En el marco de un clima atravesado por la recesión nacional y las urgencias políticas del año electoral que se avecina, el ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Pablo López, desplegó ante la Legislatura bonaerense la hoja de ruta financiera de la gestión provincial. El paquete compuesto por el Presupuesto 2027, la Ley Fiscal Impositiva y el proyecto de Financiamiento busca consolidarse como un escudo de contención económica ante el repliegue del Gobierno nacional, al tiempo que abre una compleja negociación parlamentaria para alcanzar las mayorías cualificadas de dos tercios en ambas Cámaras.

El desembarco del ministro en el Anexo de la Cámara de Diputados reunió a la conducción institucional encabezada por la vicegobernadora Verónica Magario, el vicepresidente de la Cámara Baja Alexis Guerrera y espadas legislativas como Juan Pablo De Jesús, Rubén Eslaiman y Mariano Cascallares. Sin embargo, más allá de los cuadros técnicos presentados ante los bloques, el verdadero mapa de la gestión provincial se deduce del cruce entre el proyecto oficial y los intercambios mantenidos por la cartera económica con la prensa periodística especializada.

El diagnóstico de recesión y el cuadro fiscal: $58,65 billones para resistir el ajuste

El marco macroeconómico trazado por el Ejecutivo provincial parte de un diagnóstico crítico sobre el desempeño nacional. Según se desprende del informe técnico presentado por Economía, la actividad económica nacional registra un desplome acumulado del 3,9% desde fines de 2025, una caída en el siglo XXI solo superada por la crisis de 2001 y la pandemia. Este proceso dejó un saldo de 370 mil puestos de trabajo registrados destruidos en el país y el cierre de 32.290 empresas empleadoras, de las cuales 9.151 pertenecían al territorio bonaerense (un 28% del total nacional).

En la Provincia, la actividad sin el sector agropecuario cayó un 6,9%, impulsada por desplomes en la industria (-12,1%), el comercio (-11,4%) y la construcción (-25,0%). Esta contracción impactó de lleno en los recursos tributarios: la recaudación real de Ingresos Brutos cayó un 8,4% y la coparticipación del IVA nacional se retrajo un 14,8%, generando una pérdida acumulada de recursos de origen nacional y provincial para la Provincia y sus 135 municipios de $10,4 billones en los últimos 35 meses ($8,7 billones correspondientes a la administración central y $1,7 billones a las arcas municipales).

Frente a este escenario, el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 proyecta un Gasto Total para la Administración Pública Provincial de $58,65 billones ($58.654.710 millones), frente a Recursos Totales estimados en $56,50 billones ($56.502.010 millones). El cuadro fiscal se articula en tres resultados fundamentales:

Resultado Económico (Cuenta Corriente): Alcanza un superávit de +$1,79 billones (+0,4% del Producto Bruto Geográfico – PBG), garantizando ahorro corriente para el financiamiento de obras públicas.
Resultado Primario: Muestra un déficit contenido en -$205.029 millones (-0,05% del PBG), logrando un virtual equilibrio primario entre ingresos totales y gastos operacionales.
Resultado Financiero: Arroja un déficit final de -$2,15 billones (-0,5% del PBG), que contempla las obligaciones del servicio de la deuda pública.

Para encuadrar las cifras, el Ejecutivo bonaerense adoptó por responsabilidad fiscal los parámetros fijados en el proyecto de Presupuesto Nacional: una inflación proyectada a diciembre de 2027 del 18,0% (con un promedio anual estimado del 21%) y un Tipo de Cambio Nominal de $1.848 por dólar sobre el cierre del ejercicio.

A raíz de la persistencia del deterioro económico, el proyecto ratifica en su Artículo 1° la prórroga de la Emergencia Económica para la administración provincial y los municipios. Según fuentes de la cartera económica, aunque jurídicamente la norma otorga facultades para contrataciones directas, la premisa de la gestión es acotar su uso a eventos climáticos severos o imprevistos de extrema gravedad.

Inversión pública y contención social: la distribución del gasto

Ante la parálisis de la obra pública nacional, la gestión de Axel Kicillof propone elevar la Inversión de Capital a $4,05 billones, equivalentes a cerca del 4% del PBG (superando los niveles inferiores al 3% ejecutados en 2026). La distribución de las partidas no salariales de infraestructura evidencia las prioridades estratégicas:

Vialidad y Conectividad: $729.449 millones destinados a obras de pavimentación, recualificación y mantenimiento en rutas provinciales.
Agua Potable, Drenajes y Saneamiento: $728.994 millones para infraestructura hídrica y de drenaje pluvial (incluidas obras en la cuenca del Río Luján).
Ecología y Saneamiento Ambiental: $496.929 millones.
Vivienda, Hábitat y Desarrollo Urbano: $459.939 millones, partida orientada a la reactivación de viviendas sociales frenadas por la Nación.
Seguridad e Infraestructura Policial: $365.968 millones para equipamiento y fortalecimiento logístico de la fuerza bonaerense.
Salud y Educación (Infraestructura): $115.403 millones.
Plan Penitenciario: $100.595 millones para la creación de nuevas alcaidías y módulos carcelarios.

En el área asistencial y de contención sanitaria, el presupuesto contempla asignaciones específicas para sectores vulnerables:

Servicio Alimentario Escolar (SAE): $901.575 millones para garantizar la cobertura alimentaria de 2,6 millones de niños, niñas y adolescentes.
Políticas Alimentarias Directas: $558.658 millones en compra de alimentos frescos y secos.
Insumos Sanitarios y Medicamentos: $694.553 millones destinados al abastecimiento de la red hospitalaria provincial.
Protección de la Niñez: $270.160 millones asignados a programas del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.

