Milagro Amalia Ángela Sala cumplirá el próximo viernes diez años de prisión: el 16 de enero de 2016, poco más de un mes después de la asunción de Gerardo Morales, la dirigente social de la organización Tupac Amaru fue apresada por participar de un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy. Desde entonces está detenida: condenada en 2023 en dos causas, cumple una pena unificada de 15 años que ratificó el año pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como ya cumplió dos tercios de su condena, está en condiciones de empezar a tramitar la libertad condicional, tal como lo estipula el artículo 13 del Código Penal.
Desde el 28 de diciembre último, Sala está internada en el Hospital San Roque de Gonnet, en La Plata, la ciudad en la que cumple prisión domiciliaria desde hace dos años. Ingresó de urgencia por “una descompensación generada por una acumulación de presiones, una desestabilización anímica muy fuerte por múltiples factores”, reconoció su médico personal, Jorge Rachid. El histórico dirigente peronista se refiere a “las amenazas que sufrió para desalojar la casa en donde residía pero, principalmente, por la persecución y acoso bestial que todavía perpetúa sobre ella la Justicia jujeña”.
Sobre este punto, Rachid amplió: “El viernes de la semana pasada fueron al Hospital un fiscal, un médico, un psicólogo y un trabajador social que viajaron de Jujuy para verla y tomarle declaración”. “Y el martes otro fiscal, de otra causa judicial, para intentar indagarla, sin tener jurisdicción y sin pedir autorización judicial a la Provincia”, denunció. Por orden de las autoridades del Hospital, Sala debe cumplir un tratamiento médico por tres semanas y, durante diez días, tuvo prohibidas las visitas.
La abogada Alejandra Cejas, del equipo jurídico que asiste a Sala, relató que el fiscal pidió el martes que se la ponga frente a una pantalla de celular para que participe de una audiencia virtual. “Quieren que Milagro se presente frente a una cámara, aunque sea con grilletes, tipo Hannibal Lecter”, graficó. El fiscal Diego Funes y el juez Rodolfo Fernández de Jujuy “pidieron que sea llevada por la fuerza para que escuche lo que tienen que decir, sin importar su salud o su vida. Es una aberración pocas veces vista. Brutal como todas las cuestiones judiciales de Jujuy”, manifestó.
“El escenario de persecución y hostigamiento construido por el Poder Ejecutivo provincial y las autoridades judiciales tuvo y tiene consecuencias graves para la salud y la integridad física de Milagro”, había alertado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Cejas destacó el rol de los organismos de derechos humanos para controlar al Estado “para el que cuerpo de Milagro no sea más vulnerado”. Mencionó también el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que monitorea desde hace años la causa y solicita informes periódicamente a la provincia de Jujuy, “que se niega a reconocer la validez de las normas internacionales”.
Rachid sumó dos cuestiones que, aseguró, dificultan la recuperación completa de la salud de Sala. Por un lado, un problema físico que la aqueja hace ya varios años y que generó la mudanza de su domiciliaria de Jujuy a La Plata, previa autorización judicial: una trombosis por la cual estuvo a punto de perder una pierna. “Por otro lado, ella atraviesa desde hace dos años un duelo por las muertes de Sergio, uno de sus hijos, y de Raúl Noro, su compañero de toda la vida, ocurridos con pocos meses de diferencia. De día intenta ponerse fuerte, pero de noche se la pasa llorando, se derrumba. Tiene una angustia muy grande”, reconoció su médico y amigo.
—¿No tiene esperanzas en que este año pueda obtener la libertad condicional?
—Sí, pero igual tiene miedo, siente la voracidad de la Justicia jujeña por mantenerla presa a toda costa –reconoció Rachid.
Sala fue condenada por dos causas. La primera, por amenazas telefónicas a una comisaría, en octubre de 2014. Un tribunal la había absuelto, pero la Cámara de Casación Penal revocó en 2019 esa decisión y la condenó a tres años y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo. Esa pena fue rebajada luego a dos años por la Suprema Corte de Justicia de Jujuy. En el segundo expediente, a Sala la acusaron de ser la jefa de una asociación ilícita que, entre 2013 y 2015, desvió fondos públicos para la construcción de viviendas sociales. Por esa causa fue condenada en 2019 a 13 años de prisión efectiva y, tres años después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el planteo de la defensa.
En 2023, el Tribunal en lo Criminal de Jujuy N°3 que la había sentenciado le impuso una pena única de 15 años de prisión. “Por la alta relevancia y sensibilidad para la sociedad de los hechos”, justificaron. Finalmente, en mayo de 2025, el máximo tribunal del país dejó firme esa unificación de penas.
El Código Penal determina que una persona condenada a más de tres años de prisión efectiva, y con los dos tercios de la pena cumplida, puede solicitar su libertad condicional. No es automático: los jueces analizan informes periciales que “pronostiquen en forma individualizada y favorable su reinserción social”, como establece el artículo 13.
De acuerdo a una cédula judicial de octubre último, el Juzgado de Ejecución de la Pena jujeño, a cargo de Salvador Gustavo Ortiz, aceptó rectificar la fecha oficial de la detención de Sala: 16 de enero de 2016. El tribunal corrigió así la fecha que figuraba antes, 28 de enero de ese mismo año. Pero además, la resolución explicita el calendario de cumplimiento de la condena a 15 años de Sala: “La libertad condicional podrá ser evaluada a partir del 16 de enero próximo, la libertad asistida desde el 16 de julio de 2030 y el cumplimiento total de la condena operará el 16 de enero de 2031”. El equipo jurídico de Sala no quiso adelantar si ya se encuentran trabajando en la obtención del beneficio.
Cejas hizo un balance sobre la década en prisión de Sala. Para la abogada, “los diez de años de Milagro detenida son los diez años de los radicales en Jujuy, la bandera que enarbolaron para erradicar derechos, generar desempleo, gestar la falta de acceso a la Justicia, el nepotismo, los negocios desde el Estado y todo lo que pueden tapar”. “Es la excusa que usan por haber construido una provincia con altos índices de corrupción, sin que los imputados políticos hayan cumplido cárcel. Milagro es la única con detención y condena efectiva. Por coya, mujer, irreverente y por desafiar a los negocios del poder”.
“El Estado incumplió en garantizar su integridad”
“Durante años, el Estado incumplió con las medidas cautelares de la CIDH que exigían garantizar la integridad de Milagro. La mantuvieron presa hasta que la Corte Interamericana ordenó que fuera puesta en prisión domiciliaria para proteger su integridad física y psicológica”, manifestó a PERFIL Diego Morales, director de litigio del CELS. Para el organismo, el hostigamiento y la criminalización no se detuvieron. Incluso, le impusieron medidas más restrictivas que a cualquier otra persona en prisión domiciliaria.
“El caso de Milagro Sala no tiene paralelo. Es la muestra clara de una Justicia provincial que busca condenar a una defensora de derechos humanos sin motivo y sin pruebas, sólo por ser opositora al gobierno de turno”, señaló Morales. Y concluyó: “También demuestra la posición del gobierno nacional actual que intenta levantar las medidas provisionales, incumpliendo sus compromisos internacionales”.
(Perfil)
