En las últimas horas, el presidente Javier Milei y el ministro de Salud Mario Lugones oficializaron, a través del Boletín Oficial, una profunda reestructuración del Ministerio de Salud, que impacta directamente en la administración del sistema y en la gestión del área de discapacidad.
La normativa establece una reorganización integral de los niveles operativos de la cartera sanitaria, al tiempo que dispone la centralización de la ejecución de políticas públicas vinculadas a la discapacidad. Esto incluye tanto la planificación estratégica como la implementación de programas y beneficios, además del otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez previstas en la legislación vigente.
En ese marco, el decreto firmado por Lugones aprueba un nuevo organigrama que introduce modificaciones en áreas administrativas, técnicas y sanitarias. Según se detalla, el objetivo es ordenar los circuitos internos, mejorar la articulación entre dependencias y optimizar la gestión de recursos humanos, tecnológicos, jurídicos e institucionales, en línea con la premisa oficial de lograr una “mayor eficiencia operativa” del Estado.
Entre los cambios más relevantes, se destaca la creación de nuevas dependencias específicas para el abordaje de la discapacidad, como la Dirección Nacional de Gestión y Asignación de Apoyos, la Dirección de Evaluación y Certificación de la Discapacidad y la Dirección de Regulación de Servicios, organismos que tendrán a su cargo tareas clave vinculadas al análisis y gestión de solicitudes.
Asimismo, en un contexto atravesado por reclamos de familiares de personas con discapacidad, el decreto incorpora la creación del Observatorio de Discapacidad, un espacio orientado a la producción, sistematización y análisis de información sobre el acceso a derechos, servicios y beneficios. Según el Gobierno, esta herramienta permitirá evaluar el impacto de las políticas públicas y aportar mayor trazabilidad en la gestión del área.
En paralelo, se avanza en la reorganización de las áreas con presencia territorial, que pasarán a intervenir en procesos clave como la evaluación de solicitudes, la determinación de beneficios y su seguimiento en distintas jurisdicciones. También se reordenan los sectores encargados de administrar las pensiones no contributivas, con foco en la estandarización de procedimientos y el control de expedientes para evitar irregularidades.
La reestructuración también implica la eliminación de diversas unidades existentes, entre ellas la Dirección Nacional de Sistemas de Información Sanitaria y varias coordinaciones que dependían de la ex Agencia Nacional de Discapacidad, además de cargos vinculados a auditorías internas. La medida apunta a reducir superposiciones y simplificar la estructura administrativa.
Finalmente, el decreto redefine las funciones de control bajo la órbita de la Sindicatura General de la Nación, a la que se le asignan nuevas competencias en materia de evaluación de riesgos, seguimiento de planes y supervisión de informes. Desde el Gobierno sostienen que estos cambios buscan fortalecer la transparencia, mejorar los mecanismos de fiscalización y garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos destinados al sistema de salud y discapacidad.
