Micaela Camino es doctora en Biología e investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas (CONICET). Sus esfuerzos para salvar de la extinción al pecarí quimilero (Catagonus wagneri) trabajando a la par de las comunidades indígenas y criollas en el Chaco Seco ya habían recibido en 2022 el afamado premio Withley.
En 2025, el National Geographic/Buffet Awards la galardonó por su liderazgo “en la gestión y protección de los recursos naturales”, calificándola como “inspiradora de un modelo a seguir”. Consultada por Mongabay Latam sobre la actual situación del ambientalismo en la Argentina de 2026 apela a una metáfora: “Estamos escalando el Everest por la pared más difícil y con muy poco equipamiento”.
La frase resume con exactitud la mirada de quienes se empeñan en sostener en pie leyes, proyectos y programas ante la renovada ofensiva en dirección contraria lanzada desde el Gobierno de Javier Milei, a partir del triunfo logrado en los comicios legislativos de octubre pasado. La presentación ante el Parlamento de una propuesta de modificación de la Ley de Glaciares para ser tratada en sesiones extraordinarias fue el 15 de diciembre la última andanada de un ataque que abarca todos los frentes. El Ejecutivo busca disminuir el área de protección de estos cuerpos de hielo para facilitar la explotación minera.
“Bajo pretextos ideológicos se obstaculizó el desarrollo del país [con una disposición] que contiene graves falencias”, expresa el comunicado oficial como argumento para reformar una ley aprobada en 2010, luego de arduos debates y sostenida por múltiples fundamentos técnicos, científicos y jurídicos, sumando voluntades desde todos los sectores políticos.
Un mes antes de la presentación del proyecto, el secretario de Energía de la Nación había declarado: “La actual ley genera un grado de incertidumbre demasiado grande para proyectos de inversión de envergadura”. El propio presidente Javier Milei afirmó: “Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre antes que tocar algo”. Una vez presentada la propuesta, desde la Mesa del Cobre, formada por cuatro provincias mineras (Mendoza, San Juan, Catamarca y Jujuy), subrayaron que la modificación permitirá destrabar inversiones extractivas por USD 35.000 millones.
La posible marcha atrás en las restricciones a la explotación minera en la Cordillera de los Andes es un excelente botón de muestra para explicar los retos que aguardan al medioambiente del país en los próximos años. El tema glaciares permite apreciar la visión general de desarrollo que expresa el Estado, el valor que se le otorga a la opinión de los científicos, la “batalla cultural” que las autoridades nacionales libran a través de sus decisiones y el respeto institucional a normas locales o internacionales.
“Esta flexibilización es un retroceso hecho y derecho, va en contra del artículo 41 de la Constitución Nacional que habla de un ‘ambiente sano’ y de tratados como el de Escazú, aprobado y ratificado por el país, que establece que no se puede ser regresivo en material ambiental”, indica sobre el último punto Agostina Rossi Sierra, bióloga y especialista en glaciares de la organización Greenpeace.
“Es imposible lograr el desarrollo de un país si no incluye las variables ambientales y sociales. La idea de que lo ambiental se opone a lo productivo ha quedado vieja. Hemos demostrado y tenemos ejemplos de que lo ambiental y lo social potencian y ordenan la verdadera producción, que es la sustentable”, señala Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina.
Lo que ocurre con la ley de glaciares puede anticipar, además, una medida semejante con la Ley de Bosques, sobre la que presionan los lobbies de las industrias forestal y agropecuaria. “Tenemos que defender estas leyes por las que tanto hemos peleado y que, incluso sin haberse implementado del todo, han resultado positivas”, reflexiona Camino.
1. Falta de fondos, desmotivación y miedos
El presupuesto nacional para 2026 que el Poder Ejecutivo logró aprobar en el Congreso antes de Navidad expresa con claridad las ideas del Gobierno. Según un estudio de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el apartado “Ecología y desarrollo sostenible” representa tan solo un 0.14 % del total de los fondos. Además, existe una reducción generalizada de los recursos asignados. Mongabay Latam intentó comunicarse con Fernando Brom, titular de la Subsecretaría de Ambiente, pero el funcionario no respondió los pedidos de entrevista.
La Subsecretaría de Ambiente recibirá un 33.8 % menos de dinero que el año pasado; el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, al que debería destinarse un 0.3 % del Producto Interior Bruto (PBI), apenas recibirá un 0.0107 %; el Servicio Nacional del Manejo del Fuego contará con un 53.6 % menos de ingresos que en 2025; y así en todos los rubros.
Mientras que en 2023 se habían programadas 5100 horas de vuelo contra los incendios —solo se concretaron poco más de 3000—, para este año se proyectan apenas 3100. También se disminuyeron los informes de alerta temprana y de evaluación de peligro de incendios de 2310 informes previstos en 2025 a 1850 en 2026.
