El cobre tiene en Argentina reservas estimadas en 90-116 millones de toneladas y 18 proyectos en desarrollo, principalmente en San Juan, Salta y Mendoza, cuenta con la mayor inversión bajo RIGI (Filo del Sol en Vicuña), pero no termina de afianzarse en la gran minería nacional, ni le hace sombra a Chile, su principal exportador.
Entre los 18 proyectos de gran escala, se destacan José María, Los Azules, El Pachón, Taca Taca y MARA, según relevó la Agencia Noticias Argentinas
Se proyectan inversiones superiores a los 35.000 millones de dólares para los próximos años, que lo convertirían en el principal mineral de exportación, con despegue previsto entre 2026 y 2028.
El yacimiento de Filo del Sol en Vicuña (San Juan/Chile) se convirtió en uno de los hallazgos de cobre y oro más importantes de los últimos 30 años.
Con una inversión inicial de al menos US$2.000 millones bajo el RIGI, el proyecto impulsado por BHP y Lundin Mining podría demandar hasta US$15.000 millones y comenzar a exportar cobre, oro y plata a partir de 2030.
Argentina no produce cobre a escala industrial desde el cierre de Bajo de la Alumbrera en Catamarca, en 2018, pero concentra proyectos de clase mundial.
Los plazos mineros, la falta de infraestructura y la incertidumbre regulatoria explican por qué el potencial no se traduce en minas en operación.
Lógica de corto plazo
La minería de cobre no funciona con lógica de corto plazo.
Entre el descubrimiento de un yacimiento y la entrada en producción pueden transcurrir dos o tres décadas. Estudios geológicos, ingeniería, permisos ambientales, financiamiento y construcción conforman una secuencia larga y costosa.
Según un análisis de S&P Global, en países como Estados Unidos, uno de los mercados más desarrollados y con amplia data histórica, el desarrollo de una mina desde el descubrimiento hasta la producción puede tomar casi 29 años, con casos específicos que superan 35 años.
De manera similar, la International Energy Agency señala que el desarrollo tradicional de proyectos de minerales críticos suele llevar en promedio alrededor de 17 años desde el descubrimiento hasta la producción.
En proyectos de gran escala, la decisión de invertir no se basa únicamente en la calidad del yacimiento.
Las empresas evalúan si el país ofrece, o no, condiciones mínimas de soporte: redes ferroviarias, acceso a energía eléctrica, disponibilidad hídrica, rutas, puertos y logística integrada.
La infraestructura
En mercados competidores, buena parte de esa infraestructura es provista o facilitada por el Estado.
En Argentina, en cambio, esos costos suelen recaer directamente sobre los proyectos.
“Si una empresa enfrenta un proyecto de US$ 2.000 millones en Argentina y otro de igual magnitud en Chile, pero en el segundo caso ya existen rutas, puertos y acceso a energía, mientras que en el primero todo debe ser construido por el inversor, la comparación se vuelve evidente», es el ejemplo más contundente, que remite a la experiencia de Vaca Muerta.
Entre los factores regulatorios, la Ley de Glaciares aparece como un condicionante relevante para buena parte de los proyectos de cobre.
A diferencia de otros países con presencia de glaciares y actividad minera, el marco argentino establece una presunción de incompatibilidad automática en zonas periglaciares, lo que restringe el avance de proyectos incluso antes de una evaluación ambiental específica. (N/A)
