Desde hace cuatro días, el sistema que regula las cirugías cardíacas pediátricas en Argentina funciona en «piloto automático», una condición administrativa que en medicina intensiva puede ser letal. La plataforma digital sigue operativa y las alertas de pacientes graves continúan llegando desde las provincias, pero del otro lado de la pantalla ya no hay nadie capacitado para responder. En una decisión ejecutada sin transición, el Gobierno nacional despidió a la totalidad del equipo de especialistas que coordinaba el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), dejando al software «húerfano» de criterio médico.
El vacío que se generó en las últimas horas es, según denuncian los especialistas, un acto de ceguera administrativa sin precedentes. No se trató de un ajuste fiscal sobre cargos políticos, sino de la decapitación del equipo técnico (integrado por Willy Conejeros Parodi, Paula Campana, Carlos Rosental, Silvina Rosellot, Mariana Fernández, Tomas Schwaller y María Eugenia Olivetti) que funcionaba como el cerebro de una red federal compleja. La orden de la Dirección Nacional de Redes se ejecutó mediante un correo genérico citando el «artículo 9», dejando al programa más exitoso de la salud pública argentina atendido únicamente por personal administrativo, a quienes se les sugirió que los cardiólogos despedidos podían pasar «a hacer trabajo de telefonistas».
El impacto de este «apagón» de expertos es inmediato y federal. Hasta la semana pasada, si nacía un bebé con una malformación cardíaca en un pueblo del interior, este equipo evaluaba en tiempo real la complejidad y decidía si el paciente se quedaba en su provincia, iba a un centro regional o era trasladado a Buenos Aires. Hoy, esa torre de control está desierta. La Asociación Argentina de Salud Pública (AASAP) advirtió que la medida implica un riesgo de vida directo: desarticular la red significa volver a la época en la que la suerte de un niño dependía de la burocracia y no de su cuadro clínico, rompiendo la lógica de derivación que sostenía el sistema.
Las cifras exponen la irracionalidad de la medida: el PNCC había logrado reducir la lista de espera quirúrgica a cero y garantizaba una sobrevida del 95%, equiparando las estadísticas argentinas con las del primer mundo. El diputado y médico Pablo Yedlin fue categórico al calificar el desmantelamiento como «ilegal», recordando que el programa tiene rango de Ley desde 2023 (Ley 27.713). Sin embargo, la motosierra pasó por encima de la normativa, poniendo en jaque la atención de los más de 4.000 bebés que nacen anualmente con estas patologías, de los cuales la mitad requiere cirugía urgente para sobrevivir.
Lo que resulta incomprensible para la comunidad médica, como señaló la pediatra Ana Speranza, fundadora del programa, es la destrucción de algo que funcionaba. El PNCC no solo operaba: también capacitaba, equipaba centros en las provincias con bombas de circulación extracorpórea y realizaba diagnósticos prenatales. Al retirar a los coordinadores, el Ministerio de Salud no solo ahorra unos pocos contratos (cuyos sueldos no superaban el millón de pesos), sino que desperdicia una inversión estatal de 15 años en formación de recursos humanos, dejando a la deriva una estructura que fue modelo de exportación.
Mientras las sociedades científicas y los médicos del Garrahan alzan la voz, llama la atención la postura de ciertos legisladores con formación médica. Es el caso de los representantes misioneros, el diputado Oscar Herrera Ahuad (pediatra) y el senador Carlos Arce (cirujano), quienes, pese a conocer de primera mano la importancia vital de la derivación federal para las provincias del norte, evitaron pronunciarse sobre el desguace de un programa que salvó miles de vidas.
El diputado y médico Pablo Yedlin, uno de los impulsores de la ley que protege el programa, graficó la gravedad de perder esta logística: «El objetivo era que, nazcas donde nazcas, tuvieras una oportunidad. Si el chico estaba en Salta con una complejidad media, el coordinador lo derivaba al nodo de Tucumán. Si era más grave, iba a Córdoba o finalmente al Garrahan. Esa red de complejidad creciente, que es absolutamente lógica y eficiente, es la que acaban de romper». Según explicó el legislador, al eliminar a los coordinadores, se genera un cuello de botella peligroso: «Si dejás todo librado al azar, las provincias van a mandar todo al Garrahan. Se van a armar colas de espera enormes para patologías que podrían resolverse en el interior, y las de mayor complejidad se van a demorar. Ahí es donde empieza a haber muertes que no tendrían que ocurrir».
Sin embargo, Yedlin advierte que el ataque al programa tiene dos fases: el ahogo financiero previo y el tiro de gracia actual. «El Gobierno ya había secado los recursos hace más de un año. Antes, la Nación enviaba fondos a las provincias para pagar los insumos y descartables de estas cirugías; eso se discontinuó. Ahora, la frutilla del postre fue echar a los tres médicos que recibían las llamadas de todo el país. Es una decisión ideológica para decir ‘eché gente’, aunque el ahorro sea insignificante en el presupuesto de salud», sentenció.
«Hoy el programa está virtualmente desactivado. Los administrativos siguen estando, hay gente que responde, pero no hay médicos que tomen decisiones», agregó Yedlin, quien comparó esta situación con el desguace de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIm) y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): «Es una mezcla de inoperancia y ceguera ideológica. Creen que el Garrahan se va a hacer cargo de todo, pero sin un sistema federal que respalde los costos, una provincia no va a pagar la cirugía de un chico de otra jurisdicción. Rompieron los incentivos para que el sistema funcione».
El origen de este programa no fue la improvisación, sino la crisis. Nacido en 2008 bajo la tutela de eminencias como Guillermo Kreutzer y Horacio Capelli, el PNCC se diseñó para terminar con la desigualdad geográfica que condenaba a muerte a los niños del interior. El sistema se basó en categorizar 15 centros de distinta complejidad a lo largo del país y conectarlos mediante el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA). Los coordinadores hoy despedidos eran quienes monitoreaban esa red los siete días de la semana, las 24 horas, asegurando que cada paciente recibiera el tratamiento exacto en el lugar correcto, optimizando recursos y tiempos.
La escala del trabajo realizado es masiva. El equipo gestionaba unas 6.000 notificaciones anuales y coordinaba alrededor de 800 procedimientos quirúrgicos de alta complejidad por año. Además de las cirugías, el programa permitió que miles de niños no solo sobrevivieran, sino que crecieran integrados plenamente a la sociedad. Como escribió la doctora Alejandra Villa, primera coordinadora del ciclo: «El mayor éxito fue humano; no se trata de cargos, se trata de un modelo que demostró que el Estado salvando vidas es posible».
El doctor Oscar Trotta, ex directivo del Garrahan, explicó en diálogo con Página 12 que la clave del éxito radicaba en los nodos de resolución regional. Al descentralizar la atención de baja y mediana complejidad, se descongestionaron los hospitales de referencia nacional para los casos más graves. Despedir a quienes aceitaban este mecanismo es, en la práctica, volver a saturar las guardias de Buenos Aires y dejar sin respuesta a las provincias, rompiendo la lógica federal que sustentaba la ley recientemente reglamentada. (Perfil)