Además, el presupuesto 2026 incluye la derogación de una vía de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que afectaría directamente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), una institución internacionalmente reconocida.
“Están desarmando todas las herramientas e instituciones que los investigadores usamos para trabajar”, subraya Camino, para añadir: “La ciencia es un trabajo colectivo. Yo puedo conseguir financiación internacional para mi proyecto, pero necesito interactuar, consultar y pensar con colegas que llevan adelante otros proyectos y lo que vemos es un vaciamiento del Estado: no se abren nuevos puestos, se eliminan programas, se anulan los apoyos económicos”.
La primera consecuencia es la desmotivación. “Más allá de la técnica y la disciplina, un científico requiere poder abstraerse, imaginar, pensar, y es muy difícil hacerlo cuando las principales preocupaciones pasan a ser la financiación de tu proyecto o intentar que te alcance el sueldo hasta final de mes”, analiza Camino.
La escasez de dinero para iniciar o continuar investigaciones, programas de conservación o estudios de campo encuentra, además, dos obstáculos adicionales. “El cierre de la USAID [Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por decisión del Gobierno de Donald Trump] impacta en organizaciones de Paraguay, Bolivia, Perú o Ecuador a las que apoyaba y que ahora compiten con nosotros en la búsqueda de donantes para la defensa del ambiente”, comenta Jaramillo.
Por otro lado, el Gobierno argentino decidió no avalar pedidos de cooperación que aborden temas de género o de pueblos indígenas, lo cual complica aún más conseguir fondos. “Las agencias internacionales consideran que no se puede trabajar en asuntos ambientales o productivos sin respetar las salvaguardas sociales que incluyen temas de pueblos originarios, género, equidad, juventud o inclusión, lineamientos opuestos a la posición del Gobierno en su declarada batalla cultural”, comenta Jaramillo.
La agresividad con la que suelen exponer sus ideas las autoridades nacionales, con el presidente Milei a la cabeza, incorpora un nuevo factor: el miedo. “La gente no quiere hablar, ni siquiera escribir un paper, muchos se cuidan por prevención o temor a perder sus ingresos. Es algo que nunca había visto”, informa Camino.
“Hay una profundización de la persecución de quienes piensan distinto. Las críticas no solo van dirigidas a la oposición política sino a los medios que preguntan o cuestionan algunas de las políticas referidas a los movimientos ambientales, sociales o de pueblos indígenas”, señala a su vez Pía Marchegiani, directora ejecutiva adjunta de FARN.
Para las comunidades indígenas, en cambio, las agresiones, los desalojos, los encarcelamientos y hasta los asesinatos son parte de la vida cotidiana. “Tenemos claro que habrá represión porque ya la hubo antes. Hay una criminalización permanente de todas las luchas y el pueblo mapuche está definido como enemigo, cuando no de terrorista. Pero nosotros vamos a seguir resistiendo”, asegura Hugo Aranea, werkén de la coordinadora del Parlamento mapuche-tehuelche de la provincia patagónica de Río Negro.
2. El agua, de los Andes al Paraná
Argentina es uno de los países con mayor cantidad y diversidad de glaciares en el mundo. El Inventario Nacional elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) identificó 16 968 cuerpos de hielo que ocupan 5769 kilómetros cuadrados repartidos en doce provincias, apenas el 1 % del área cordillerana en el país. Sin embargo, su importancia como reguladores de la naciente de cuencas hídricas ha hecho que el anuncio de modificación de la Ley de Glaciares sacudiese el final de año ambiental en el país.
“Todos estamos a la defensiva, pero el Gobierno y los medios subestiman al movimiento socioambiental, que ya ha tenido grandes triunfos en el verano. Creo que no lo van a tener fácil, será voto a voto”, se ilusiona Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA).
Manuel Jaramillo no comparte del todo el optimismo: “Hoy no hay una masa crítica que apoye la lucha por los recursos naturales y los espacios que benefician la calidad de vida de todos los argentinos. Un desafío para 2026 es recuperar y reforzar la licencia social que en parte se ha perdido en favor de los sectores empresariales y extractivistas”, afirma.
El proyecto contempla dos cambios fundamentales. Si para la ley original todos los glaciares y ambientes periglaciales son “reservas estratégicas de recursos hídricos” que necesitan ser conservados, la modificación solo incluiría a “los glaciares y geoformas periglaciales que constituyan una reserva estratégica de recursos hídricos o provean agua para la recarga de las cuencas hidrográficas”.
Dicho de otro modo, mientras la ley vigente prohíbe de manera genérica las actividades que “alteren de manera relevante” las funciones de glaciares y ambientes periglaciales -como la explotación minera o de hidrocarburos-, el nuevo texto deja sujeto a un estudio de impacto ambiental la relevancia de esas alteraciones. Además, se otorga a las provincias la facultad de efectuar dichos estudios.
