
La Justicia dispuso el congelamiento de todos los bienes en el país del excandidato libertario José Luis Espert, de su esposa María Mercedes González, de su hijo y de varios socios y familiares con los que comparte fideicomisos y sociedades. La decisión fue solicitada por el fiscal Federico Domínguez, quien conduce la investigación por presunto lavado de dinero que involucra al exdiputado.
La medida tiene como objetivo “asegurar los activos pasibles de decomiso”, según argumentó la fiscalía, y constituye el paso de mayor relevancia desde que, a comienzos de octubre, Domínguez dictaminó la imputación formal de Espert en la causa.
El origen de la investigación
El expediente se centra en los 200.000 dólares que Espert habría recibido del empresario Federico “Fred” Machado, acusado por narcotráfico en Estados Unidos. De acuerdo con la hipótesis fiscal, esos fondos estarían vinculados a actividades ilícitas atribuidas a Machado y habrían sido utilizados en el marco de la campaña electoral de 2019.
La investigación también incorpora la existencia de un contrato por un millón de dólares firmado entre Espert y Machado en Guatemala, elemento que ya formaba parte de la causa al momento de la imputación.
Bienes alcanzados por la medida
El congelamiento se extiende a María Mercedes González, al empresario Claudio Alberto Ciccarelli —primo de Machado—, al hermano del exdiputado Gustavo Sergio Espert, y a diversas firmas vinculadas al entorno familiar.
Entre los bienes alcanzados figuran inmuebles, vehículos, sociedades comerciales y el sello electoral Avanza Libertad. También se incluye la quinta de Escobar de Espert, allanada previamente, donde la fiscalía aseguró haber hallado una factura de exportación por 300.000 dólares emitida por la firma Wellington Capital Markets Ltd, con domicilio en Australia y CUIT de Panamá.
Según el dictamen, esa factura fue emitida en mayo de 2019, en los inicios del vínculo entre Espert y Machado, y evidenciaría la existencia de una cuenta bancaria en el exterior no declarada ante los organismos fiscales argentinos.
Evolución patrimonial bajo la lupa
El fiscal Domínguez señaló que entre 2018 y 2020, período posterior al inicio de la relación con Machado, Espert duplicó su patrimonio, sin que ese incremento pueda ser explicado por sus ingresos declarados.
El crecimiento patrimonial se refleja, entre otros elementos, en la adquisición de un BMW valuado en $5.917.100 y en la incorporación de un condominio familiar, por un total estimado de $18.903.390. Sin embargo, los ingresos registrados ante la AFIP para el ejercicio 2020 ascendieron a $1.675.123,67.
El dictamen también subraya que en 2020 Espert habría recibido una acreditación de USD 200.000, un mes antes de la compra del vehículo, fondos que no figuran declarados en la correspondiente declaración jurada.
Sociedades y presuntos testaferros
La fiscalía identificó cuatro estructuras societarias a través de las cuales, según la investigación, se habrían canalizado fondos de origen presuntamente ilícito:
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El Encuentro de Castello S.A. (2023) y Killaco S.A. (2007), del rubro agropecuario, en sociedad con su hermano.
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Un condominio familiar creado en 2019.
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Varianza S.A., firma de consultoría financiera creada ese mismo año junto a su esposa, utilizada —según el fiscal— para alterar la facturación y justificar ingresos.
Además, se detectaron bienes a nombre de su esposa, como un lote en Martínez y dos vehículos Porsche, y a nombre de su hijo de 23 años, titular de un auto Lexus pese a no registrar ingresos ni inscripción fiscal, situación que llevó al fiscal a considerarlo un posible “testaferro”.
Un vínculo bajo análisis
El dictamen incorpora también referencias a un vínculo entre Espert y el trader Mauricio Novelli, señalado en otras investigaciones por su presunta conexión con la causa conocida como “Libra”. Según la fiscalía, Espert habría emitido facturas, a través de Varianza S.A., a María Pía Novelli, hermana del trader.
“Los datos analizados revelan una evolución patrimonial incongruente con los ingresos lícitos identificables”, concluyó Domínguez, quien consideró que existen indicios suficientes de adquisición de bienes con fondos de origen ilícito, motivo por el cual solicitó y obtuvo el congelamiento de los activos mientras avanza la investigación judicial.
Con información de Pagina 12

















