La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) celebró este miércoles la resolución emitida por el juez federal Sebastián Casanello, quien ordenó la inmediata restitución del directorio de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (Osprera).
Esta novedad, según el gremio, “pone fin a una intervención que duró más de un año y que fue marcada por graves irregularidades, denuncias y un claro atentado contra la autonomía sindical”.
La UATRE repasó además que la decisión de Casanello revierte la medida adoptada en octubre de 2024 por el juez Villena —actualmente bajo investigación por prevaricato— que desplazó al directorio legítimo, “en un contexto de manifiesta parcialidad e incompetencia territorial, tal como lo cuestionaron duramente los fiscales mediante recusación”.
“El fallo dejó sentado que la hipótesis original que dio origen a la intervención resulta hoy ‘prácticamente nula’, determinando que ‘no resulta necesario sostener el desplazamiento del directorio ni la intervención de la obra social’”, indicó el sindicato.
LAS DENUNCIAS DE LA UATRE CONTRA EL GOBIERNO
Cabe recordar que esta situación de Osprera ha disparado fuertes cruces entre el gremio que encabeza José Voytenco y las autoridades del Gobierno nacional.
Al respecto, la UATRE aseguró que, “durante estos 15 meses, el interventor designado por decreto del presidente Milei, Marcelo Petroni, fue objeto de múltiples denuncias”.
Entre las irregularidades más graves, el sindicato enumeró:
- Duplicación innecesaria de la estructura administrativa, con nombramientos de dirigentes derrotados en elecciones internas y sin experiencia en salud.
- Priorización de negocios espureos, con pagos de facturas sin prestación real.
- Reducción drástica del gasto en prestaciones médicas, lo que provocó interrupciones y cortes en la entrega de medicamentos ambulatorios, oncológicos y de alto costo.
En esa línea, la UATRE afirmó también que estas políticas tuvieron “consecuencias devastadoras” para miles de afiliados, como “agravamiento de patologías, empeoramiento de cuadros graves y, lamentablemente, pérdidas irreparables”.
Al respecto, la Unión de los trabajadores rurales mencionó que, hasta diciembre pasado, se registraron 476 acciones de amparo en la Justicia por falta de cobertura, muchas de ellas incumplidas, y tres causas penales por “abandono de persona seguido de muerte”.
Aquí se incluye el caso de José Alfredo Garavento, paciente oncológico fallecido en febrero de 2025 tras la interrupción de su tratamiento.
De esta manera, en definitiva, “hoy la Osprera retorna a la gestión de las autoridades elegidas legitimamente, tras más de un año de conflictividad institucional, judicial y perjuicios irreparables a los afiliados”, festejó la UATRE.
En este marco, el gremio dijo que “reafirma su compromiso irrestricto con la defensa de la libertad sindical, la transparencia y la prioridad absoluta en la salud y los derechos de los peones rurales y estibadores de todo el país”.
Y cerró: “La lucha continúa, no sabemos en qué estado será devuelta la Obra Social. No será fácil ni inmediato, pero desde UATRE trabajaremos por una obra social digna, autónoma y al servicio exclusivo de las familias rurales”.
