Agentes de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario protagonizaron una serie de manifestaciones en reclamo de mejoras salariales y condiciones de trabajo, tanto en la ciudad de Santa Fe como en Rosario. Las protestas derivaron en anuncios oficiales de sanciones disciplinarias y la apertura de investigaciones judiciales.
La movilización comenzó durante la noche del lunes, cuando efectivos —activos y retirados— se concentraron en las inmediaciones de la Casa de Gobierno provincial. En el lugar fueron apostados dos patrulleros, uno sobre San Jerónimo y otro en 3 de Febrero y San Martín. Los manifestantes pertenecen a la Brigada Motorizada y de Orden Público.
Durante la mañana del martes, el reclamo continuó frente a la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario, donde se registró la quema de cubiertas sobre avenida Ovidio Lagos. Ante esta situación, el Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) dispuso un corte total del tránsito en calle Gutiérrez, en ambos sentidos, y recomendó evitar la zona.
En paralelo, la fuerza realizó un procedimiento en Aborígenes al 6300, donde se concretó la detención de un menor de edad y la incautación de un arma de fuego.
Sanciones y advertencias oficiales
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que al menos 20 uniformados serán pasados a disponibilidad, con retiro del arma reglamentaria y del chaleco antibala. Desde la sede del Gobierno provincial, acompañado por los secretarios Omar Pereira (Seguridad Pública) y Esteban Santantino (Análisis y Gestión de la Información), aseguró que la gestión trabaja “para dar respuesta a las necesidades y problemas del personal”.
Sin embargo, el funcionario advirtió que durante la protesta se registraron acciones violentas y antijurídicas. “Se fueron montando determinados grupos que, a partir de intereses particulares, instigaron al personal policial y sembraron fake news”, afirmó.
Cococcioni también informó que se coordinó con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) una investigación por posibles ilícitos penales y señaló que, en un momento, se intentó impedir la salida de móviles para el patrullaje, con un estimado de 20 unidades paralizadas frente a la jefatura.
“El reclamo es válido, pero no negamos que falte mucho para el bienestar de las fuerzas. Lo que juzgamos legítimo en el fondo fue utilizado para otros fines que de legítimos tienen muy poco”, concluyó el ministro.
