El Tribunal Oral Federal Número 7 integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli avanzó este jueves con la séptima audiencia del juicio por las anotaciones de Oscar Centeno con la lectura del requerimiento de elevación a juicio presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante.
El organismo antilavado, actualmente encabezado por Paul Starc, ubicó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como la “principal artífice” de una organización criminal dedicada a la recaudación de fondos ilegales durante su administración.
Según la querella, la estructura delictiva operó entre 2008 y 2015 y tuvo por finalidad montar un sistema sostenido de recaudación de dinero ilegal “para enriquecerse ilegítimamente y financiar otros delitos”, al aprovechar la posición de poder de los funcionarios del Ejecutivo nacional.
Al igual que la fiscalía, la UIF sostuvo que Néstor Kirchner y Cristina Fernández estuvieron al frente de la organización, que de acuerdo con la acusación funcionaba desde la cima del Estado y detalló que los fondos eran entregados alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo o a sus secretarios privados en distintos domicilios, como Uruguay 1306 y Juncal 1411 en la ciudad de Buenos Aires, además de la Residencia de Olivos y la Casa Rosada.
Para la UIF, parte del dinero, era redistribuido o utilizado para pagos a otros funcionarios. El organismo respaldó sus afirmaciones tras mencionar las declaraciones del ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti y el financista Ernesto Clarens, quienes manifestaron haber entregado dinero al fallecido secretario presidencial Daniel uñóz en departamento de Juncal y Uruguay en el barrio de la Recoleta.
La acusación
La UIF destacó que esos los dichos de ambos arrepentidos “refuerzan la participación y el rol de liderazgo de la ex presidenta”, al indicar que impartía órdenes, asignaba funciones y decidía continuidad o suspensión de las operaciones.
También se hizo mencion a la declaración del antiguo titular de la Camara Argentina de la Construccion Carlos Wagner, quien describió una reactivación del esquema de recaudación desde 2012 y precisó que la operatoria se extendió hasta el final del segundo mandato de Fernández de Kirchner.
Clarens, por su parte, brindó detalles sobre aportes de firmas como ESUCO, Cartellone, Chediack y Roggio, vinculados, según sus dichos, a la financiación de campañas políticas entre 2012 y 2015.
La querella describió el esquema como un circuito “permanente, dinámico y aceitado”, destinado a asegurar retornos ilícitos de empresas contratistas del Estado. Según la imputación, para acceder a obras públicas, concesiones viales o subsidios, las compañías debían entregar un porcentaje de los pagos estatales a funcionarios designados para recibir esos retornos.
En el requerimiento de elevación a juicio de la UIF, se citaron tramos de resoluciones anteriores que mencionan bolsos con dinero trasladados a domicilios de Recoleta, Olivos o la Casa Rosada, y luego enviados a Río Gallegos, señalando que las evidencias conducen a sostener que el destino final de los fondos eran los expresidentes.
Sobre las responsabilidades individuales, el organismo querellante insistió en que Cristina Fernández ocupó la jefatura de la asociación ilícita, al sostener que tras la muerte de Néstor Kirchner se consolidó como la principal responsable de una estructura que mantuvo su funcionamiento a lo largo de los años, con el objetivo de enriquecimiento personal y financiamiento de otras actividades ilícitas. (NA)
