En una sesión considerada histórica, el Senado de Mendoza aprobó este martes la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino -una actualización del antiguo San Jorge- y habilitó por primera vez en casi dos décadas el avance de una explotación metalífera bajo la vigencia de la Ley 7722. La decisión abre la puerta a una inversión de 560 millones de dólares y coloca al emprendimiento como potencial pionero en la producción de cobre a escala industrial en la Argentina.
La aprobación en ambas cámaras, gracias a la escribanía que mantiene el gobernador Alfredo Cornejo, fue celebrada por el oficialismo, el cual contó con apoyo opositor en ambas sesiones para así llevar adelante el proyecto minero más ambicioso en el cual se ha sumergido la provincia cuyana.
Menudo problema para la gestión radical, esa que en más de una oportunidad se negó a sumarse al debate, puntualmente cuando no era gobierno y las riendas de la provincia estaban en manos del peronismo. Ahora deberá lidiar con el estigma de haber aprobado algo que no cae bien en gran parte de la sociedad mendocina.
Un retroceso en el tiempo: “Estoy en contra de los proyectos megamineros que no reúnan los requisitos ambientales básicos”, decía Alfredo Cornejo cuando como senador provincial, allá por 2003, ampliaba los límites de la reserva de la Laguna del Diamante. Férreo opositor, tiempo después, al Proyecto San Jorge impulsado por Francisco “Paco” Pérez.
Pero los tiempos cambian. Alfredo Cornejo comenzó a ver, de la mano de la minería, que los recursos pueden llegar a una Mendoza que ya no exporta el vino que exportaba y que ya no es uno de los atractivos turísticos de antaño, dos de los principales motores de ingresos para la provincia.
Desde este martes, todo cambió en la “tierra del sol y del buen vino”. El yacimiento, ubicado en la Estancia El Yalguaraz en Uspallata, será explotado mediante flotación, un método que, según el oficialismo, respeta las restricciones químicas que establece la legislación provincial. Desde la sanción de la 7722 en 2007, ningún proyecto de explotación había logrado un aval parlamentario, ya que la norma exige que toda etapa minera cuente con una DIA ratificada por ley.
Qué dijo Cornejo tras la aprobación
El gobernador, que estuvo en Buenos Aires en la mesa del Consejo de Mayo mientras en la Legislatura local se debatía PSJ Cobre Mendocino, hizo su aparición triunfal en su cuenta de X, desde donde, más allá de no contar con el aval de gran parte de la población, sentenció: “Mendoza dio un paso histórico. Hoy ganó la coherencia, ganó la lógica y ganó la decisión de prepararnos para el mundo que viene. Con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino abrimos la puerta a la producción de cobre, un mineral fundamental para avanzar hacia la transición energética. Esto significa empezar a dejar atrás los combustibles fósiles que contaminan y proteger el ambiente”.
En medio de su euforia, el radical metió en el paquete otro “victoria” suya y sus planes mineros para Mendoza: “Sumado a la aprobación del Malargue Distrito Minero Occidental II para seguir explorando nuestro suelo, junto con la Ley de Regalías Mineras y el Fondo de Compensación Ambiental, continuamos con un proceso ordenado y con reglas claras para encarar este nuevo camino de desarrollo”.
También tuvo tiempo para reflexionar sobre un hecho puntual. “Hoy, justo a dos años de mi segundo mandato, iniciamos ese camino con responsabilidad, controles estrictos y cumplimiento pleno de la Ley 7722. Podemos avanzar hacia energías más limpias, a modernizar redes eléctricas, electrificar el transporte, entre otras cosas. Nada de esto nació de un slogan. Es fruto de trabajo, diálogo y estudios. Tuvimos la audiencia pública más grande de nuestra historia, incorporamos informes de universidades y organismos especializados y analizamos cada aspecto del proyecto con equipos multidisciplinarios. Siempre en el camino correcto, como debe trabajar una provincia responsable”, dijo.
Mendoza dio un paso histórico. Hoy ganó la coherencia, ganó la lógica y ganó la decisión de prepararnos para el mundo que viene.
Con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino abrimos la puerta a la producción de cobre, un mineral fundamental… pic.twitter.com/7kuEKOqimE
— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 9, 2025
En otro tramo de su extenso posteo, Alfredo Cornejo repartió municiones contra parte de la oposición: “Pero como era de esperarse, el kirchnerismo no acompaño este proyecto. Durante años dijeron públicamente que apoyaban la minería, pero cuando llegó el momento de sostenerlo con el voto eligieron retirarse. Prefirieron volver a las consignas vacías y conveniencias políticas”.
