 desde 2023- y el pago de un bono de emergencia.

“El Gobierno no puede congelar los ingresos de los sectores populares mientras la inflación sigue subiendo”, expresó Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP.

Pese a las protestas, el Ejecutivo ratificó su rumbo. Pettovello defendió la reconversión como una “política de autonomía” para los beneficiarios, destinada a reducir la dependencia de intermediarios sociales y promover la capacitación directa.

Un sistema en construcción

La ministra planea extender el modelo de vouchers a provincias y municipios antes de fin de año, aunque reconoció que el programa “aún está en fase de diseño”.

Fuentes empresarias señalaron que el objetivo inmediato es capacitar formadores que luego puedan replicar los contenidos en otros centros de formación.

El desafío será definir la financiación de materiales y la acreditación de los cursos, dado que las empresas participantes cubrirían solo una parte de los costos.

Contexto y antecedentes sociales

La política de transferencias condicionadas se implementó en Argentina desde 2002 con el programa Jefes de Hogar, expandido luego durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Durante la gestión del Frente de Todos, la cantidad de beneficiarios alcanzó niveles récord.

En paralelo, el actual gobierno redujo la intervención de las organizaciones sociales al eliminar la obligatoriedad de la contraprestación laboral y al desvincular el Salario Social Complementario del salario mínimo.

Según datos oficiales, 73.279 beneficiarios fueron suspendidos y 2.260 planes dados de baja, aunque parte de las medidas debieron revertirse por orden judicial.

Mientras tanto, el Ejecutivo concentró la inversión social en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, que —según cálculos oficiales— pasó de cubrir el 54% al 94% de la canasta básica alimentaria. (fuente Clarín)