De acuerdo con la Constitución Nacional, las 24 jurisdicciones en las que se divide el país son dueñas de sus recursos naturales. “Esta ley es para devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglacial. Eso será muy importante para la economía”, dijo el presidente Milei ante empresarios mineros. Paula Soneira, ex subsecretaria de Ambiente de Chaco y actual asesora de diferentes ONGs ambientalistas, enciende una alerta: “Con la coartada de la federalización nos vamos a quedar sin el gran avance que significaron las leyes de presupuestos mínimos”.
Este tipo de normas establecen un piso de protección que las provincias pueden complementar, pero en ningún caso perforar con sentencias regresivas. Pese a que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó en 2019 que los presupuestos mínimos no vulneran el federalismo, sino que lo ordenan, parece inevitable que el destino de los glaciares acabe dirimiéndose en la Justicia. “Vamos a dar todas las batallas necesarias para que sea anulada cualquier disposición que esté en contra de la Constitución”, anuncia Marchegiani.
El debilitamiento de la severidad y neutralidad de los estudios de impacto ambiental, así como del cumplimiento cabal de las audiencias de consulta con las poblaciones afectadas por algún proyecto productivo, son parte de la ruptura del marco institucional que denuncia el sector ambiental. “Además de desconocer el Acuerdo de Escazú, como sociedad civil dejaríamos de tener nuestra herramienta de poder, el único documento que mide lo que puedan producir la minería o las deforestaciones a nivel local. Nos quedaríamos sin opinión, sin democracia, sin nada”, explica Soneira.
Si el hielo centra la atención en los Andes, al otro lado del mapa el agua es protagonista en estado líquido. En 2026 se licitará la concesión de mantenimiento y control de la Vía Troncal Navegable Paraná-Paraguay, mal conocida como Hidrovía, arteria fluvial por donde circula el grueso de las exportaciones de granos, ganado y otros productos que exporta el país.
“Es una oportunidad para evaluar cuáles fueron los impactos socioambientales que se generaron durante los 29 años en los que el río se transformó en canal navegable”, dice Nadia Boscarol, coordinadora nacional del programa Corredor Azul en la Fundación Humedales/Wetlands, quien cree imprescindible “realizar una evaluación ambiental estratégica que permita analizar este megaproyecto de manera sostenible, considerando sus aspectos ambientales, sociales y económicos”.
En el pliego técnico de la licitación se prevé la profundización del dragado del canal navegable para permitir el ingreso de buques de mayor calado y la incorporación de los brazos inferiores del río, lo que facilitará la apertura de nuevos puertos en la orilla oriental.
“Un exceso de obras puede alterar los ciclos naturales de los humedales asociados al corredor fluvial, así como la biodiversidad que albergan, la calidad del agua y la conectividad natural del sistema”, señala Boscarol, antes de repasar los daños posibles: “Aumento de sedimentos en suspensión y de turbidez del agua; mayores derrames de hidrocarburos y otras sustancias que provoquen contaminación; riesgo de introducción de especies exóticas; mayor erosión costera y desmoronamiento de barrancas; impactos en la biodiversidad que afectará a las pesquerías artesanales; y alteración del régimen hidrológico con su consecuencia de inundaciones y sequías”.
Enrique Viale, quien se opone incluso a la utilización del término “hidrovía”, resume la situación: “La pretensión del Gobierno es entregar una concesión por 30 años, sin evaluación de impacto ambiental, priorizando solo lo económico y olvidando que se trata de un río que le da vida y trabajo a 14 millones de argentinos, atraviesa algunas de las ciudades más importantes del país y genera un amor muy especial en quienes habitan su litoral. Será otro tema que dará que hablar”.
3. Multiplicar áreas protegidas, una asignatura pendiente
En diciembre de 2024, el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SiFAP) aseguraba que el 16.61 % del espacio continental y el 7.11 % del marino estaban bajo conservación. Ocho meses después, un estudio propio de la Asociación Argentina de Ecología, apoyado en una base de datos actualizada, reducía la estimación de la protección terrestre a un 10.41 % y apenas aumentaba la marina a un 8.49 %, aunque los valores caían aún más drásticamente -2.22 % y 5.76 %, respectivamente- si se tomaban en cuenta solo las categorías que la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) considera más estrictas.
En cualquiera de los tres casos, las cifras están muy alejadas del Compromiso 30×30, meta global del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal (COP15), que busca conservar y proteger al menos el 30 % de las zonas terrestres y marinas del mundo en el año 2030.