Para finalizar, dejó un mensaje para los habitantes de la provincia, muchos de ellos bastante molestos con la aprobación de la DIA: “Mendocinos, tenemos una oportunidad histórica y estamos listos para aprovecharla, que el mundo nos conozca como productores de cobre con la misma responsabilidad y excelencia con la que hacemos nuestros vinos. Hoy dimos el paso que nos proyecta hacia el futuro que queremos. Demostremos una vez más que sabemos hacer las cosas bien, que el progreso no se construye con miedo, sino con responsabilidad y coherencia”.
Debate caliente, con voces (en mayoría) a favor y en contra
El debate legislativo estuvo atravesado por fuertes tensiones políticas. La Unión Mendocina (espacio que se creó luego del alejamiento de Omar De Marchi de Cambia Mendoza) acompañó la aprobación, aunque remarcó que su respaldo no implica un cheque en blanco al Gobierno.
Un sector del peronismo también apoyó la iniciativa, mientras que el PJ y el kirchnerismo más duros, junto con el Partido Verde, se pronunciaron en contra por considerar que la DIA presenta deficiencias técnicas y podría derivar en judicialización.
El antecedente clave: 2019 y el mayor estallido social en defensa del agua
La discusión actual sobre la minería en Mendoza no puede separarse del recuerdo de diciembre de 2019, uno de los momentos más explosivos en la historia ambiental reciente de la provincia. Durante aquellos días, el entonces gobernador Rodolfo Suárez impulsó —con apoyo legislativo exprés— una modificación de la Ley 7722 que permitía el uso de cianuro y ácido sulfúrico en la actividad minera.
Lo que siguió fue un punto de quiebre:
- Tras la aprobación acelerada del 20 de diciembre, la provincia se vio sacudida por un movimiento social sin precedentes.
- El 23 de diciembre, una multitudinaria marcha que partió desde San Carlos llegó a Casa de Gobierno, donde la policía reprimió a manifestantes.
- El 27 de diciembre, Suárez reconoció públicamente la falta de “consenso social” para avanzar con la reforma.
- Finalmente, el 30 de diciembre, la Legislatura derogó las modificaciones, un hecho que muchas organizaciones recuerdan como “la recuperación” de la ley.
Desde entonces, la defensa del agua se consolidó como una identidad provincial, sintetizada en consignas que se volvieron símbolo: “La 7722 no se toca” y “El agua de Mendoza no se negocia”. Este martes, esas mismas frases volvieron a sonar frente a una Legislatura vallada y rodeada de un importante operativo policial.
Mientras en el recinto se discutía el futuro del proyecto, miles de personas se manifestaron en el centro mendocino. Hubo caravanas provenientes de Uspallata y del Valle de Uco que iniciaron un día antes y que recorrieron, a pie, cientos de kilómetros desde distintos puntos de la provincia, en un reflejo de que el rechazo a la megaminería sigue teniendo un peso significativo en la sociedad local.
La denuncia de censura en el Conicet
En paralelo al debate político, el proyecto quedó envuelto en otra controversia: investigadores y becarios del Conicet Mendoza denunciaron, días antes de que el proyecto llegara a Senadores, que las autoridades del organismo bajaron de la web institucional un documento técnico que cuestionaba la calidad del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.
El informe, elaborado por especialistas de diversos institutos, señalaba fallas metodológicas, riesgos para la cuenca del río Mendoza, afectación de bienes arqueológicos y falta de datos suficientes para una evaluación seria. Tras el retiro del texto, la comunidad científica lanzó un formulario de adhesión pública en defensa de la autonomía técnica del organismo y contra las presiones políticas.
Lo que viene
Tras la ratificación en el Senado, solo falta la promulgación por parte del Ejecutivo. La empresa deberá presentar la factibilidad económica y avanzar en la ingeniería de detalle, paso previo a la construcción de la mina, estimada en 18 a 24 meses. Si los plazos se cumplen, el emprendimiento podría comenzar a operar entre 2027 y 2028.
El avance actual marca un giro profundo respecto del rechazo legislativo de 2011 y vuelve a poner a prueba la relación entre minería, política y sociedad en una provincia donde el recuerdo de 2019 sigue muy presente. (El Diario Ar)
