Los dos estudiantes de Huanguelén que el pasado fin de semana se filmaron cuando mataban a patadas a un ejemplar de coipo (nutria) en las calles de Bahía sumaron nuevas complicaciones desde el punto de vista judicial.
Es que la fiscalía encontró una forma de agravar la imputación a Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, a quienes ayer les allanaron sus viviendas para el secuestro de los celulares.
Además de infracción a la ley de maltrato animal (Nº 14.346), y que prevé una pena de un año de prisión, los acusarán por violar la ley de conservación de fauna (22.421) -por el tipo de animal atacado-, que sube un año más la posible sanción.
Pero eso no es todo. Esta última normativa prevé la inhabilitación para su autor -una pena accesoria a la prisión que impide temporalmente al infractor ejercer actividades relacionadas con los animales silvestres- lo cual le impide al procesado obtener una suspensión de juicio a prueba (conocida como probation).
Quiere decir que, de concretarse la estrategia consensuada entre la fiscal Marina Lara, a cargo de la causa, y el secretario de la fiscalía general, Santiago Garrido, Bravo y Santerre no podrán evitar llegar a juicio.
Y más allá de que seguramente no recibirían una condena de prisión efectiva, sino que sería en suspenso, el hecho de llegar a juicio y ser sentenciados les podrá correr como un antecedente penal.
En cambio, quienes logran la suspensión de juicio a prueba, en caso de cumplir lo pautado por la Justicia (pagar su delito con dinero o hacer tareas comunitarias y cumplir determinadas reglas de conducta) quedan finalmente sobreseídos y, al extinguirse la acción penal, no se registran antecedentes.
«En el juicio seguramente podrían recibir una pena de prisión condicional, pero les va a quedar como antecedente», explicó Garrido.
El funcionario explicó que los teléfonos fueron secuestrados con el objetivo de obtener los videos originales de las escenas que trascendieron públicamente así como diálogos entre ellos y la posible intervención de alguna otra persona.
Se sabe que hay un tercer joven que habría retirado el cuerpo del coipo del lugar donde fue arrojado y que podría ser pasible del delito de encubrimiento. (La Nueva)
