Tal como lo planteó hace unos días el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires rechazó el tratamiento «limitado» que en el Congreso se le daría al anteproyecto de reforma del Código Penal de la Nación, presentado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Los magistrados bonaerenses alertaron sobre los riesgos de un tratamiento a «libro cerrado, en forma precipitada o con un debate limitado, tal como se viene planteando desde el Gobierno», y consideraron que la sanción de una ley de estas características demanda un «amplio y exhaustivo diálogo, que debe involucrar a los especialistas en la ciencia jurídica, pero también a los operadores del sistema judicial que trabajan a diario en su aplicación».
«La necesidad imperiosa de entablar un debate abierto, público y profundo de esta naturaleza es una condición fundamental en el marco de una sociedad pluralista y democrática, no solo porque de este modo se confiere una mayor legitimación de origen a una norma crucial en la vida de una sociedad, como es un Código Penal, sino también porque de este modo se pueden evitar defectos estructurales y de redacción que desembocarán en problemas para su interpretación e implementación a cargo de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial», indicó la Red.
La entidad pidió además ser convocada al debate parlamentario para aportar su experiencia y participar de un diálogo «democrático sobre una norma que tanta relevancia social e institucional tiene».
La propuesta de cambiar íntegramente un CP que, con sus luces y sombras, ha regido el derecho penal argentino durante más de un siglo -señala el comunicado-, «también es necesario extenderla a las reglas de reconocimiento que se consolidaron durante generaciones de juristas y jueces, a través de la doctrina y la jurisprudencia nacional».
«De allí que resulta desaconsejable legislar de un modo exprés o sancionar el nuevo cuerpo normativo de manera precipitada, sin haber escuchado a la mayor cantidad de expertos en la materia, acerca de la operatividad real de un nuevo CP y del impacto que el mismo producirá en nuestras alicaídas cárceles», manifestaron los representantes del Poder Judicial provincial.
Según los firmantes, algunas estadísticas justifican «adoptar recaudos y alertar» sobre los peligros a los que conduce una «regulación punitiva cuyo único norte es la mayor severidad, abandonando por completo el programa resocializador que está inserto en nuestro programa constitucional».
«La creación de nuevos tipos penales, aumento de escalas punitivas para los existentes, formas más rigurosas de ejecución, y de una imputación más amplia con la adecuación de la parte general del Código Penal, únicamente agravarán el cuadro de situación descripto, sin que con ello se registre un correlato en las demandas de seguridad pública que se predican».
En 2023 -añadieron- el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura ya informaba que en la Argentina había 128.010 personas privadas de la libertad, con una tasa de «prisionización de 274,4 cada 100 mil habitantes, con una capacidad total de plazas penitenciarias de 79.423, lo que expresaba una tasa de ocupación carcelaria del 142,7%».
Cuando se analiza el caso bonaerense, la situación se torna más acuciante, plantearon desde la Red.
El Registro Único de Detenidos contabilizó el año pasado 66.991 detenidos.
«Esto implica una de las tasas de prisionización más elevadas de la región, alcanzando 376 (presos) cada 100 mil habitantes, el 52,3% del total de detenidos del país. Por su parte, aunque la capacidad total varió en los últimos años, la tasa de superpoblación osciló entre un pico del 215% en 2022, 194,7% en 2023 y un 150% en 2024», indicaron.
«Pero una tasa de convergencia entre plazas disponibles y cantidad de detenidos requeriría una sostenida inversión de más de medio siglo. Esto es así porque la tasa de prisionización ha ido marcando un progresivo aumento desde el año 2012, cuando era de 198 detenidos por cada 100 mil, con registros anuales incrementales del orden del 9 por ciento. Así se pasó en 10 años de un total de 31.303 personas privadas de su libertad a los 66.991 actuales.
«Esta información objetiva, que emerge de los registros públicos de organismos institucionales creados por leyes nacionales y provinciales, demuestra que no existe nada parecido a una puerta giratoria, como repetida y erróneamente se insiste en medios de comunicación y redes sociales», continuaron diciendo.
Más presos
«Hace más de 20 años que las tasas de encierro vienen registrando un incremento exponencial. Esto no solamente es producto del agravamiento de penas y de la reducción de las salidas previstas en el régimen progresivo de ejecución (ley nacional 24.660 y provincial 12.256), sino también de un mayor ingreso de detenidos, más celeridad en el tratamiento de los procesos y el aumento de condenas por medio del juicio abreviado».
«Abrigamos la esperanza y la pretensión de poner en evidencia unas verdades inocultables a esta altura de nuestra experiencia democrática, como de sucesivas reformas del sistema penal, que lo ha ido tornando en uno de los más severos de la región», finalizaron los jueces de la institución.
El comunicado lleva las firmas de la presidente de la Red, María José Lescano, y el secretario Julio Grassi.
Sin «soluciones mágicas»
Inseguridad. «Así como no se termina con la pobreza porque una ley así lo disponga, tampoco la inseguridad se acaba por sancionar leyes cada vez más severas. Las leyes no proporcionan soluciones mágicas».
Impacto. Las leyes penales -opinaron- tienen efectos concretos en los sistemas de administración de justicia y en los sistemas penitenciarios, pero «el impacto de ellos debe ser económicamente dimensionado, si se pretende diseñar una política criminal eficaz».
Recursos. «Esto implica contar con recursos públicos sostenidos para construir nuevos institutos de encierro en todas las jurisdicciones y destinar ingentes partidas presupuestarias para la formación y capacitación del personal penitenciario, gastos en alimentación, abrigo y medicación de internos, y programas de resocialización en talleres y educación».
Expansión. Se deben expandir los sistemas judiciales para absorber la gestión de casos.
(La Nueva)
