En el contexto de una nueva audiencia por la causa Cuadernos, en la que se investigan presuntas coimas en la asignación de obra pública entre 2003 y 2015, el financista Ernesto Clarens declaró este martes ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N°7 que las entregas que incluían una gran cantidad de dinero se realizaban en el departamento del matrimonio de Néstor y Cristina Kirchner, ubicado sobre calle Juncal, en el barrio porteño de Recoleta.
El imputado indicó que comenzó a trabajar en el entramado a cambio de comisiones y que su principal tarea era entregarle el dinero ilegal que ofrecían los empresarios al exsecretario presidencial, Daniel Muñoz. «En determinado momento me pide que trate de traer euros en billetes de 500 porque ocupaban menos lugar«, recordó.
En ese marco, expresó que solían pactar la entrega en una habitación del Hotel Panamericano, que «no siempre era la misma» y resaltó que si la suma era de mayor importancia la operación se llevaba a cabo «en el domicilio de la calle Juncal y Uruguay del matrimonio Kirchner». «En esos casos Muñoz me esperaba en el hall de la planta baja del edificio de Juncal, yo nunca subí al departamento», aseguró.
Por otro lado, los integrantes del TOF N°7 leyeron cuál es la responsabilidad que se la atribuye a quien fuera dos veces presidenta: «Tuvo el rol de organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional».
De acuerdo al documento, la maniobra se realizó de manera «sofisticada con división de roles«, en la cual Cristina ocupa el lugar de «jefa de la asociación ilícita». «La organización fue diagramada desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo de la Nación», indicaron los jueces.
«Así lo evidencian las anotaciones de Oscar Bernardo Centeno y las declaraciones de los imputados colaboradores Ernesto Clarens y Claudio Uberti, siendo quien ejerció la jefatura de la organización y la única con capacidad efectiva de decidir cómo y qué hacer con los pagos realizados por los empresarios», expusieron sobre el accionar de la titular del Partido Justicialista (PJ).
Según el requerimiento de elevación a juicio, el cuadro de prueba reunido logró demostrar «con certeza» que de la organización criminal también participaron Julio De Vido, exministro de Planificación, Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación y Carlos Wagner, por entonces Presidente de la Cámara de Construcción.
En relación a De Vido, la Justicia precisó que «intervino en la fundación, sistematización y armado de la asociación ilícita» y «fue uno de los encargados de seleccionar a los demás integrantes y distribuir algunas de las tareas más esenciales del sistema de recaudación de dinero». (El Canciller)