En términos funcionales, las grandes áreas del presupuesto no salarial absorben asignaciones globales de peso: Promoción y Asistencia Social dispondrá de $2,32 billones; Salud contará con $2,26 billones; Seguridad y Servicio Penitenciario alcanzará $1,98 billones; y Educación sumará $1,93 billones.

La letra chica financiera y el mercado de deuda

Uno de los ejes más sensibles del paquete normativo es la Ley de Financiamiento, a través de la cual el Gobierno provincial solicita autorización para contraer deuda por un monto equivalente a USD 1.000 millones y busca elevar el programa de Letras de Tesorería de USD 250 a USD 400 millones. En ese sentido, funcionarios de la cartera de Economía detallaron la lógica financiera detrás de la solicitud:

El rollover de vencimientos y el mercado bloqueado

Durante el ejercicio 2026, la virtual parálisis del mercado internacional de bonos para emisores subnacionales impidió colocar deuda de largo plazo en condiciones razonables. Como resultado, de la autorización por USD 3.000 millones aprobada el año pasado, quedará un remanente no utilizado superior a los USD 1.000 millones al cierre del año.

Por este motivo, desde el equipo de Pablo López aclararon que el pedido actual de USD 1.000 millones actúa como una autorización “complementaria”. El objetivo central es asegurar el rollover de los vencimientos de bonos externos de 2027, que ascienden a USD 840–850 millones, distribuidos en dos cuotas semestrales de USD 400 millones a abonar el 1° de marzo y el 1° de septiembre.

En cuanto a la deuda total provincial, desde Economía precisaron que el stock de capital se mantiene entre los USD 11.000 y USD 12.000 millones. No obstante, remarcaron una mutación en su composición: la participación de los bonistas internacionales cayó del 68% en 2019 al 54% proyectado para 2026, cediendo espacio ante los créditos multilaterales (18%) y la deuda en moneda local (27%).

Multilaterales y liquidez de corto plazo

Las fuentes aclararon que los préstamos de organismos multilaterales (BID, Banco Mundial y CAF) no requieren nueva aprobación parlamentaria, ya que corresponden a contratos previamente ratificados. La Provincia mantiene un ritmo de ejecución de USD 300 a USD 400 millones anuales en desembolsos asociados a proyectos de infraestructura específicos.

En paralelo, la ampliación del cupo de Letras de Tesorería a USD 400 millones busca otorgar una herramienta de manejo de liquidez en pesos para administrar los flujos de caja frente a la volatilidad del mercado financiero local.

El Fondo de $1 billón y el reclamo a Nación

El presupuesto vuelve a incorporar un Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional por $1 billón, cifra destinada a reflejar los reclamos planteados ante la Corte Suprema por un total acumulado de $20,7 billones (que abarcan deudas por obras públicas cortadas, transferencias a la caja previsional del IPS, el FONID y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal).

Sin embargo, en la intimidad del Ministerio admiten el escenario real: en todo 2026 el ingreso por estos reclamos fue igual a cero. La inclusión de la partida responde a un criterio de “prudencia presupuestaria” para contar con la partida aprobada si un fallo judicial o un acuerdo político destraba los fondos. “Si el dinero de Nación no entra, la partida sencillamente no se ejecuta”, sintetizaron.

El guiño a los Intendentes y la rosca parlamentaria

La aprobación de la Ley de Financiamiento requiere mayorías calificadas de dos tercios en ambas Cámaras (61 votos en Diputados y 30 en el Senado, donde el bloque oficialista cuenta con 24 bancas propias y disputas internas sin resolver).

Para asegurar los votos de la oposición y comprometer a los jefes territoriales, el Ejecutivo reeditó su principal incentivo político: la creación del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad, equivalente al 8% de las operaciones de endeudamiento que efectivamente se ejecuten.

Desde el Ministerio de Economía remarcaron que el fondo responde a una demanda transversal de intendentes oficialistas y opositores. La arquitectura de la negociación traslada la presión a los municipios: la transferencia de recursos para patrulleros y equipamiento local queda supeditada a que la oposición acompañe el pedido de financiamiento en el recinto.

Ley Impositiva, empleo público y la postura de la oposición

La Ley Impositiva 2027 mantiene el compromiso de no incrementar la presión tributaria en términos reales:

Ingresos Brutos: No se modifican las alícuotas vigentes y se actualizan los topes de facturación anual para que las MiPyMEs continúen accediendo a alícuotas reducidas sin perder el beneficio por inflación.
Impuestos Patrimoniales: En el Inmobiliario y Automotor se preserva el valor real del impuesto. En Patentes se consolida la estructura simplificada de cuatro tramos y se sostiene el cobro mensualizado en diez cuotas.
Impuesto de Sellos: Se conserva sin cambios la alícuota y la estructura del tributo.

En el plano laboral, la masa salarial (que junto con los haberes previsionales del IPS representa cerca del 65% del presupuesto provincial) acompañará las variaciones que se acuerden en las paritarias sectoriales. En Economía indicaron que la creación de nuevos cargos será “estrictamente austera” y se limitará al alta de agentes para las nuevas unidades del Servicio Penitenciario y el fortalecimiento de la atención médica hospitalaria.

Con los números presentados y las posturas delineadas, la Legislatura bonaerense da inicio a una pulseada decisiva para la gobernabilidad del último año de mandato de Axel Kicillof y el armado político de cara al 2027.

(Infocielo)