“Argentina está cada vez más lejos de cumplir ese compromiso que firmó, y hoy solo la sociedad civil desde algunas ONGs vinculadas a la biodiversidad están sosteniéndolo para que no muera”, subraya Paula Soneira. La creación de parques nacionales es una de las materias que el Gobierno nacional desechó desde el primer momento. Los nuevos espacios pasan de esta manera a depender del interés de las autoridades provinciales.
“Jujuy creó en mayo el parque provincial La Reina, en las Yungas [14 000 hectáreas]; y Entre Ríos puso en funcionamiento Islas y Canales Verdes del Río Uruguay [4000 hectáreas], pero el único de estos proyectos subnacionales que se encuentra realmente vivo es el parque provincial Jaaukanigás [‘gente del agua’, en lengua abipona], un sitio Ramsar al norte de la provincia de Santa Fe que protege la planicie de inundación del río Paraná en ese sector y ayuda a mantener en pie la cadena pesquera”, resume Soneira.
La actividad para cerrar la brecha con el Compromiso 30×30 es muy escasa por fuera de estos intentos. En Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut), antigua capital del petróleo patagónico sobre el Mar Argentino, un grupo de organizaciones civiles con el apoyo de National Geographic propugna la creación de una zona protegida marina basada en la recuperación en la zona de la ballena sei (Balaenoptera borealis). Una película documental, La ballena desconocida, sirve para difundir la idea de convertir el lugar en un destino turístico.
La efectividad de la primera experiencia de Argentina con el Fondo Verde para el Clima, por el cual el país recibió de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 83 millones de dólares por haber frenado la degradación forestal en el período 2014-2016, es otro aspecto a observar. “Las provincias son las principales interesadas en estos fondos. De hecho, están yendo a pedirlos por su cuenta a las COP [cumbres climáticas de la ONU]”, comenta Soneira.
La deforestación, de la cual el Gobierno dejó de ofrecer cifras oficiales desde hace dos años, sigue avanzando en el Gran Chaco, en menor medida en la selva paranaense de Misiones, y debido a los periódicos incendios estivales. Es un foco permanente de atención, aunque por el momento, y al menos hasta que no haya un avance concreto sobre la Ley de Bosques, no ocupa el centro de la escena.
Enero comenzó con la extensión de incendios en la Patagonia. El medio Chequeado informó que desde el lunes 5 de enero se desató un incendio forestal en las localidades de Epuyén y El Hoyo, Chubut, que arrasó viviendas y obligó a evacuar a cientos de personas. Se sumaban otros cuatro focos activos en esa región.
Los expertos locales en prevención de incendios ya alertaban en diciembre del riesgo, debido a la falta de nieve en invierno, la consecuente sequía y las altas temperaturas del verano.
Entre 2019 y 2024, en Chubut se quemaron 148 000 hectáreas, lo que ubica a la provincia en el noveno lugar del ranking nacional de superficie afectada por incendios, según datos del Servicio Nacional del Manejo del Fuego analizados por Chequeado.
El 95 % de los incendios son provocados por la acción humana, de acuerdo al organismo, cuyos efectos se agravan por factores naturales y el cambio climático.
4. Unirse, la fórmula elegida para afrontar el año
La lista de desafíos a la que se enfrenta el ambientalismo argentino en 2026 impacta por su frondosidad. Los interrogantes acerca de qué hacer y cómo hacerlo sobrevuelan el aire y en la mayoría de los casos hallan en la unión y la colaboración su punto de encuentro.
“El camino es la unidad de todos los que queremos un mundo distinto. Hay que armar un gran bloque con comunidades indígenas, asambleas ambientalistas y organizaciones sociales para defender el agua y el territorio. Estamos enfrentando un modelo político, económico y jurídico diseñado para los grandes bloques, y dentro de él nosotros somos el territorio de sacrificio”, propone y denuncia Hugo Aranea.
“Las organizaciones de la sociedad civil debemos actuar como una coalición donde todas aporten contenido técnico para alcanzar posiciones comunes, aunque después cada una implemente su forma particular de trabajo”, dice Jaramillo.
“Si hay menos recursos habrá que ver cómo seguir adelante trabajando de manera colaborativa. Compartir gastos para las salidas al campo, pensar en conseguir juntos fondos en el exterior o becas para los estudiantes. Y no perder energías en pleitos y discusiones improductivas. Hay que centrarse solo en lo que resulte efectivo”, sostiene Micaela Camino.
Argentina comienza un año que se prevé muy difícil, pero el movimiento ambiental está dispuesto a dar pelea. “Hay que sostener los debates y las agendas de interés público en los temas ambientales y de derechos humanos. No podemos dejar que las soluciones vengan a través de las buenas prácticas de sectores corporativos que gozan de mucha impunidad”, afirma Pía Marchegiani.
Este 2026 amanece turbulento en el sur de América, casi tan complejo como escalar el Everest por su pared más difícil.
(El Diario AR)
