Las cárceles federales cerraron el primer semestre de 2026 con una señal de alarma que vuelve a exponer los límites del sistema penitenciario. La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) informó que en junio había 12.319 personas alojadas en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), 153 más que al finalizar 2025. El crecimiento fue del 1,3%, pero alcanzó para profundizar una sobrepoblación que ya llega al 6,8%.
El dato implica que hay 785 detenidos por encima de las 11.534 plazas informadas oficialmente. El reporte fue elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la fiscalía especializada que conduce Alberto Adrián María Gentili y toma como base los registros mensuales del SPF. No incluye cárceles provinciales, institutos para menores ni dependencias de Gendarmería, Prefectura o Policía Federal.
El sistema ya supera su capacidad
La mayor parte del incremento fue absorbida por la Unidad 36 de Santa Fe, incorporada al sistema federal en diciembre de 2024, que sumó 115 internos durante el semestre. En sentido contrario, la Unidad 17 de Candelaria, en Misiones, redujo su población de 188 a 148 personas.
La composición procesal también mostró cambios. El 64,4% de la población —7.927 personas— tiene condena, mientras que el 35,6% —4.391— permanece encarcelado sin sentencia firme. Desde diciembre, la cantidad de condenados subió 3,2%, con 247 casos más, y los procesados bajaron 2,1%, con 94 menos.
El 51% de los detenidos está a disposición de la Justicia nacional, el 44% depende de la Justicia federal y el 5% restante corresponde a jurisdicciones provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires. La población vinculada a la Justicia nacional creció 5,5%. Sin embargo, el fuero federal concentra la mayor proporción de prisión preventiva: 40,3%, frente al 32,8% de la jurisdicción nacional.
Mujeres y jóvenes, los grupos que más crecieron
Las mujeres fueron el grupo con mayor aumento relativo: pasaron de 949 a 1.019, una suba del 7,4%. A ellas se suman 33 personas travesti-trans, por lo que ambos colectivos representan el 8,5% de la población total. Casi la mitad, el 49,4%, está detenida sin condena firme.
El informe registró además 11 mujeres embarazadas y 18 detenidas junto a sus hijos e hijas. Nueve de las embarazadas y 15 de las mujeres que conviven con sus hijos están alojadas en el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza; los restantes casos corresponden al complejo federal de Salta.
Entre los jóvenes de 18 a 21 años hubo otro salto: son 297, un 7,2% más que seis meses antes. Siete de cada diez no tienen condena firme y el 86,1% está a disposición de la Justicia nacional. Las personas extranjeras, en tanto, representan el 15,9% del total, con 1.962 detenidos y un crecimiento semestral del 1%.
El debate por la prisión preventiva y la agenda punitiva
Macarena Fernández Hofmann, coordinadora del equipo de Política Criminal y Violencia en el Encierro del CELS, advirtió en una entrevista reciente que la población penitenciaria argentina creció cerca de 40% durante la última década, sin una expansión equivalente de la infraestructura.
Según explicó, el resultado es más hacinamiento, menor acceso a salud y educación, y el uso de comisarías como lugares permanentes de detención.
El cuadro aparece mientras el Gobierno de Javier Milei profundiza una agenda penal más dura. La ley de reiterancia, vigente desde marzo de 2025, incorporó nuevos criterios para restringir excarcelaciones, y el nuevo Régimen Penal Juvenil, promulgado en marzo de 2026, fijó la imputabilidad desde los 14 años.
Aunque el aumento registrado por PROCUVIN no puede atribuirse de manera directa a esas reformas, especialistas en derechos humanos advierten que podrían sumar presión sobre estructuras ya desbordadas.
Fernández Hofmann también cuestionó que la respuesta estatal se limite a ampliar cupos: “Esto no se soluciona con más plazas. Cuantas más plazas hay, más personas detenidas va a haber y esas plazas se van a llenar”.
(Grupo La Provincia)
